Por Gabriela Cultelli (*)
“Si se pudo” fue la consigna en las calles de la ciudad de Panamá y a lo largo del país hermano, cuando la decisión jurídica declaró inconstitucional el contrato con la filial minera canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Movilizaciones gigantescas, vías y carreteras cerradas por el pueblo durante semanas trajo de la mano el resultado mencionado que fue un triunfo para toda la América Latina y el mundo, por la importancia ambiental de ese corredor natural.
Así fue como las redes hablaban de celebración de la independencia de Canadá como una vez fue de España, pues la empresa Minera Panamá es un 90% capital de la minera canadiense. El mismo día en que se cumplían los 202 años de la independencia de España, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunciaba el fallo que declaraba inconstitucional la Ley 406 del 20/10/2023 por la cual se aprobó el contrato que le permitía a la trasnacional extraer cobre por 20 años con opción a 20 más.
El contrato expuesto se había aprobado por el Consejo de ministros (de Gabinete según se le llama en Panamá) el 10 de octubre y el 16 pasó a la Asamblea Nacional para ser aprobado con inmediatez el 20 del mismo mes. Todo muy rápido, muy apurado, pero el pueblo reaccionó y se generó una de las mayores crisis, al menos, de los últimos 30 años, según hemos venido informando en este mismo medio.
“Los grupos indígenas abandonaron las calles en la provincia de Chiriquí y se colocaban en las aceras. Las imágenes de los camiones de carga circulando libremente en el Occidente panameño eran un símbolo del regreso a la normalidad del país, después de más de mes en una profunda crisis social” dice el medio informativo “Question digital” (5/12/2023 “Triunfo popular en Panamá: declaran inconstitucional el contrato de la minera” por Victoria Korn).
La cuestión tiene historia y más que insistencia parece acoso, pues en diciembre del 2017 ya la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña había decretado inconstitucional el primer intento de privatización realizado por una ley que en febrero de 1997 había aprobado un contrato similar con la empresa Minera Petaquilla que finalmente quedó en manos de Minera Panamá.
Así fue como, independientemente que ni siquiera se ajustó al mecanismo concursal de selección por licitación pública, y dadas las conclusiones llegadas en 2017, la nueva intentona fue considerada como una afrenta a la separación de poderes. El mismo medio ultima (“Question digital” 5/12/2023):
“Otra conclusión a la que llegaron es que constituía una afrenta a la separación de poderes que después una declaratoria de inconstitucionalidad de la CSJ en 2017, se haya negociado un contrato incurriendo en los mismos errores. El contrato – según los jueces – tampoco cumplió con los requisitos prescritos en la ley general de ambiente por tanto riñe con el Artículo 257 de la Constitución Política de la República de Panamá.
Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no le quedó duda que el contrato Ley 406, que permitía explorar y explotar la mina Cobre Panamá, es un conflicto constitucional considerando primero que atenta contra los derechos fundamentales de la vida, la salud y de un ambiente sano, que esté libre de contaminación, de la población panameña”.
Fueron un total de 10 las demandas de inconstitucionalidad que acompañaron a un pueblo en las calles. Por razones de economía procesal, la CSJ debatió las dos primeras.
No fue una lucha fácil. Téngase presente que la extracción de cobre se haría en una zona de 12.955 hectáreas ubicadas en el Corredor Biológico Mesoamericano, vínculo natural entre América del Norte y América del Sur, afectando alrededor del 10% de las especies conocidas mundialmente. Súmese que la empresa minera administraría el agua, en una zona que ya sufre sequias. Desde ya se denuncia que “Vistas aéreas han mostrado una enorme área que en el pasado era boscosa y hoy está arrasada y excavada” (www.vozdeamerica.com 27/11/2023).
La resistencia popular al fin victoriosa, se dio casi al término del gobierno de Cobrizo (Las elecciones en Panamá serán en mayo del 2024) y con un costo de más de 1000 personas detenidas. Nuevamente, y desde Mate Amargo, nos solidarizamos, saludamos al pueblo panameño por su victoria, y agradecemos su lucha, porque peleando se puede.
(*) Gabriela Cultelli, Licenciada en Economía Política (Universidad de La Habana), Mag. en Historia Económica (UdelaR), escritora, columnista y co- Directora de Mate Amargo. Coordinadora del Capitulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH)
