Por Darío Rodríguez(*)
En estos tres años de gestión que lleva Nicolás Javier Olivera en Paysandú, hay un notorio déficit en materia de ordenamiento territorial y en apoyatura al movimiento cooperativo; generador de ciudad y ciudadanía. Hoy se sabe que la transformación del Vertedero es una verdadera estafa a la gente. Consecuentemente, los enfoques están en otros lados.
En una interesante nota institucional al intendente, por lo que dice y por lo que omite, aparecida en el diario local el pasado domingo 26 de noviembre, encontramos algunas pistas sobre lo realizado y lo que se pretende hacer.
Pasado un tiempo prudencial, el intendente entiende del caso informar que, fruto del Master Plan confeccionado por Office Metropolitan Architecture (OMA) que costó 1.3 millones de dólares, cerrará su gestión encaminando algunas obras desprendidas de dicha iniciativa. En concreto, se piensa extender Paseo Costero, intervenir en la faja del rio entre Estafanell y Av de las Américas y licitar la obra para erigir hogar Estudiantil. Lo demás: valoraciones y anuncios.
Aunque pueda ser algo fuera del radar de la gente, la ciudad de Paysandú tiene un Plan de Ordenamiento Territorial que impone estudios concretos para intervenir en zona costera, -con ciertas fragilidades-, define uso de esos suelos y su ecosistema, cuenta con un mapa de riesgo de inundabilidad y determina consulta ciudadana; de verdad, no simulacros. Algo con lo cual la Intendencia no es muy afecta.
Mostrar alguna cosa
En lo que parece ser un acto de fe, Olivera expresó al matutino, que el levantamiento del Hogar Estudiantil, -una decisión a la que hay que elogiar pues se vincula con el desarrollo de la nueva sede universitaria, aunque anclará en zona inundable-, “estará en la cota 10, por lo que no se va a inundar”. Una apreciación sobre la cual no presentó ningún estudio y se parece más a un capricho en la creencia que la buena iniciativa permite soslayar en donde se construirá. Las advertencias están planteadas. Con cierta habilidad comentó que, si “en determinadas zonas no se va a hacer nada porque alguna vez se inunde, no debería funcionar nada. Nos privamos de hacer algo que durante el 90-95% del tiempo estará utilizable”. La respuesta la encuentra en el Plan de Ordenamiento.
En la doble página que destinó el diario local, Olivera -sin mencionar antecedentes-, subraya que la construcción del Campus universitario en el Ex Corralón será “la mayor conquista que Paysandú (tendrá) en las últimas décadas”. Más allá de vaivenes y de cierta deserción del gobierno nacional que no aportó todos los recursos, se puede acompañar la idea que es una de las mayores conquistas. La misma, es bueno poner todo arriba de la mesa, sin negar aportes de la Intendencia, se explica en decisiones universitarias, apoyos de la comunidad, gobiernos anteriores y todos los partidos políticos. Por suerte, la criatura tiene varios padres.
Ninguneo a la ex Paylana
La flaqueza en políticas habitacionales que atiende a los sectores de la población más vulnerables y en zonas inundables no es decisión exclusiva de la administración departamental, no obstante tener su cuota parte de responsabilidad.
En el virtuoso proyecto en la ex Paylana, que Olivera se salta a la torera y nada se pregunta, está una de las claves de la ciudad inclusiva, democrática.
El intendente incumple, sin mayores consecuencias, con el decreto de la Junta Departamental 7760/2018 que da marco a ese emblemático proyecto urbano; otra de las conquistas más significativa de los últimos años.
La relevancia del proyecto tiene asiento en el uso diverso del suelo servido, incorporación, vía las cooperativas, de sectores con precariedad habitacional y emplazados en territorios periféricos lejos de las centralidades con infraestructuras y servicios. Tiene el ingrediente adicional de densificar la ciudad, evitando la extensión de la mancha urbana tras empuje de especuladores y fraccionadores de todos los pelos. Política que solo sirve a esos intereses.
Por iniciativa de las cooperativas y sus Federaciones, inicialmente se pudo montar una bipartita, con funcionamiento mensual, compartida entre la administración y los colectivos involucrados. Eso hoy es asunto del pasado. El decreto mencionado preveía una articulación a la interna de la Intendencia y luego con los actores implicados. La bipartita sirvió para intercambiar información, resolver cuestiones puntuales, siendo lo más relevante la construcción, con recursos del MVOT, de la subestación de UTE.
Se fue al mazo
El proyecto en la ex Paylana está en proceso. De 8 cooperativas, una ya está habitada (Coviappay, 34 familias), cuatro están en construcción (Covilan 50, Covisinpay, Coviapp y Coovije 2017) y tres esperan escriturar el año próximo. Más acá en el tiempo, se inició la construcción del edificio para jubilados y recientemente el CAIF. Además de las readecuaciones de los espacios por Av Salto, donde conviven UTEC, un emprendimiento privado y oficinas de la Intendencia.
Como la Intendencia dejó morir de inanición a la bipartita, las cooperativas solicitaron una entrevista con el intendente. El funcionario recibió a las delegaciones que incluía presencia de FUCVAM el pasado 16 de mayo.
La reunión fue, de acuerdo al balance que hacen los participantes, paupérrima. Las cooperativas presentaron demandas específicas y reclamaron, como no podía ser de otra manera, el cumplimiento del decreto. En presencia de varios directores, entre ellos el de Obras, Horacio Mársico, de Aseo Público, Carlos Batista y de Tránsito, Braulio Álvarez, el intendente, lejos de responder la solicitud interpeló a la delegación. Tuvo un tratamiento desdoroso. “Fue una falta de respeto” dijo uno de los delegados.
Cuando las 5 cooperativas que ya escrituraron firmaron el préstamo, transfirieron a la Intendencia cada una de ellas, aproximadamente, 4 mil UR. Entre todas las que ya construyen unas 20 mil UR.
El funcionario, obviando que en la paga estaba incluido el proyecto urbano, cuya ejecución es responsabilidad de la Intendencia, planteó que los propietarios de La Tahona se mudaron sin los servicios. ¡Mi abuela tenía un biombo!
El flaco resultado fue el compromiso de desratizar la zona de Coviappay, cuestión que incumplió y colocar una volqueta más; cosa que cumplió.
Como no tienen interés en ejecutar el proyecto, tampoco le preocupa rediseñar el flujo automotor en la zona que tiene varios centros educativos, con mucha circulación en horarios picos. Un caos. Agréguese que cuando estén habitadas, solamente los 8 edificios cooperativos habrá unas 1.200 personas más y decenas de motos y automóviles circulando.
Con este aciago panorama, las cooperativas evalúan generar algunas otras instancias. Es útil precisar que el decreto 7760/2018 establece la etapabilidad en la ejecución del proyecto y que la responsabilidad de la actividad urbanística corresponde a la Intendencia. Además, con la paga que hacen las cooperativas se creó un Fondo de Gestión Territorial cuyo destino debe ser revertido en el mismo proyecto. Es un enigma el destino de esos recursos y su utilización.
Parecería guardar cierta sensatez incorporar, tras confeccionar el reclamado plan de obras, la figura de un supervisor con amplias potestades y cierta capacidad resolutivo. Por ejemplo, al fideicomiso Paysandú II, tras llamado realizado, incorporó a la arquitecta Carla Arcieri, familiar del delegado en Salto Grande, Daniel Arcieri..
Así las cosas, el pasado 25 de setiembre, ediles del FA remitieron un pedido de informe a la Intendencia; veremos qué suerte corre. Existe la peculiaridad que a esta administración le cuesta “un Perú” responder pedidos de informes; herramienta sustancial de control democrático de la gestión.
Este intendente que trató con cierto desdén a las cooperativas, no siempre actúa así. Más allá de estar en notorio incumplimiento fue duro con los de abajo y lábil con otros sectores. Aunque la memoria es frágil muchas recuerdan que en mayo del año pasado (22) cuando camiones salieron de campos forestados, en esos días de intensas lluvias, rompiendo caminos, acusó a la multinacional Montes del Plata de “criminal”; recibiendo sus dichos amplia cobertura. El episodio detonó cuando un camión quedó atravesado, cortando camino e impidiendo salida a la ruta de los vecinos de Pueblo Ceballos. Habló de intencionalidad de la empresa. Su notorio enojo parecía empalmar con la gente.
Entrevistado por el matutino cabildante, La Mañana, cuando se le preguntó, -más allá de haber usado diversidad de adjetivos-, que haría, sostuvo: “nosotros comenzamos un proceso el año pasado para fijar un precio por el uso de la caminería rural. Estamos yendo a la yugular de estos señores. Ustedes no saben el estado de ánimo de la empresa cuando tomamos esta decisión. En todo momento nos recordaban todo lo que habían hecho, pero en contrapartida nos encontramos con esta acción”. Pasó un año y medio y la sociedad espera la propuesta. Curiosamente, los camioneros salieron a confrontar e incluso, se llegó a manejar que tomarían medidas de fuerza ya que pensaban que el canon incidiría en sus costos. Luego de la bravucona, el intendente se fue al mazo.
A las cooperativas les queda el recurso de seguir reclamando la implementación del proyecto urbano; proyecto que financian haciendo enormes y permanentes sacrificios. No piden ningún regalo, ni privilegio. Parece mezquino incumplir por ser un proyecto que viene de la administración anterior. La movilización es un dispositivo a la mano.
Seguramente una oposición que defendiera con ahincó sus logros y más cohesionada, podría incidir para que el intendente Olivera no violente un decreto departamental. La decisión sobre cuestiones de obra, como dijo en cierta ocasión ante la Junta Departamental el director de Obra, “es del intendente Nicolás Olivera”. Habrá que arrancarle la decisión.
(*) Darío Rodriguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat.
