Clamor popular en Río Negro ante multas de tránsito

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Carlos Laborde (*)

 Uruguay, país con 19 departamentos, 19 Juntas Departamentales, 19 Intendencias, algunos cientos de Alcaldías. Cientos de Direcciones de diversa naturaleza, con un mayor número de secretarias adjuntas a Direcciones, en fin, un entramado importante de “gobernanzas”. De tal forma que, una visión un tanto legalista podría hacer suponer que existe un alto y muy alto nivel de descentralización, en lo que refiere a los asuntos que hacen a los Gobiernos Departamentales.

 Pues bien, sin embargo y en la materia que hoy nos ocupa: control de tránsito, fiscalización, multas, radares, fotomultas, etc, dependen en general -tanto en su origen como en su filosofía (si cabe el término), en su concreción, fiscalización, etc- de organismos que están por encima de esa autonomía

Departamental, me refiero entre otros al Congreso de Intendentes y al SUCIVE. 

 No me voy a referir en este espacio al sentido o la necesidad de su creación, o a los sinnúmeros de argumentos en favor de los mismos. Es decir, no pretendo hacer juicios acerca de la existencia de los mismos, sino tan solo poner en valor preceptos constitucionales tales como el Art 297 de la carta magna en los que se detallan los recursos Dptales y las formas de su administración.

 Creo de rigor hacer esta apreciación, que supongo válida, en virtud de lo que está aconteciendo en el Dpto de Río Negro. 

 El actual Intendente: Omar Lafluf y el Secretario General: Jorge Gallo, en JUNIO DE 2022 firmaron un contrato con una empresa extranjera, con domicilio fiscal en la ciudad de Montevideo, a los efectos de realizar suministro, instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de control y fiscalización vial para el Dpto de Río Negro.

 En apariencia los instrumentos de fiscalización habrían sido valorados por el LATU, ese control realizado en algún momento de su instalación ha provocado toda clase de desajustes en lo que refiere a lo que los instrumentos marcan y la realidad mostrada por los propietarios y/o ocupantes de los mismos (velocidades de 130 Km en calles de la ciudad). Altas velocidades en motos que, de forma simultánea, pasan con automóviles ante la pantalla de los radares y las velocidades que toman los instrumentos son- -en la mayoría de los casos las del vehículo que pasa a mayor velocidad (moto). Multas por pisar una linea blanca marcada en los semáforos, en fin, mil y una realidades que parecen virtuales y que son sostenidas temerariamente por el intendente de turno y su equipo.

 Más allá de toda forma de expresión ciudadana de buscar alguna forma de desestimar y en consecuencia rescindir un contrato de licitación abreviada que ha firmado este gobierno Dptal, y por el cual se obliga a pagar un canon a la empresa contratante TESLIGHTS INTERNACIONAL S.A. del 50 % del producto de las multas, dejando en estado de total indefensión al ciudadano, ya que las notificaciones no son personales, son vía SUCIVE y posteriormente elevadas las mismas al IMPO. Multas de las que el contribuyente no se entera ya que algunas han sido producidas tres o cuatro meses antes y las notificaciones son muy posteriores; en fin las arbitrariedades son numerosas y de diversos orígenes, las autoridades de turno se han caracterizado por la defensa a ultranza de un sistema a todas luces arbitrario, sustentado en supuestas intervenciones del LATU. 

 Se han generado incluso situaciones en que el total de multas iguala o supera el valor de mercado de muchos de los vehículos multados, en consecuencia un sistema que a todas luces se inició con un fin meramente recaudatorio, ha pasado a ser en muchos casos confiscatorio. 

 A manera de valoración, vamos asistiendo a que el “SISTEMA” va diluyendo la interacción del vecino con quienes son tomadores de decisiones. Un mundo y un sistema que avasalla, y sin embargo suponemos que la descentralización es el fruto del aumento de instituciones.

 Creo que debemos realizar una profunda revisión de lo que se ha creado institucionalmente y pensar que los sistemas no son inmutables. 

 Analizar los mismos debe ser sinónimo de cambios profundos. Rever ya los criterios sancionatorios del SUCIVE .

(*) Carlos Laborde es Docente, ex candidato a Diputado por el Partido Nacional en Fray Bentos, ex miembro de la Convención Nacional del Partido Nacional, ex integrante del Partido Nacional en Fray Bentos

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