Por Colectivo Histórico “Las Chirusas”(*)
En abril de 1813, del 5 al 20, se llevaba a cabo el Congreso de Tres Cruces, también conocido como el “Congreso de abril”. Se reunieron en asamblea los vecinos de la campaña, los habitantes de las afueras y los emigrados de Montevideo por su adhesión al sistema americano.
La última sesión, el día 20 de abril, se resolvió la creación de un gobierno municipal. El éxodo (1811-1812) había traído como consecuencia el despoblamiento, el empobrecimiento económico y el abandono de las fuentes de trabajo. Además, los enfrentamientos militares persistían y el ejército no se podía abocar a los asuntos económicos o a la reorganización social.
El Congreso de Abril le aseguró al Pueblo Oriental su libertad, su independencia y su soberanía. Al igual que su disposición a pactar, en un plano de igualdad con los demás pueblos, sobre los principios y garantías que expresamente se formularían en una Constitución. Así encontramos a la Provincia en posesión de su autonomía, con su ejército organizado, bajo la supremacía del primer Gobierno patrio nombrado el 20 de abril e instalado el 5 de mayo de 1813.
En la clausura del Congreso, y después de oír las palabras de Artigas que indicaba la aparición de desórdenes, abusos y excesos que se notaban en la campaña y que iban en detrimento de la tranquilidad pública, la Asamblea designó a las autoridades ejecutivas y judiciales de la Provincia. Podemos entenderlo como el primer ensayo de un gobierno institucionalmente organizado.
Así nacía el Gobierno económico de Canelones, asentado en la Villa “Nuestra Señora de Guadalupe de los Canelones”, lejos de un Montevideo que resistía la figura del Caudillo y lejos también de las batallas que seguían librándose en la búsqueda de una Provincia Oriental independiente de la conducción porteña.
Momento y lugar indicado
Con la designación de José Artigas como Presidente y Gobernador Militar, e integrado por personalidades revolucionarias relevantes, este cuerpo judicial y político se dedicará a resolver la administración de justicia y la economía del país, así como apoyar con pertrechos al ejército sitiador de Montevideo. Y para ello había que encontrar un lugar cercano, por eso se instalará en la Villa Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Canelones.
De esta forma la Provincia Oriental ejercía su libertad e independencia, definiendo así su posición política. Los presentes juran que la provincia debe ser un Estado libre, soberano e independiente, debiendo reprobar toda adhesión, sujeción y obediencia al Rey, a cualquier figura del Gobierno español como a cualquier otro extranjero.
Los “…desórdenes, abusos y excesos que en ella (la campaña) se notaban con grave detrimento de la tranquilidad pública y equidad social…”(1), una campaña cansada de la guerra, desposeída de sus riquezas fruto de los saqueos y arreadas de ganado por parte de Portugal, el robo, el contrabando y la inseguridad, hacían de éste, el momento más oportuno para la creación de un gobierno económico de la Provincia Oriental.
Este organismo municipal tomó como modelo una institución de la administración colonial y si bien puede parecer contradictorio, “el Cabildo era el que más se ajustaba a nuestra realidad regional y del ‘pago chico’”(2). Los cabildos se alzan -y se justifican– en los pedidos e inquietudes populares, es donde los vecinos encuentran el espacio de representación. Por eso la idea de un Gobierno Provincial a imagen y semejanza de los Cabildos Populares.
Manos a la obra
Tendría como función administrar justicia y recomponer la economía al interior del país, para ello implementaría cabildos y jueces a través del voto popular que ayudarían a la organización político- administrativa.
Se buscaba la gratuidad de la administración de justicia y su desprendimiento de las competencias entre el fuero civil y militar, el abastecimiento de los ejércitos, la recaudación de tributos, el estímulo a la agricultura y recuperación de la ganadería para servir al bien de la provincia.
Sin duda que la preocupación mayor fue atender los asuntos económicos, preferentemente los referidos al medio rural y a la administración de los bienes.
Entre las diversas medidas cabe mencionar un “inventario de los bienes de los emigrados, los que deberían quedar embargados en personas de ‘abono y confianza’, con lo que se procuraba restablecer la explotación de bienes abandonados”(3) para recuperar la economía provincial, ordenando que se cobraran alquileres en las fincas de los emigrados. El destino de ese dinero sería el Fisco y solo se grabaría a las familias pudientes.
Artigas, al momento de formular sus conceptos sobre la propiedad, tuvo a su alcance los modelos de la Revolución francesa y de la Constitución federal norteamericana. Pero su concepción trascendió la acción individual, considerando la propiedad en su función social, hecho por demás inédito para la historia de las ideas sociales en América: “la propiedad privada es determinada por las necesidades del movimiento emancipador, como forma de asegurar el triunfo definitivo de la causa americana”(4)
Artigas en su afán de incentivar la producción agrícola, “ordenó a los Cabildos proporcionaran toda clase de auxilios a los productores para sus sementeras y plantíos, pero conminando, también, a los remisos para que se aplicaran a la labranza.”(5) Y el 30 de octubre de 1815 se presentaba el “Proyecto de Agricultura para la Villa de Guadalupe”, en un intento de “…impedir la sangría que para la economía local significaba la compra en el exterior de los productos agrícolas”.(6)
Y para recuperar los rodeos diezmados, propuso “medidas de defensa de vientres vacunos y eliminación de matanzas indiscriminadas”(7) de hembras y terneros. Así como también prohibió la exportación de ganado en pie a Brasil y dispuso medidas para evitar cualquier tipo de contrabando, para impedir que el fruto de las haciendas de campo fuera extraído fuera de la Provincia y en detrimento de la Nación.
Fue posible, ¿será posible?
Quizás la propuesta más ambiciosa fue la de un proyecto de constitución territorial para el cuerpo político de la “Provincia oriental del Uruguay”, libre, soberana e independiente. Para ello implementaría cabildos y jueces a través del voto popular que ayudarían a la organización político- administrativa.
El breve lapso de actuación del Gobierno Económico, pues éste cesó al instalarse nuevas autoridades por el Congreso de Capilla Maciel, en diciembre de 1813, abarcó la administración de justicia, el abastecimiento de los ejércitos, la recaudaciones de los tributos, los problemas de la producción agrícola y la recuperación de la ganadería, la administración de los bienes de los emigrados y su puesta en marcha para servir al bien de la Provincia.
Eran otros tiempos, claramente, pero al igual que hoy existían imperios, intereses, malos europeos y peores americanos. La puntería estaba clara y a los comerciantes, barraqueros, navieros, saladeristas, que se oponían al ideario de justicia artiguista…no se los trataba como “el sector productivo nacional”
Separar la paja del trigo o los bagres de las tarariras (como le gusta decir al Bonaparte que nos tocó por padrón) sería otro que auspicioso comienzo, pero últimamente noviembre entrevera.
(*) Colectivo Histórico «Las Chirusas» está constituido por estudiantes y docentes, investigadores/as de historia.
NOTAS
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Reyes Abadie, Washington; Bruschera, Oscar H.; Melogno, Tabaré. El ciclo artiguista. Tomo 2; Universidad de la República, departamento de publicaciones; Montevideo; 1969; Pág. 129
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Coordinador Histórico. Vigencia del Artiguismo. Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Montevideo; 2007; Pág. 8
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Reyes Abadie, Washington; Bruschera, Oscar H.; Melogno, Tabaré. El ciclo artiguista. Tomo I. Editorial Margarita Silberberg 2da edición. Montevideo, 1971. Pág. 399
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Zubillaga, Carlos. Artigas y los derechos humanos. Comité Central Israelita del Uruguay, Comisión de Prensa y Difusión; Montevideo; 1966; Pág. 113
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Reyes Abadie, Washington; Bruschera, Oscar H.; Melogno, Tabaré. El ciclo artiguista. Tomo I. Op Cit.; Pág. 399
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José Pedro Barran y Benjamín Nahum. Bases económicas de la Revolución artiguista. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo, 1972. Pág. 130.
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IDEM; Pág. 147