PANORAMA FISCAL COMPLICADO

Por economiapolitica.uy *

Hector Tajam **

Dibujo Prof. Adán Iglesias Toledo ***

La Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL) en su más reciente publicación Panorama Fiscal 2024, destaca que para dinamizar un crecimiento sostenible e inclusivo es preciso impulsar grandes transformaciones en el modelo de desarrollo (productivas, sociales ambientales) Una condición necesaria para ello es encontrar un adecuado financiamiento, en otras palabras, la ampliación del espacio fiscal sostenible de las finanzas públicas. Esto requiere de un aumento de la recaudación tributaria progresivo y capaz de contribuir a reducir la desigualdad, un uso más eficiente de esos recursos, así como evitar la evasión y los flujos financieros ilícitos.

La CEPAL va más allá aún y nos propone “un grupo de sectores impulsores o dinamizadores para la región: industria farmacéutica y de ciencias de la vida, industria de dispositivos médicos, fabricación avanzada, exportación de servicios modernos o habilitados por las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), sociedad del cuidado, servicios intensivos en trabajo, gobierno digital, transición energética, electromovilidad, economía circular, bioeconomía, agricultura para la seguridad alimentaria, gestión sostenible del agua y turismo sostenible”.

En ese contexto estratégico el sector público deberá ejercer un papel clave, orientando y direccionando el desarrollo hacia uno más productivo, sostenible e inclusivo, alertando insistentemente en las consecuencias del cambio climático, “con implicaciones para el manejo de la política fiscal”.

El centro de la cuestión se desplaza siempre hacia la disponibilidad de recursos y la sostenibilidad fiscal. Si bien Uruguay se distancia en algunos aspectos en torno a este tema de los restantes países del continente, lo cierto es que hay señales preocupantes. Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el informe sobre Resultados del Sector Público Global, del cual surge un déficit de -4% del PIB (Producto Bruto Interno), casi 2.800 millones de dólares, de los cuales el pago de intereses de la deuda pública asciende a 1.670 millones de dólares. Sin duda una severa restricción para el logro de aquellos objetivos.

La situación deficitaria en materia fiscal tiene su correlato en la evolución de la deuda del sector público. Es lo que podemos apreciar en la gráfica siguiente. Desde 2019 a 2023 ha ocurrido un aumento de la deuda pública sin precedentes, del orden de 14.800 millones de dólares en la deuda bruta, y de 13.200 millones en la deuda neta (resta las reservas internacionales). En los quinquenios de gobiernos anteriores de este siglo el máximo se había ubicado en 2009-2014, con un incremento de 10.000 millones de dólares.

La capacidad de endeudamiento se ha resentido a partir de una deuda pública que significa, en su versión neta, más de 45% del PIB de 2023, regresando prácticamente al rango heredado por el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Y el déficit acumulado le pone límites a la capacidad de gasto del sector público. Esto en un mundo inestable y una economía planetaria en disputa, con fenómenos ambientales negativos cada vez más frecuentes, ubica le generación de nuevos recursos en el campo del crecimiento económico, y estrictamente en el plano fiscal, en el ámbito de la recaudación tributaria.

Gráfica 1

Al respecto la CEPAL expresa lo siguiente: “Para dar viabilidad a esta agenda, es esencial contar con un marco de sostenibilidad fiscal basado en el fortalecimiento de los ingresos públicos. A corto plazo, existen espacios importantes para reducir la evasión tributaria y revisar los gastos tributarios a fin de generar recursos adicionales. A mediano plazo, es preciso construir pactos fiscales para robustecer los impuestos sobre la renta, la propiedad y el patrimonio”. (El subrayado es nuestro).

Vista la discusión sobre los impuestos que se desarrolla en el clima electoral actual, donde impera una cierta aversión sobre todo lo que tenga que ver con aumentar, adecuar o actualizar tributos, la propuesta del “pacto fiscal” lamentablemente parece tener poca viabilidad en nuestro país. Basta leer las “recomendaciones” de las cámaras empresariales publicadas y enviadas a los candidatos presidenciales en carreraⁱ, que fijan con precisión los deberes a cumplir por el estado y los trabajadores (menos impuestos, reducir gasto público, flexibilizar relaciones laborales, devaluar la moneda, etc), sin adjudicarse ninguna obligación (siquiera la de evitar la evasión impositiva), para concluir que dicho pacto está muy difícil de implementar.

Variadas son las formas de abordar el tema impositivo, que puede comenzar por el combate a la evasión, que se transforma en una apropiación indebida, habida cuenta de los destinos que tienen esos dineros no recaudados. Asociada a la evasión se encuentra el empleo informal, un acuerdo laboral que evade el aporte a la seguridad social (BPS), fenómeno que se ha extendido a casi todo nuestro territorio y que abarca a cerca de 400,000 personas.

Otra forma de avance en la disponibilidad de recursos es el rediseño del gasto fiscal, es decir las exoneraciones de impuestos que definen regímenes especiales sobre el régimen general tributario. Estas reales renuncias fiscales que operan en nuestro país, y sobre las cuales la misma CEPAL ha vertido opiniones críticas, son de una magnitud importante, casi el doble del déficit fiscal.

En Uruguay los impuestos afectan mucho más al flujo de ingresos que a la riqueza o patrimonio acumulado, muchas veces “a título gratuito” como se define a los activos provenientes de una herencia. Sin duda que hay que redefinir esta situación, especialmente cuando “lo que sucedió en nuestro país con relación a este impuesto va en la dirección contraria a lo que se observa a nivel internacional”ⁱⁱ

Finalmente, recordar que en la dialéctica de crecimiento y distribución, y viceversa, donde la justa distribución del ingreso se transforma en un componente del crecimiento económico, recordar que siempre la “distribución primaria”, la que se da en el proceso de producción entre salarios y ganancias, es la que define principalmente las situaciones de pobreza y los rangos de desigualdad. La masa salarial es la base imponible, el principal ingreso por el que se recauda el IVA, los aportes a la seguridad social, el IRPF, los aportes al SNIS. Salarios justos pueden derivar en que los tributos atiendan más la progresividad y la equidad que la recaudación.

Otra historia es con el patrimonio y las ganancias, que con tasas reducidas y muchos beneficios a través de subsidios y exoneraciones no aportan lo que debieran, y se encuentran muy lejos del pacto fiscal a que alude la CEPAL.

(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política.

(**) Héctor Tajam es Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de MateAmargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio. Miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)

(***) Prof. Adán Iglesias Toledo, Director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero.