Por Rolando W. Sasso(*)
Hay una larga lista de dirigentes nacionalistas acusados, procesados o investigados por delitos reñidos con la moral, transgresiones económicas, entorpecimiento de investigaciones fiscales, clientelismo político y otros, que dan vergüenza. Todo lo cual nos deja muy mal parados en el plano internacional, especialmente en la región.
Ya no somos la “tacita de plata”. Los chats y audios que se filtran cotidianamente acusando a dirigentes nacionalistas baten todos los récords. Aquellos hechos de corrupción que en nuestro país no podían suceder, se revelaron incuestionables ante los ojos atónitos de la opinión pública. Sin levante posible, sin margen para el ocultamiento de la mosqueta, sin otro salto que la renuncia para intentar que los delitos no se investiguen y queden saldados con la dimisión.
Los eventos apartados de la ley son cada vez más y cada vez más indisimulables, sea en el Ministerio del Interior, en la Cancillería, en otros ministerios, Comisiones técnico mixtas internacionales y organismos como la ANP. Parece que se aplica la máxima “roba y deja robar”, mirando para el costado.
Pero hay cosas que no se pueden ocultar, sobre todo si el dirigente sorprendido en infracción es el presidente de determinado partido. Nos referimos al caso del nacionalista Pablo Iturralde y el peso institucional que tiene. No alcanza con su renuncia para blanquear todo, deberían aclararse muchas cosas antes de descartar investigar más a fondo, porque son muchos los hechos de corrupción que se van acumulando.
Hagamos un poco de memoria, a vuelo de pájaro y sin detenernos demasiado en acusaciones a dirigentes de poca incidencia: recordemos el caso del Intendente de Colonia, Carlos Moreira, el cual fue denunciado por ofrecer cambiar un puesto de trabajo en la esfera municipal a cambio de favores sexuales. Todos escuchamos el audio que lo incrimina. Creímos que ese resbalón le costaría la elección al Partido Nacional y no solamente no fue así, sino que además ganó la elección municipal en su departamento.
Tampoco podemos olvidar el caso del ex canciller Francisco Bustillo cuando se filtraron audios en los que ordenaba a la entonces vicecanciller Carolina Ache destruir pruebas en la investigación sobre la emisión del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. No solamente hubo ocultamiento de pruebas al Parlamento y a la Justicia, sino que se intentó la destrucción de documentos oficiales relativos al caso. En suma, Ache renunció y Bustillo hizo lo propio tratando de aplacar el temporal.
En el Ministerio del Interior las cosas también se complicaron por el caso Marset y el ex ministro Luis Alberto Heber y el subsecretario ministerial Guillermo Maciel se vieron obligados a dimitir de sus cargos.
En otros ministerios también hubo bajas obligadas por las circunstancias: el ex ministro de turismo Germán Cardozo (P.Colorado), por las compras directas de publicidad en plena pandemia; la entonces Ministra de vivienda Irene Moreira (Cabildo Abierto) se vio desplazada por haber adjudicado de manera directa viviendas a militantes de su partido. El asesor presidencial Roberto Lafluf por decirle a Carolina Ache que debía perder el celular y destruir documentos relacionados con el caso Marset. Finalizando, recordemos el caso del ex presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Carlos Albisu que hizo más de 30 designaciones directas en la comisión para beneficiar a militantes de su partido y del Partido Colorado.
Ahora se suma el ex Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde al descubrirse audios donde en intercambio con el indagado Gustavo Penadés dice del fiscal de Corte, Dr. Juan Gómez que “es un gran cagón” y la fiscal Alicia Ghione “es amiga”, es una “gran tipa” (según informó el semanario Búsqueda). De lo dicho a la presión indebida hay un paso. Lo cierto es que el caso Penadés se le otorgó a la Dra. Ghione, considerada “de total confianza” por Iturralde que se anotó un poroto en la relación con Penadés, quien quedó muy contento y agradecido.
En este tema se expidió el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio en declaración pública del mismo jueves donde “manifiesta su más profunda preocupación por la información dada a conocer este 23 de mayo por la prensa que produjo la renuncia del Presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde.
Resultan gravísimas las comunicaciones que tuvo Iturralde con Gustavo Penadés, aludiendo a las afinidades que existirían con una fiscal que podría llegar a beneficiar al ex senador blanco, así como una serie de comentarios alusivos a otro caso (…).
No es válida la excusa de que se trata de conversaciones privadas. Se trata de intercambios de altos dirigentes políticos en cargos de poder y de posibles interferencias en la justicia (…). La gravedad de los hechos exige una investigación a fondo para determinar responsabilidades así como el alcance de la posible injerencia ilegítima en las investigaciones criminales referidas en la publicación.”
Así son las cosas, todo se sabe con la nueva tecnología y los teléfonos inteligentes; los procederes ilícitos o reñidos con la ética y la moral en poco tiempo se dan a conocer y provocan renuncias y grandes debates que sin embargo no logran blanquear a los infractores. La diferencia está en el proceder, porque nosotros “podremos meter la pata, pero nunca la mano en la lata”.
(*) Rolando Sasso es fotógrafo, Periodista y escritor. Tiene en su haber varios libros de profunda investigación periodística sobre el accionar histórico del MLN-T
