Por Ricardo Pose(*)
Si bien la situación de conflicto se arrastra desde hace medio año, fue la represión desatada por la policía contra los trabajadores que puso en la mira la crisis que atraviesa el sector.
Una suerte de paradoja hizo posible que una instancia de diálogo entre el Ministerio de Trabajo, las Cámaras empresariales y los trabajadores organizados en la Inter Gremial Marítima fuera abruptamente interrumpida por la represión policial, demostrando el Jefe a cargo del operativo una capacidad nula para lo que se intentaba puertas adentro del Ministerio, es decir, dialogar.
Lockout patronal
Facundo Montaño es el Secretario General del Centro de Maquinistas Navales, que junto al SUNTMA (Trabajadores) y SUDEPU (Patrones de Pesca) integran la Inter Gremial Marítima.
Montaño explicó a Mate Amargo que las patronales organizadas en las cámaras de buques y plantas de procesamiento, CAPU y SIPU venían presionando al Poder Ejecutivo reclamando por un lado una serie de subsidios, el retiro de la jubilación bonificada para los trabajadores y la rebaja de los combustibles a la vez que desconocían lo estipulado en el Consejo de Salarios del 2023.
Según las cámaras, ante la pérdida de rentabilidad, en diciembre del 2023 declararon el lockout patronal, no saliendo a viajes de captura hasta el día de hoy, con las consiguientes pérdidas de trabajo, salarios y el nacimiento de diversas deudas generadas con los trabajadores.
Pero Montaño denuncia que varias de las empresas que integran las cámaras (6 en CAPU y 5 en SIPU) siguen exportando pescado, posiblemente como resultado de algún stock.
La Inter gremial exige que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo cumpla con la ley, ya que por la misma, si un buque no sale a pescar en un plazo de 180 días se le debe retirar el permiso de pesca.
Sin embargo tanto la apatía del Ministerio de Trabajo como la del Ministerio de Ganadería son absolutas.
Esto afecta gravemente al sector pesquero pero también hay algunas irregularidades en la marina mercante, donde por ley los buques de bandera extranjera que operan o ingresan a realizar tareas en aguas jurisdiccionales deben contratar trabajadores uruguayos, y esto no está ocurriendo.
Los trabajadores cuestionan los fundamentos de rentabilidad sostenido por las Cámaras empresariales; algunas empresas se retiraron de las cámaras y llevan adelante convenios bipartitos con los trabajadores por lo que no se comprende cuál es el motivo real de los asociados para mantener el lockout tomando de rehenes a los trabajadores.
La represión como respuesta
Es así que la semana pasada convocados por la Dirección Nacional de Trabajo las Cámaras Empresariales y los trabajadores asistieron a una audiencia para buscar caminos que permitan destrabar la situación.
Pero al tiempo que las Cámaras mantenían su postura intransigente, los trabajadores en la calle eran reprimidos, por lo que la audiencia se suspendió.
Los trabajadores realizaban cortes intermitentes sobre la calle Juncal como forma de llamar la atención y sin que la policía presente actuara, hasta que llegó la Guardia Republicana y empezó a reprimir.
Según Montaño cuando llegaron a la calle intentaron hablar con el Jefe del Operativo policial pero este solo dio por respuesta que iban a desalojar la calle de trabajadores.
25 trabajadores terminaron heridos por balas de goma y golpes de cachiporras, y un camarógrafo.
La intergremial marítima radicó denunció por la represión en la Seccional Primera de Policía y en Fiscalía, mientras la situación laboral por el momento no avizora una salida.
Cerca de tres mil trabajadores se encuentran sin trabajo siendo los de Administración lo que acceden al beneficio de Seguro de Paro.
No es falta de rentabilidad
Según un estudio de CERES de marzo del 2023 (Institución que no se puede asociar a los sindicatos), muestra que “la pesca industrial tiene el potencial (tomando en cuenta la sustentabilidad ecológica) de más que duplicar su captura actual. En caso de lograrlo, el impacto total sería cercano a los USD 200 millones cada año por la mayor producción y el impacto de la adquisición de nuevas embarcaciones. Esto derivaría en la creación de más de 2.000 puestos de trabajo y generaría un aumento de la masa salarial de USD5,4 millones al año”.
“La investigación está circunscripta a la actividad en la Zona Común de Pesca (ZCP) entre Argentina y Uruguay, que comprende las aguas del Río de la Plata y del Océano Atlántico, de una extensión de 216 mil km².
La actividad pesquera tributa el 25% de la renta neta correspondiente al Impuesto a la Renta a las Actividades Económicas (IRAE), tal como otros sectores. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los productos pesqueros están gravados con una tasa del 10%, aunque los productos con destinos de exportación tienen una tasa del 0%19. En tanto, empresas del sector deben tributar el Impuesto al Patrimonio (IPAT) al cierre de su ejercicio económico, equivalente al 1,5% del valor de los activos imponibles. Y, en caso de que corresponda, tributarán el Impuesto al Control de las Sociedades Anónimas (ICOSA) equivalente al 0,75% sobre la base imponible vigente al cierre del ejercicio.”
El informe de Ceres por supuesto brinda los elementos técnicos a favor de las Cámaras Empresariales pero permite manejar algunas cifras.
La falta de rentabilidad no es exclusiva del sector y no parece ser un escenario posible que todas las cámaras empresariales se declaren en lockout.
Claro que mientras, el Poder Ejecutivo deja que el “mercado regule” en aras de la libertad, en este caso, nada responsable.
(*) Ricardo Pose es Periodista en Caras y Caretas, Presidente sector Prensa Escrita (APU). Columnista en Mate Amargo, CX 40 Radio Fénix, Radio Gráfica, Tierra de periodistas Rocha FM, Notero en Telesur y tvg China
