Por Ricardo Pose(*)
Las elecciones internas del 30 de junio pasado tuvieron dos sorpresas: la muy buena votación del Frente Amplio; y la segunda, casi sobre la media noche gélida frente a la Plaza Matriz, la presentación de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia de la República.
No tengo elementos para afirmar si esa decisión fue obra de Álvaro Delgado y, sabiéndolo inteligente, tampoco puedo decir que fue una jugada magistral en el plano de lo táctico, pero lo cierto es que desde el 30 de junio, propios y ajenos hablan de Ripoll.
Si hay un espacio político que se siente incómodo sin dudas es el del Partido Nacional y lo prudente sería dejar que vean cómo resolver a la interna esa incomodidad, esos archivos de una dirigente que en su momento planteó la derogación de toda la LUC y cuestionó la gestión del gobierno en torno a los temas de corrupción.
En todo caso la historia registrará a Ripoll como una mujer que, sumándose en una actitud corporativa a defender los intereses de los trabajadores municipales, se pasó a la defensa de los grandes intereses económicos de la minoría privilegiada.
Embarrarse las pilchas nuevas
Que lo vivido en las elecciones internas con maniobras de descalificación de algunos precandidatos (contra Yamandú Orsi de las más reñidas con los más elementales principios éticos) es una antesala de lo que se espera de acá octubre, debería servir para evitar la tentación de compartir el terreno del lodo.
Lo otro que debería ponerse en el pienso, si el sentido común no lo logra, sobre todo en la militancia que se defina de izquierda, es por un lado poder contemplar las rencillas en las redes sociales como un pasatiempo y no un espacio de disputa política; pero por otro lado, no sumarse a lo que figuran como criticas despiadadas que no hacen más que generar una representación en donde no la había.
Por ejemplo, la misma noche de saberse que Valeria Ripoll iba a ser la candidata a Vice Presidente por el Partido Nacional, varios salieron a recodar una serie de deudas que ella posee con entidades financieras. O sea, una de las miles y miles de deudoras y deudores que tiene este país, y -además- desde su condición de asalariada.
A mayo de 2023, la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central cuenta con registros de 2.080.574 deudores.
Un estudio del Banco Central del Uruguay identificó 657.581 personas con al menos una calificación como deudor irrecuperable.
Entrar en ese terreno es subirse al podio de una política frívola que cada vez gana más terreno en el cuerpo de la sociedad y empuja al asilamiento del ejercicio de la política pura, y estimular -por el contrario- a verse reflejados a los miles de trabajadores que arrastran deudas.
Volver a apuntar
Pero el problema no es solo que militantes de izquierda se sumen a los esporádicos razonamientos medianamente ocurrentes de “agitadores de teclados”, sino que contemplen la fanfarria del conventillo virtual sin plantear una sola idea fuerza, que por cierto no necesita ser novedosa.
Hay cientos de grandes empresas y empresarios que son deudores incobrables, pero que siguen lucrando arrastrando deudas mucho mayores que la media de cualquier trabajador, y aquellos que no poseen deudas, reciben beneficios de exoneraciones fiscales que no es una medida a la que accedan pequeños empresarios y asalariados.
Por ejemplo los proyectos presentados en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), en los últimos 10 años han alcanzado los 11.924 millones de dólares, observándose un incremento en 2022 y 2023 contra el 2020 y 2021 (años de pandemia), aunque los valores están más alejados a los registrados con anterioridad. Este régimen, que rige desde 1998, plantea exoneraciones impositivas.
Las empresas cuyos proyectos de inversión son aprobados por la Comap acceden a determinados beneficios fiscales, siendo el más destacado el porcentaje de beneficio en Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, que podría estar entre el 30% y el 100% de la inversión total. De esta manera pagan menos impuestos.
Desde 2014 a 2023, las solicitudes alcanzaron los 11.941 millones de dólares. En total fueron 5510.
De ese total, el sector que más efectuó pedidos de beneficios tributarios fue la industria (1302 proyectos por US$ 5597 millones), servicios (con 1663 proyectos por US$ 3309 millones), comercio (1509 proyectos por un total de US$ 1364 millones), turismo (236 proyectos por US$ 898 millones) y agro (800 proyectos por US$ 772 millones).
En el período examinado (2014-2023) el mayor proyecto solicitando exoneraciones tributarias se realizó en 2019, por tres empresas para la construcción de la terminal portuaria. Se trató de Tebetur S.A. (operadora portuaria de UPM), Cucar SA (la Zona Franca de UPM) y Forestal Oriental (también de UPM). La solicitud fue por 483 millones de dólares.
La segunda solicitud de mayor importancia fue para un proyecto fallido: la regasificadora. Fue presentado en 2015 por Laker SA por 356 millones de dólares.
La tercera también es de 2015 y corresponde a República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (República Afisa) por 274 millones de dólares, para proyectos destinados a generación de energía eléctrica. En la cuarta posición se encuentra Telefónica Móviles en 2014 con 184 millones de dólares.
Una encuesta de Equipos Consultores del 2023 a empresas extranjeras arrojó como uno de los resultados, que las mismas se encuentran más que conformes por las exoneraciones e incentivos fiscales (47 por ciento) y la libertad cambiaria y facilidad para repatriar dividendos (44 por ciento).
AEBU
Según un estudio del sindicato de trabajadores bancarios, luego del sector familias, los sectores que cuentan con más proporción de créditos irrecuperables son Agricultura y Comercio.
Aproximadamente el 60% de los deudores catalogados como irrecuperables o con capacidad de pago muy comprometida pertenecen al sector Comercio o Ganadería (siempre excluyendo a las familias que ya fueron analizadas en los apartados anteriores). Si bien Agricultura es de los que tiene más créditos catalogados como irrecuperables, es un sector que tiene menos créditos (3% del total), y sólo el 4% de los irrecuperables o con capacidad de pago muy comprometida pertenecen a este sector.
La fuga de capitales por el «tubo» de las offshore
En octubre del 2022 escribí un artículo para C&C (https://www.carasycaretas.com.uy/politica/uruguay-y-la-fuga-capitales-el-tubo-las-offshore-n56017) donde compartíamos algunos números interesantes de un artículo previo del colega Víctor Carrato y tomábamos en cuenta la presentación del informe de los investigadores Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti presentado a mediados de setiembre en Argentina de la Fundación Friedrich Ebert.
El informe se ubica en los estudios e investigaciones sobre la financiarización a escala global, y el rol de las guaridas fiscales como mecanismos necesarios para la centralización de los excedentes generados por el capital más concentrado, y focaliza en la estructura societaria y transacciones comerciales de las empresas offshore del grupo TECHINT en Uruguay.
La empresa Techint y su presencia en Argentina como Tenaris S.A, pertenece al multimillonario italo-argentino Paolo Rocca, quien en 1948 ya se encontraba en Argentina encargándose de importantes obras sobre todo en la industria siderúrgica y famosa por la producción de tuberías de acero sin costura, donde además de petróleo y otros productos energéticos, empezaron a circular millones de dólares “en negro”. La empresa fue creciendo hasta tener su expansión como multinacional en los 90 de mano del neoliberalismo y para entonces la empresa Tenaris S.A. (Techint) ya tenía sedes centrales además de Argentina, en Suiza y Milán.
En el caso investigado en el Lava Jato, la empresa vinculada a Techint con sede en el exterior, San Faustin S.A estaba presente en Uruguay mediante dos empresas: Fundiciones del Pacifico S.A, y Sociedad de emprendimientos Siderúrgicos. 8,5 millones de dólares en negro circularon en el 2009 desde la empresa offshore uruguaya Hayley S.A a cargo de Enrico Repetto Mariño. La jueza uruguaya Adriana de los Santos inició la investigación que luego mandó a archivar el fiscal Carlos Negro, pero las rutas del dinero habían quedado establecidas.
Techint localizó a sus principales firmas controlantes en Luxemburgo, creando Tenaris para consolidar a las fabricantes de tubos sin costura, y Ternium para las de aceros planos. Como parte de ese proceso fundó distintas firmas en Uruguay. El trabajo pretende analizar la evolución de la estructura del grupo Techint y su internacionalización, así como los balances contables de 14 empresas pertenecientes al mismo radicadas en Uruguay.
Las empresas cáscara se dedican a realizar maniobras de manipulación y simulación con la finalidad de eludir y evadir normas tributarias, cambiarias, laborales, etc., de espacios territoriales, así como también, fugar capitales a plazas financieras para su posterior valorización financiera. Las cáscaras participan formalmente en operaciones que no ocurren efectivamente y, por lo tanto, su rol se limita muchas veces a un mero asiento contable. Los balances de las empresas cáscara situadas en Uruguay muestran un rol muy importante en los flujos de capital al interior del grupo Gran parte de la producción de las firmas siderúrgicas del grupo con destino al comercio exterior es canalizada por medio de estas cáscaras uruguayas: las ventas de Ternium y Tenaris en Uruguay representan el 33% de la facturación de las ramas siderúrgicas del grupo Techint a nivel mundial.
Es llamativa la magnitud de los gastos de administración que declaran estas empresas, teniendo en cuenta que la mayoría prácticamente no tiene empleados. Los balances de las cáscaras registran pagos por el uso de activos intangibles (marcas, identidad corporativa, patentes, etc). Dichos activos intangibles están constituidos por las innovaciones desarrolladas por centros locales e investigadores argentinos, las cuales fueron transferidas a estructuras offshore en guaridas fiscales. Gracias a las normas impositivas uruguayas, la tasa efectiva en el capítulo del impuesto a la renta comprende únicamente el 0,75% de las ganancias (en la Argentina el impuesto a las ganancias es del 35%).
Las cáscaras uruguayas abonaron impuestos (incluyendo el impuesto a la renta, entre otros) por el 0,3% de su facturación y el 3,2% de las ganancias antes de impuestos para el año 2021. Algunas de las cáscaras son utilizadas para captar el excedente de las firmas productivas y realizar inversiones financieras, muchas veces a través de cuentas en bancos ubicados en otras guaridas fiscales. Para tener una idea de la magnitud del activo que administra basta mencionar que en 2019 las empresas cáscara uruguayas llegaron a detentar US$ 1.745 millones como saldo en Caja y bancos, es decir dinero contante y sonante. En particular, las cáscaras de Tenaris en Uruguay llegaron a explicar el 92% del saldo de caja y banco del conjunto de la rama contabilizando todas las empresas sin importar su ubicación.
La simulación de préstamos intra-firma es una operatoria común en las empresas multinacionales que buscan eludir los controles de capitales en los países que producen. Las cáscaras en Uruguay son utilizadas como empresas holding, manteniendo participaciones accionarias y controlando diversas empresas productivas. El valor en inversiones por participación accionarias ascendió a US$ 3.672 millones en el año 2019.
Las cáscaras uruguayas de Techint poseen un patrimonio neto elevado, el cual alcanzó US$ 5.661 millones. El patrimonio neto representa el acervo de capital propio, y en el caso de las empresas cáscaras, este constituye el stock de fuga de capitales. Las cáscaras de Tenaris en Uruguay explican el 15% del patrimonio neto de la rama en su conjunto, contabilizando todas las empresas radicadas a lo largo y ancho del planeta. Este guarismo es del 100% en el caso a las empresas cáscaras de Tecpetrol; sin embargo, el mismo es del 3% en el caso de las cáscaras de Ternium. Las empresas uruguayas estudiadas son utilizadas por sus controlantes –otras cáscaras del grupo radicadas en países europeos– como si fueran cajas fuertes, para depositar o retirar fondos a través de aportes de capital o pagos de dividendos respectivamente.
Las cáscaras uruguayas obtuvieron aportes de capital por parte de sus empresas controlantes por un valor de US$ 1.599 millones en el período 2017-2021. A su vez, las mencionadas cáscaras abonaron dividendos a sus controlantes por US$ 1.630 millones.
Sangrado de capitales
La fuga de capitales no es exactamente dólares que «salen del país” en un avión (aunque bastante de eso hay) sino que implica a todas las operaciones (tanto legales como ilegales) que sacan dólares del sistema financiero y bancario nacional. Buena parte de esos fondos se termina alojando en países con bajos o nulos impuestos a través de las llamadas “sociedades offshore”, empresas que no realizan ninguna actividad productiva donde están radicadas.
Los empresarios sacan las divisas porque no ven sentido en invertirlas en desarrollo productivo, ni tampoco financieramente. La lógica es la de las ganancias, invertir lo menos posible y sacarlo afuera.
Ni los empresarios ni los partidos políticos tienen un proyecto viable de desarrollo que supere las condiciones de la dependencia y del atraso.
(*) Ricardo Pose es Periodista en Caras y Caretas, Presidente sector Prensa Escrita (APU). Columnista en Mate Amargo, CX 40 Radio Fénix, Radio Gráfica, Tierra de periodistas Rocha FM, Notero en Telesur y tvg China
