A doce años de la masacre y el golpe a Fernando Lugo: la lucha por la tierra sigue vigente

Por Mirna Robles Armoa (*)

Todavía, la disputa por la tierra es el último evento histórico-político que define nuestra realidad actual.

Aquel 15 de junio nadie en el país esperaba que ocurriera lo que ocurrió. O por lo menos no lo esperábamos la gran mayoría. Casi, casi nadie.

Tampoco lo esperaban los 11 campesinos que murieron en el enfrentamiento, ni siquiera los 6 policías que cayeron del otro lado.

Administraba el Poder Ejecutivo el primer gobierno no colorado desde hacía más 60 años y las alertas de que la “nueva oposición” buscaría y buscaba permanentes formas de desestabilización fueron una constante desde el principio.

Se hicieron las cuentas de 22 amenazas de juicio político contra el gobierno de Fernando Lugo antes de su destitución.

Esa primavera, ese veranillo no colorado estaba significando un sistema de salud pública mucho más accesible para la gente, un fortalecimiento de los programas sociales del gobierno hacia las poblaciones de niñez, tercera edad, territorios sociales, familias en el margen de la pobreza y la pobreza extrema, una renegociación y nuevo acuerdo del costo de venta de energía al Brasil a favor de nuestro país, desarrollo de políticas culturales y una economía en auge. Sí, porque en el gobierno de Lugo estábamos mejor incluso en el aspecto económico. Sin embargo, no se habían planteado revisiones ni cambios a profundidad en la estructura de producción nacional, no se había podido discutir la cuestión de la concentración de las tierras, de la extranjerización de los territorios limítrofes (hubo un intento de esto), ni algún tipo de reparación de las tierras mal habidas. La economía macro se seguía sosteniendo en la exportación de granos, otros productos agrícolas sin procesar y la ganadería. La estructura económica y de poder del país seguía siendo la misma.

Un avance en los derechos sociales, es lo que podemos asegurar como un logro del gobierno de Lugo. La alternancia, y un pequeño avance. La política de conciliación del ex obispo tampoco posibilitaba las confrontaciones desde “el oficialismo” de gobierno hacia los demás sectores detentores de poder y de sus propios intereses.

Seis días después de la masacre en Curuguaty y de una, sí, real desestabilización, el Congreso plateó el Juicio Político contra el entonces presidente arguyendo responsabilidad sobre los hechos ocurridos allí, entre otros puntos, con lo que lo calificaban con “mal desempeño en sus funciones”. El juicio se desarrolló de manera exprés y al día siguiente de plantearse el mismo, el viernes 22 de junio del 2012, Fernando Lugo era depuesto de su cargo. Faltaban meses para el inicio de las campañas presidenciales.

La celeridad con la que fue ejecutado el juicio, sin dar garantías para la debida defensa (la defensa debió presentarse al día siguiente de aprobado el juicio, solamente tuvo dos horas para presentar sus argumentos y enfrentaba cinco acusaciones de peso) generó, luego de la masacre, otro efecto de shock sobre la población, una conmoción callada. Fernando Lugo había sido electo Presidente de la República por un total de 766.502 votos, correspondiente al 40,9% del total de votos efectuados, con 10 puntos de diferencia contra el Partido Colorado que había quedado en segundo lugar. En cuestión de horas era destituido por 39 contra 4 votos en el Senado aquel segundo viernes de shock. En la Cámara de Diputados, la solitaria voz de Aida Robles se opuso a semejante violación a una determinación democrática y popular resuelta en elecciones legítimas, con un porcentaje de participación del 65,6% de electores habilitados.

El siguiente y fraudulento gobierno de Federico Franco fue vedado de participar de las instancias del MERCOSUR y la UNASUR. De igual manera, los medios locales hablaban de “juicio político” en lugar de referirse al golpe de estado que era señalado internacionalmente.

A 12 años del golpe de estado al gobierno de Fernando Lugo, tras la utilización política de la masacre de Curuguaty como emboscada a la posibilidad histórica de afianzar un proceso democrático hasta ahora nonato en nuestro país, las fuerzas sociales y del progresismo electoral se encuentran débiles y desarticuladas. Los siguientes gobiernos colorados reanudaron el programa de hiper concentración de capitales y recursos, articulación al programa político y económico de intervención regional de los Estados Unidos, liberación de la circulación del narcotráfico y afianzamiento de la narcopolítica. En los gobiernos de Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña fueron revisando y desmantelando progresiva y metódicamente la protección legal sobre los derechos sociales conquistados (para resumir).

Este es un tiempo particularmente complejo para nuestra sociedad. Luego de un largo proceso de desplazamiento interno de la población campesina, de manera más o menos armónica y relativamente natural hace 40 o 50 años, hubo momentos de recrudecimiento en forma de expulsión en la primera y la segunda década del 2000, que como consecuencia produjo la aparición y expansión de asentamientos urbanos y el crecimiento de la franja de pobreza alrededor de las ciudades. En este escenario no existen, desde el Estado, programas que contemplen una planificación de contención de la población urbana y suburbana en expansión y desborde.

La suburbanidad en avance se conforma sobre un violento despojo del mundo campesino que significó tierra, agricultura, cultura, alimento, historia. Hoy, el mundo campesino está desapareciendo. A la vez, los pueblos indígenas sufren un genocidio sostenido por el Estado. Con esto desaparecen saberes, formas y lenguajes de expresión, una forma de ver, entender y vivir el mundo, de vincularse.

Nuestro paradigma social está cambiando de forma radical y violenta.

El suceso de la masacre es un criminal símbolo aleccionador contra la lucha por la tierra. Aunque escalofriante la imagen, marca el punto con el que se cierra la posibilidad de la apertura a un proceso democrático. Con proceso democrático entiéndase a la posibilidad más equitativa de que cada sector, cada realidad, cada territorio y cada gremio, cada población etaria, cada población racial o étnica y cada población sexual de nuestro país, sea atendido en sus necesidades elementales y su voz representada.

¿Qué pasó en Curuguaty? o la pregunta-herida que no cierra

En Marina kue no ocurrió la primera represión contra la organización campesina en Paraguay. Tampoco fueron las primeras muertes en la lucha por la tierra. Desde la dictadura de Stroessner los campesinos y campesinas generaron organización en la idea y el propósito de sostener sus formas de vida, de producción, su cosmovisión. Las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) plantearon un modelo de producción y sostenimiento comunitario, establecieron un esquema de educación popular e iniciaron la base de organización que sería brutalmente perseguida por la estructura represora stronista, al punto de capturar, encarcelar, torturar, en muchos casos asesinar o desaparecer a sus dirigentes. A pesar de la efectiva aniquilación de las LAC como organización visible, de sus hijos e hijas se articula y nace la organización campesina que luego de la deposición de Stroessner se forjaría como la línea de avanzada de las organizaciones y la resistencia social en los años 80 y 90.

128 campesinos caídos en la lucha por la tierra en el periodo post-stronista dan cifras a la violencia que se debió enfrentar para defender el mundo campesino, un paradigma de vida. Los asentamientos campesinos conquistados son resultado de luchas, de resistencias abnegadas, de represiones, torturas y muertes.

La ascensión de la imagen política de Fernando Lugo y su calada en un lugar de opción viable para la población tiene muchísimo que ver con el reconocimiento y la ascensión de un poder político en el sector del movimiento social organizado, en el que el movimiento campesino se distinguía como la fuerza política más importante.

Si con la alternancia y un gobierno cercano al movimiento social la posibilidad de instalar un programa acorde a las necesidades de la mayoría, con reivindicación de derechos históricamente postergados, se abría de manera menos agresiva, por otro lado, el poder real de la estructura política y económica del país no se quedaría de brazos cruzados.

En Marina Kue murieron 17 compatriotas en una emboscada a nuestro posible proceso democrático. El escenario fue la disputa por la tierra, en tierras comprobadamente públicas.

La tierra

Tierra. Mundo campesino. Luchas sociales. Dictadura. Resistencia. Estos conceptos aparentemente duros en el discurso político expresan la suavidad del compost que nutre nuestra historia social.

Se pierde una cultura, se pierde una cosmovisión, la campesina. El mundo indígena se encuentra en exterminio casi pleno. Se reconfigura la representación social. No tenemos aún definidos una forma de ser, de pensarnos, de vivirnos en la compleja suburbanidad creciente. O sí. Pero más allá de eso, existe una diferencia radical con relación al sostenimiento mismo de la vida y las condiciones para una vida digna. Tierra es agricultura, es alimento, es salud física y mental.

Ernesto Benítez, dirigente campesino que fue reprimido, detenido, torturado en varias ocasiones en la lucha por la tierra (sobreviente de intentos de asesinato), recibió, en el mes de junio de este año, disculpas públicas por parte del Estado a consecuencia de un veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió que aquel fue responsable de tortura contra el dirigente. Fue en el contexto de una represión ocurrida a una manifestación de productores de cedrón en el año 2003. Ernesto dio un discurso en el que expuso la mirada y apreciaciones que se observan y valoran desde la forma de vida del mundo campesino e indígena. En parte de su alocución, expresó:

“Los indígenas y campesinos afirmamos siempre ‘tekoha’ỹre ndaipóri teko’, sin territorio no hay cultura, no hay vida. El indígena y el campesino sin tierra es el desarraigado, es el muerto sociocultural y carga, con amargura y resentimiento, sobre sus espaldas, su propia muerte lenta y dolorosa. Sobres todos estos elementos filosóficos y sociológicos sostenemos nuestras reivindicaciones históricas. Devolución de sus territorios ancestrales a todos los pueblos indígenas. La Constitución Nacional es clara, ellos son anteriores a la construcción del Estado Paraguayo, ellos de por sí son los títulos originales, pues son habitantes milenarios de esta tierra. Recuperación de las tierras robadas (mal llamadas mal habidas) durante la dictadura: unas 8 millones de hectáreas. Y ser devuelta al campesinado para avanzar en la reforma agraria, para recuperar el tyguatã que es la satisfacción física, el py’a guapy que es la satisfacción espiritual, el tekoporã que es el buen vivir, y para alcanzar el aguyjeve que es la plenitud de la vida para nuestro pueblo”.

Observando a la tierra como elemento sostenido de conflicto social en nuestro país, como materialidad y símbolo de significaciones vitales, como recurso generador de capital, como territorio, como espacio de vida y comunidad, queda la pregunta ¿sigue siendo la tierra el eje de una disputa social, política y cultural en busca de bienestar, derechos y vida digna para las mayorías?

Pasaron 12 años de lo ocurrido en Curuguaty. Todavía, la disputa por la tierra es el último evento histórico-político que define nuestra realidad actual.

(Tomado de 16/7)