Por Alfredo Rada (*)
En Bangladesh, un país ubicado al sur de Asia, al lado de India, con una población de 172 millones de habitantes, lo que lo convierte en el octavo país más poblado del mundo, una “Ley de Sistema de Cuotas de Funcionarios”, que asignaba el 30% de los puestos gubernamentales a descendientes de combatientes de la guerra de independencia de 1971, causó multitudinarias manifestaciones.
Para entender el fondo del conflicto debemos remontarnos al momento en que nace la “República Popular de Bangladesh”, luego de liberarse de Pakistán a través de una insurrección popular, que se convirtió en una guerra de liberación en marzo de 1971 y acabó en diciembre del mismo año, con la retirada del ejército paquistaní del nuevo país. Bangladesh nació como un Estado con libertad religiosa, a pesar de ser un país mayoritariamente musulmán, lo que ha permitido la convivencia de las varias religiones que allí se profesan: islamismo, hinduismo, budismo, cristianismo.
Pero luego de la revolución, vino la institucionalización bajo formas democráticas representativas (Congreso, Poder Judicial, Gobierno electo), convirtiéndose en el partido político dominante la “Liga Awami” (o Liga Popular). Awami es un partido que nació en 1949 abanderando el nacionalismo bengalí laico, contrapuesto a la “Liga Musulmana” que era el partido de gobierno en Pakistán.
Con el correr del tiempo, una vez Bangladesh se independizó, Awami fue conformando gobiernos de centroizquierda, que no son ni conservadores religiosos pero tampoco socialistas.
Bangladesh vivió un período de turbulencia política, de golpes y contragolpes de Estado que daban los militares que primero consolidaron a la Liga Awami, pero que luego la derrocaron. Finalmente, en los años noventa, se estableció una democracia parlamentaria, en la que se elige en elecciones a los 350 miembros de la Jatiya Sansad (Parlamento) quedando el sistema político conformado por tres partidos: la “Liga Awami” (LA), el derechista “Partido Nacional de Bangladesh” (PNB) y el partido integrista islámico “Asamblea Islámica” (AI).
El año 2009, una burocratizada y aburguesada Liga Awami conquistó nuevamente el poder a través de elecciones, convirtiendo en primera ministra a Shekh Hasina Oajed, la hija mayor del fundador y primer presidente bangladesí, que fue Sheikh Mujibur Rahman. Por quince años Shekh Hasina se ha mantenido en el poder, ganando elecciones y negociando alianzas con sectores económicamente poderosos.
Precisamente la “Ley del Sistema de Cuotas de Funcionarios” era parte de una negociación con la dirigencia tradicional de Awami (que son precisamente las familias que lucharon por la independencia hace 53 años) que se ha convertido en parte de la oligarquía burguesa que domina la economía del país. A esa élite aseguraba la primera ministra con la Ley una participación permanente en el aparato estatal, lo que dejaba sin posibilidades de postular a decenas de miles de profesionales que no eran parte de familias poderosas.
Por esta razón la ley fue calificada como discriminadora y clasista, siendo rechazada en las calles por enormes multitudes, que al principio eran estudiantes universitarios, a los que se plegaron sectores populares que, conforme se caldeaba el conflicto, comenzaron también a demandar el fin del régimen de gobierno de la Liga Awami, así como la dimisión de la octogenaria primera ministra Sheikh Hasina. En medio de las protestas, intentando aprovecharse de ellas, están actuando militantes derechistas del PNB.
La brutal represión policial y militar ordenada por el gobierno ya ha causado 133 muertes. La ley ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia de Bangladesh, lo que es un gran triunfo de los movilizados, que aún no han suspendido las medidas de presión.
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
