Tomado de Semanario 20once, edición del jueves 25 de julio
Por Darío Rodríguez(*)
El Partido Nacional (PN) ha cimentado su poder fuera de Montevideo controlando buena parte de las Intendencias; administrando 15 de las 19. El mismo se afirma en la constitucional mayoría automática de cada Junta Departamental (JD), -eso facilita ignorar controles y a la oposición-, conducciones clientelares y fuertes caudillismos; muchas veces gente de poder económico que deviene en político y se maneja como patrón de estancia.
Hay otros ingredientes que facilitan la perpetuación de irregularidades, corrupción, nepotismo y otras prácticas poco saludables para la democracia. La ausencia de organización social de distinto tipo, oposiciones débiles, medios y comunicadores cooptados por los dueños locales del poder dan vida a los señores feudales que se instalan en las Intendencias desconociendo la separación de poderes y las practicas republicanas.
En varios Departamentos tenemos radios y/o canales asignados a correligionarios; fue prolífico, en la materia, el gobierno encabezado por el padre del actual inquilino de Torre Ejecutivo. En tales territorios, de hecho, hay un blindaje que se refuerza con la pauta que pone la respectiva Intendencia. Al ser ésta uno de los principales empleadores da enorme poder al que ocupa su Jefatura.
Con naturalidad se pudo observar en las recientes internas (práctica habitual) el uso de la maquinaria de Intendencias para sustentar candidatos, repartir canastas, materiales, etc.
En Artigas, en una suerte de intento de justificar la corrupción, se dice que Pablo Caram tuvo 10 mil votos en la interna; lo que es cierto. Lo que no se comenta es que montó una ingeniería que consistía en que funcionarios municipales abrieran listas, so pena, de ser despedidos. El montaje llegaba a familiares de trabajadores y así se multiplicaban los apoyos. Era uno de los mecanismos, hay otros.
Quienes viven en el interior comprenden con absoluta claridad por que los intendentes del PN se opusieran ferozmente al planteo del ex senador Adrián Peña para que los ingresos a las Intendencias fueran mediante sorteos o concursos. Era quitarles la “llave del reino”. Una vocinglera senadora oficialista admitía frente a otro episodio que había intendentes blancos que “tienen algunas cositas que tapar”. ¡A buen entendedor!
Sello propio
Lo que se vive en Artigas, tal vez esté expresado en forma grotesca. Estas formas de gestionar la “cosa pública” tiene, en general, el inconfundible sello del partido de Oribe y Luis Alberto de Herrera. Hay irregularidades, muchas, casos de corrupción, varios, y de nepotismo. No siempre sancionados.
Convengamos que los poderosos pueden contratar los mejores abogados y recibir condenas más benévolas. Un pobre no puede, a diferencia de la ex diputada Valentina Dos Santos, contratar al abogado y ex diputado Colorado Jorge Barrera. Justicia para pobres y para ricos. Ejemplos de gestiones irregulares, corruptas, abundan.
Un repaso de casos, no exhaustivo, puede dimensionar y abatir la idea de que “son episodios aislados” o “desvíos personales”.
En Maldonado, donde galopa la especulación inmobiliaria y los criterios lábiles de la Intendencia, en el 2018, según relata Caras y Caretas el pasado 17 de julio, el jefe Enrique Antía entregó en comodato una vivienda una vivienda a una conocida militante. La entrega obedecía, según se informa, a la situación de “vulnerabilidad social constatada”. La agraciada, vivía en Aiguá e instaló una peluquería en el centro de la capital. Por designación directa ingresó al Municipio de Punta del Este.
En el 2015 la mayoría de la JD voto que Antia pudiera ingresar hasta un 30% de personal mediante designación directa; dedo mágico. Todos señalan que la hoy funcionaria no está en situación de vulnerabilidad como pide la norma de la Intendencia. En Maldonado está irregularidad puede tomarse como algo menor. Varios casos fueron denunciados. El tema llegó a la Junta de Transparencia (JUTEP)
En su momento, antes de la anterior campaña electoral, se viralizaron audios donde el caudillo de Colonia, Carlos Moreira, actual intendente, pedía favores sexuales a cambio de becas. Dirigentes del PN, como la actual vicepresidenta de la República, cuestionaron con severidad al dirigente coloniense. Con la campaña electoral en ciernes, Moreira renunció al partido. Volvió a la Comuna, luego al partido. Es cierto que la fiscalía dijo que no surgían “elementos que permitan atribuir responsabilidades penales al denunciado, así como tampoco se cuentan con elementos para continuar con la indagatoria”.
El año pasado fue procesado sin prisión el ex intendente de Soriano Agustín Bascou. Este empresario hacía que la Intendencia “del departamento más fértil” les comprara combustible a sus propias estaciones de servicio. Bascou, en el 2020, había sido imputado con medidas cautelares por disponer de bienes que estaban prendados. En la oportunidad, -libretazo mediante-, vendió ganado que estaba de garantía por deudas al BROU.
La venta de terrenos de su propiedad a una empresa que se instalaría en Tacuarembó y el consiguiente pedido de declarar emprendimiento de “interés departamental” y el cambio de categoría de los mismos, expuso al empresario e intendente Wilson Ezquerra a una denuncia por presunta conjunción de interés público y privado. El terreno lo había comprado a 32 mil dólares y ahora lo colocaba a Ballintoy en 210 mil dólares.
Las explicaciones dada por el intendente dejaron mucho que desear. Una agrupación nacionalista pidió la intervención de la comisión de ética del PN.
Ahora la JUTEP investiga la contratación directa, en 37 ocasiones, de la empresa Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito, hijo y exesposo de Natalia Castellini secretaria personal del intendente de Florida Guillermo López.
Esto es un muestrario acotado. Abundan episodios de licitaciones amañadas, justificaciones, nepotismo, clientelismos, respaldos políticos, incluso en periodos electorales.
“compromiso con el pueblo”
Caram tuvo hasta ayer pleno respaldo del PN. “Todo Madrid” vio a la que sería la formula nacionalista bailar apoyando a Caram y su sobrina, Valentina. En un principio el Partido emitió un comunicado diciendo que los condenados no tenían suspendida la ciudadanía; inhabilitante para ejercer cargos. En las últimas horas, un anteriormente dolido Álvaro Delgado, le pidió la renuncia a Caram; con el que ayer andaba a los abrazos. El día de la Constitución, el inquilino de Torre Ejecutiva, que años atrás le dijo al alcalde de Bella Unión que había que blindar a Caram y lo apoyaba con calor, enmudeció ante los micrófonos. Siendo tan proclive a tales adminículos.
El intendente de Paysandú mencionó que la justicia fue “contundente” y que hubo una respuesta, “enérgica” del PN que nadie vio. Su Honorable Directorio había desestimado planteos del senador maragato Carlos Camy; Alianza Nacional. El funcionario sanducero fue más lejos al sostener en cámaras de canal 12: “diez pesos aparte lo personal: Pablo Caram es un hombre que quiero, lo estimo, lo aprecio y sé de su compromiso con el pueblo de Artigas, eso está fuera de discusión para mí”. El “compromiso con el pueblo”, en un departamento con 18% de pobreza, 11.2% de desempleo e informalidad del 54.5%, le costó a la gente, unos 11.4 millones de dólares (No todo ese monto era ilegítimo) Se hacían horas extras hasta por las dudas. Una vergüenza que lastima la democracia y la credibilidad en la política.
La gestión de la Intendencia de Paysandú no escapa a los cuestionamientos; tal vez el más relevante tenga que ver con la contratación de la correligionaria Fundación A Ganar. Ni que hablar de las prácticas de la JD. El intendente Nicolás Olivera no sabe si habrá afectación electoral. Eso parece ser lo que más preocupe.
Las criticas han arreciado. Varios actores, entre ellos el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, se han pronunciado. Díaz mencionó la importancia de saber cuál fue el destino de los millones de dólares cobrados.
El Partido Colorado elogió la actuación de sus ediles y pretende reflotar el anteproyecto del ex senador Adrián Peña. Asimismo, planteó otras sanciones políticas. Desde Cabildo Abierta, la exministra de vivienda, eyectada por adjudicar viviendas a sus correligionarios, ironizó sobre “los dueños de la moral que daban cátedra” y se “se llenaban la boca derramando mentiras”.
Desde la presidencia del FA, Fernando Pereira, expresó que “lo que hay detrás de este caso no es lo que dijo Álvaro Delgado, de irregularidades, hay delitos y gente que va presa por cometer(los) y que se le cambia la prisión por libertad vigilada”. Se mostró satisfecho por que la Fiscalía enfrentó el poder en Artigas que “es Caram y su familia”. Al juicio de Pereira sería buen momento para reflotar anteproyecto de Peña y otras iniciativas que hagan a la transparencia y al financiamiento de la actividad política. Estima que Lacalle Pou Herrera Brito del Pino tiene que explicar muchas cosas, entre ellas, el blindaje a su amigo Pablo Caram a quien acompañó en su reciente casamiento.
Nos quedamos corto
El oficialista diario El País, mudó de una posición más benevolente a otra más incisiva. En su editorial del pasado 21 de julio alegaba que “se veía venir. Existían demasiados comentarios y demasiados trascendidos en la Intendencia de Artigas que apuntaban a un manejo altamente desprolijo en esa comuna. Y por momentos lo de “desprolijo” quedaba corto”. El final, es lapidario y un mensaje para la interna. “La patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo; la patria no es el grupo de mercaderes y de histriones políticos que hace de las prerrogativas del ciudadano nubes que el viento lleva, y que se sientan hoy en donde se sentaban próceres y adalides en los tiempos heroicos de nuestra historia”. (…)… “El 10 de septiembre se cumplirán 120 años de la muerte de Aparicio, herido por una bala en Masoller. Es muy bueno, como blancos, recordar su ejemplo y los motivos de su lucha. Ayudaría mucho a muchos”.
Es paradójico que integrantes de la JD que tiene escasa relevancia, fueron los que dispararon las primeras denuncias. El FA realizó un trabajo conjunto entre sus curules y el diputado Nicolás Lorenzo.
Hay que discutir la institucionalidad de los gobiernos departamentales. La necesaria autonomía y las mayorías automáticas, fruto del acuerdo histórico entre blancos y colorados, que hoy sirve para sustraerse al Estado de derecho. Abandonar esa lógica que habilita que, tras dos periodos, los intendentes dejan un delfín, hacen una pasantía en la Cámara de Diputados y luego regresan a la Intendencia. Circulo perfecto.
Cierto laissez faire de las estructuras centrales dan marco al combo que, cada tanto tiempo, salta por los aires como aconteció en Artigas.
La literatura de Gabriel García Márquez, acuñó el término “Macondo”, lugar ficticio donde acontecen cosas extraordinarias. Artigas, por ejemplo.
(*) Darío Rodriguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat.
