Queda claro que este gobierno no cumplió con uno de sus buques insignia en la contienda electoral de 2019, la reducción del déficit fiscal, tal como prometió la Ministra de Economía. Si comparamos el déficit fiscal de 2019 con el que tenemos actualmente, no hay diferencia.
Si es cierto que, en los primeros años de este gobierno, se aplicó una reducción del gasto, recordemos el decreto 90/2020 que redujo el gasto en plena pandemia y sin pensar en la gente. Mientras el resto del mundo aumentaba el gasto público para atender la situación crítica de la pandemia, el gobierno uruguayo decidió la libertad responsable “arréglate como puedas”.
Esa rebaja del gasto, puede explicarse por la pérdida de poder de compra de los salarios de los funcionarios públicos y los jubilados, en plena pandemia ¡Terrible!
No se ahorra apretándole el cinturón a la gente, eso no fue ahorro, fue pérdida de calidad de vida. ¡Fue saqueo!
En la exposición en comisión del Director de OPP, referida a la situación de las empresas públicas, comentó como algo positivo que las mismas tengan hoy 3500 funcionarios menos.
No coincidimos con esa valoración: La disminución de número de funcionarios se traduce en por lo menos tres consecuencias:
• baja de calidad de los servicios,
• incremento en la contratación de empresas tercerizadas,
• pérdida de mercado a favor de empresas privadas, en los casos en que existe competencia.
Algo similar podría mencionarse en cuanto a la mejora de resultados de las empresas públicas, esto se explica por las restricciones aplicadas a la inversión
Para decirlo en forma directa, las restricciones de inversión que se produjeron durante este quinquenio, las deberá ejecutar el próximo gobierno, (salvo que el objetivo sea destruir las empresas públicas).
Ya supimos de situaciones como estas en 2005, cuando el Frente Amplio asumió su primer gobierno, y había problemas serios en el abastecimiento de energía eléctrica, había problemas serios con la producción de naftas con plomo, y así sucesivamente
Este gobierno no nos deja como herencia ningún ahorro genuino, por el contrario nos deja un déficit no contabilizado, porque se usan formas de contratación que quedan por fuera del perímetro fiscal.
Y los perjuicios no se limitan a deudas, también a decisiones, resoluciones altamente perjudiciales para el país, que afectarán toda la economía nacional, por ejemplo, la muy cuestionable extensión del contrato con Katoen Natie en el Puerto de Montevideo
Pero volviendo a las obligaciones que quedan comprometidas por fuera del perímetro fiscal, quiero decir, sobre todo para que quede en actas que bajo este tipo de contratos, como los contratos CREMAF que ha utilizado el MTOP, nuestros asesores económicos estiman que hay obligaciones que alcanzan a los 2 puntos del PBI. En la comisión integrada, como consta en VT, la directora de macroeconomía del MEF reconoció la deuda que quedará para los próximos años por obras inauguradas en estos años.
Por otra parte, y más allá de la discusión puramente contable o económica de esta RC, quiero introducir aquí un problema central y previo: no es posible la buena administración de los dineros públicos sin el correcto funcionamiento de los mecanismos de contralor.
Voy a referirme brevemente a la situación en que se encuentra el Tribunal de Cuentas, que es quien tiene competencia de contralor legal sobre toda la gestión relativa a la hacienda pública.
La actual dirección del Tribunal deriva de un acuerdo logrado entre partidos en 2017, que equilibraba la integración política entre la oposición y el oficialismo de la época. En aquel momento se integró por tres miembros del FA, dos del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y un miembro “neutral” con el apoyo de todos los partidos que fue la Cra. Susana Díaz.
Se trató de prevenir que el Tribunal fuera capturado por los intereses de una u otra corriente política partidaria. Pero la Cra. Diaz renunció, y como no se renovó la integración de autoridades en este período, fue sustituida por su primer suplente, el Cr. Linder Reyes, quien fuera Contador General de la Intendencia de San José, bajo el mandato de Juan Chiruchi, e identificado con el Partido Nacional.
Así las cosas se pasó de una integración equilibrada (3 FA, 3 PPTT, 1 neutral); a una integración oficialista (4 PPTT, 3 FA).
Hay decenas de casos en que los 4 miembros del actual oficialismo dejan pasar sin observaciones trámites que son señalados con problemas graves de legalidad por parte de los representantes del Frente Amplio en el Tribunal.
Cuando este tipo de situaciones se repiten, y la conformación no se encuentra equilibrada políticamente, se abre la puerta para una revisión posterior cuando existan mayores garantías!
Y voy ejemplificar en dos de los procedimientos asociados a contratos importantes, ya sea por monto como por sus implicancias para el sector que afectan en forma directa:
La subasta del espectro 5g y los proyectos por Iniciativa Privada en OSE: Neptuno y saneamiento en 61 localidades del interior
Subasta de espectro 5G
En el trámite de subasta del espectro de ondas 5G por parte de la URSEC, se incumplieron (o mal cumplieron) procedimientos que aseguran que se estaba haciendo el mejor negocio para el estado, y además que se garantizara una VERDADERA competencia entre los posibles oferentes.
Diversos funcionarios técnicos del Tribunal de Cuentas que intervinieron en el proceso, plantean que la determinación del precio no se encuentra fundamentada, registrando carencias en su objetividad. La propia Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria subrayó, oportunamente, que el informe de la DINATEL no era claro en indicar cómo y en cuánto incidían los factores ponderados para incrementar el precio, pudiendo resultar en un elemento a ser atacado por arbitrario.
Por otro lado, las condiciones que se impuso a las empresas en la instancia de precalificación pueden verse como un modo de asegurar la participación de algunas empresas y la prohibición para otras, de forma totalmente arbitraria.
Se impuso como condición para la precalificación, tener autorización de operación de comunicaciones móviles en nuestro país a la fecha de apertura, o -en su defecto- demostrar experiencia en el rubro en países latinoamericanos o europeos, y además contar con determinado límite mínimo de facturación anual y otros ratios de capacidad económica-financiera, que no estaban previstas para los operadores en territorio nacional.
¿Por qué no se consideró adecuada la experiencia de operación en un país asiático, por ejemplo?
¿Cuál fue el criterio para fijar el límite mínimo de facturación anual?
Por cierto, los beneficiados de esta forma de realizar la subasta fueron las trasnacionales que ya compiten con Antel en telefonía celular, nada de esto se informa en la RC, pero si se muestra cuánto invertimos los uruguayos en la infraestructura que después les adjudicamos a precios muy convenientes
A ver, ¿quién puede decir si alguna vez se ha visto tamaño barbaridad? Que una empresa invierta dineros públicos, de todos los habitantes del país, para que venga la competencia a usar las nuevas instalaciones!!!!! Solo en este gobierno pasan estas barbaridades, estos favores a “los amigos”!!!!
Y después el Sr. Presidente ordena que se mande los antecedentes de la construcción del Antel Arena a la Justicia por SEGUNDA vez!!!
El segundo ejemplo:
Iniciativas privadas en OSE: Arazatí y Saneamiento en 62 localidades
Hay tres elementos que estos dos proyectos tienen en común:
i) Implica la cesión de las políticas públicas de agua potable y saneamiento a privados, al contrario de lo que exige la Constitución. Fueron empresas privadas que vieron una oportunidad de negocio y lanzaron estas iniciativas.
ii) Ambas iniciativas incumplen las condiciones exigidas por el Decreto reglamentario de la Ley 17555, y es que la administración no tuviera ninguna idea o proyecto en elaboración para cumplir con el mismo objeto que la Iniciativa Privada que se presenta. En ambos casos OSE tenía avanzados proyectos para el aseguramiento de la provisión de Agua Potable en la Región Metropolitana, y contaba con estudios y planes directores para la extensión de saneamiento en el Interior. A esto último sumarle lo propuesto por el Plan Nacional de Saneamiento vigente y que fuera aprobado por el decreto 14/2020, que entra en contradicción con lo propuesto por la IP.
iii) Por último la repetición de las mismas empresas en las iniciativas, que al mismo tiempo contaron con información privilegiada, porque habían sido contratadas por OSE para estudiar las alternativas tanto para agua potable de la Metropolitana como para la extensión del saneamiento en el interior. Seguimos con los amigos!!!!
Voy a leer algunos pasajes de la fundamentación del voto en minoría en el Tribunal de Cuentas sobre la Licitación de la IP de Saneamiento, respecto a la ausencia de análisis exhaustivo de eventual posición privilegiada :
“Es notorio que desde larga data existen diversos estudios relacionados con el propósito de mejorar la cobertura de saneamiento nacional, entre ellos:
• Estudio de factibilidad de 75 localidades del Uruguay, 2004-2005, TAHAL-SEINCO (varias de esas localidades se encuentran dentro del Proyecto);
• Plan Director de Agua Potable de Montevideo, 1999, SOGREAH-SAFEGE-CSI;
• Proyecto Ejecutivo de saneamiento, pluviales y calles de Ciudad de la Costa, SAFEGE-CSI;
• y podríamos seguir!”
.
Según demuestra la fundamentación del voto FA en el Tribunal de Cuentas, éstas dos consultoras: Seinco y CSI, tiene estrechos vínculos con las empresas que componen el consorcio, que propone las iniciativas privadas
Sigo con el dictamen del Tribunal de Cuentas:
“Existe una alianza estratégica entre las firmas FAST y SEINCO (según figura en la página web de la consultora SEINCO).
Y surge de la página web de la empresa CSI, la existencia de un holding entre CIEMSA y CSI (también publicado en la web); se debió analizar la eventual configuración de posición privilegiada de parte del consorcio conformado por SACEEM, CIEMSA, Teyma y FAST, al momento de la presentación de la iniciativa privada al amparo de la Ley 17.555…”.
—.
En el asunto que ahora nos ocupa, el vínculo también se daría doblemente (CIEMSA-CSI y FAST-SEINCO) tal como se mostró más arriba. A su vez, tanto la firma SEINCO como CSI sí participaron de estudios previos que hacen directa o indirectamente, residual o significativamente, a la solución pretendida por la iniciativa privada presentada.
Es evidente entonces que la conclusión a la que arribó la mayoría (del Tribunal) contradice los antecedentes de consultorías relevados (—) y eventualmente al propio punto 4.2 del pliego que reza que “Un Licitante no deberá presentar conflicto de interés. Si se considera que los Licitantes presentan conflicto de interés serán descalificados.
Considerando que las empresas que integran los consorcios que presentaron estas dos Iniciativas Privadas (Arazatí y Saneamiento) son casi las mismas en ambos casos, estamos ante un beneficio repetido porque NO se ejercieron los controles sobre la posición privilegiada que sustentan estas empresas.
La administración ha violado las garantías que otorgan los procedimientos que impone la normativa.
Pero después en la prensa los integrantes del gobierno hacen discursos sobre el supuesto rigor y cuidado que pusieron en el cuidado de los dineros públicos.
Leo algunas frases del comunicado de prensa del MEF emitido a raíz del envío, justamente, de esta Rendición de Cuentas
• “Se prioriza el cuidado de los dineros públicos para atender las urgencias y prioridades del período”. En vista de lo del departamento de Artigas
• “Ese buen manejo de los dineros públicos, también permitió al gobierno …La asignación de recursos para áreas prioritarias y los mayores gastos para enfrentar las distintas crisis, se hizo de forma ordenada, prudente y focalizada”. Por fuera del Perímetro pero vaya y pase, se olvidó de avisar la Ministra.
Para cerrar mi intervención voy a referirme nuevamente al estado de deterioro en que el próximo gobierno encontrará la administración de OSE:
El informe de seguimiento de OPP, sobre las finanzas de OSE de junio de este año, advierte claramente a las autoridades de OSE que, de continuar con la situación actual, la OSE va a tener resultado negativo a fin de año!!!!!
Cito textual de la Nota 021/C/24 de OPP:
“OSE estaría finalizando el año 2024 con un déficit global de aproximadamente 1115 millones de pesos, consecuencia de una caída en los ingresos pero –fundamentalmente– de un aumento en los niveles de compra de bienes y servicios por más de 2000 millones de pesos(…). El resultado global proyectado está dando una diferencia respecto al valor acordado, de aproximadamente 68 millones de dólares.” “Estos incrementos de gastos no se condicen con los promedios históricos y no cumplen con lo acordado con esta Oficina para el año en curso, ni con lo informado en el Parlamento en el año 2023. Asimismo, no son sostenibles con los ingresos proyectados para 2024 (…)”
En respuesta a esta demanda de OPP a OSE, los Gerentes de Planeamiento y Financiero de OSE elaboran un informe unos días después: concluyendo que OSE debe recibir fondos frescos por 30 millones de dólares para hacer frente al gasto corriente de 2024. Dicho en términos más simples, OSE ha debido salir a pedir préstamos para poder pagar los gastos inmediatos, del día a día, para pagar a los acreedores y los salarios.
Es ardua la forma de redacción de estos informes , son informes técnicos, pero lo que queda claro que OSE está sin caja y que va sobrevivir hasta fin de año con préstamos. Sra Presidenta, Vaciaron esta empresa pública quienes venían a cuidar el dinero de los uruguayos
Esa es la situación de manejo responsable de los dineros públicos de este gobierno. Y después nos vienen con informes de lo fantásticas que están las cuentas y el manejo profesional que hicieron. ¡Por favor! ¡Qué chiste!
¡Quiero que quede en actas! Porque el año que viene, los mismos que hoy han obviado todas las garantías de los procedimientos legales y dejan a las empresas públicas en una situación crítica, van a venir a reclamarle al próximo gobierno, por más obras, por más servicios o por el abatimiento del déficit.
El próximo gobierno tendrá que enfrentar otra vez la tierra arrasada que deja la coalición de gobierno, el despojo sistemático de nuestras empresas públicas y el uso irresponsable de los dineros de todas y todos los uruguayos.
