Por Christian Adel Mirza(*)
El año pasado nuestro candidato Yamandú Orsi se hacía esa pregunta. Precisamente de eso se trata el futuro del Uruguay: observar y analizar el estado actual y fundamentar con razones sólidas la necesidad de un retorno del Frente Amplio al ejercicio del gobierno. Desde el inicio de la gestión de la coalición de derechas quedó –de modo inconfundible y explícito– la motivación por favorecer a los “malla oro”.
Más allá o más acá de fracasos, impericia, ausencia de escrúpulos y un halo de corrupción que tiñó la actual gestión pública, los resultados han demostrado la inclinación clasista de la administración de Lacalle Pou. Ni la pandemia, ni las sequías y las guerras en el contexto internacional, pueden justificar plenamente los magros resultados en varias arenas de política pública. Las orientaciones económicas, que dejan como resultado un déficit fiscal alto, un incremento de la deuda pública y la baja performance en términos del crecimiento del PBI, aumento de la pobreza en todos los tramos etarios y un nivel de desigualdad mayor que al inicio del gobierno de derechas, son evidencias y argumentos plausibles para volver.
Los datos de todas las encuestas arrojan una intención de voto muy favorable al Frente Amplio y faltando menos de tres meses, la posibilidad de un triunfo es cada vez más alta. Aún no iniciada la campaña más intensa, los candidatos se perfilan y generan en la población más o menos adhesión, sobre la base de la confianza y la legitimidad. La honestidad y ética intachable de nuestra fórmula Ossi – Cosse está muy por encima de cualquiera de las otras opciones. Sobre esta base, el programa común trazado por el Frente Amplio y su correlativo Plan de Gobierno explicitan los caminos que se habrán de recorrer en los próximos años. Ante la pregunta clave ¿para qué gobernar?, las claves cruciales refieren a la necesidad imperiosa de transitar por un crecimiento económico sostenido que no descuide ningún sector y se sustente en la defensa de los intereses nacionales.
El objetivo es inequívoco: la generación de bienestar es el indicador por excelencia. En esta dirección, en materia de políticas sociales, los desafíos son enormes, pero no imposibles de enfrentar: a modo de ejemplo, la sensible disminución de la pobreza y especialmente de la pobreza infantil; la eliminación de la desnutrición y malnutrición; el apoyo sostenido y de proximidad a las familias vulnerables; la atención adecuada y eficaz de las personas en situación de calle; el despliegue de intervenciones efectivas para las personas privadas de libertad (especialmente las madres con hijos a cargo) y la promoción de políticas de prevención en cuanto a la seguridad ciudadana; la protección y resguardo de los derechos de las infancias y adolescencias. Estas son apenas algunas de las urgencias que responden a la pregunta inicial y en ese sentido, el papel del Ministerio de Desarrollo Social debería repensarse, no exclusivamente como “Ministerio de la pobreza”, sino como articulador de políticas públicas de amplio espectro. Desplegar una estrategia de coordinación intersectorial, revigorizando los instrumentos y ámbitos institucionales a nivel nacional y subnacional, constituye una necesidad, de modo que la sinergia de las políticas públicas obtenga impactos sostenidos y profundos.
Gobernar para reformular el sistema de protección social orientado a una simplificación y unificación progresiva del conjunto de transferencias monetarias; retomar las intervenciones multidisciplinarias en el territorio; resignificar la dimensión de la promoción social de las políticas sociales; fortalecer el sistema educativo con más y mejor inversión; implementar planes de vivienda y hábitat con el fin de reducir sensiblemente los asentamientos precarios y elevar el salario de los más sumergidos, mejorar la calidad de la atención sanitaria, son algunas de las respuestas que responden la pregunta del título.
Gobernar para el pueblo, gobernar para revertir la tendencia a la pauperización, gobernar para brindar empleo de calidad y salario justo, gobernar para generar seguridad a toda la ciudadanía, gobernar por un país más igualitario, que cuide a sus niños, niñas y adolescentes, gobernar para los adultos mayores y una jubilación decente y digna, gobernar para asegurar el mejor y mayor bienestar para todos y todas, sin exclusiones ni olvidos. En suma, gobernar para que nuestra democracia se consolide y profundice, con participación ciudadana, con crecimiento económico y redistribución, con esperanza y alegría, con seriedad y compromiso, con transparencia y honestidad.
(*) Christian Mirza es profesor e investigador de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR)
