Por Carlos Fazio (*)
Dibujo Adán Iglesias Toledo (**)
A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, Venezuela se encuentra en estado de paz y calma relativos, no obstante los intentos desestabilizadores de EU, responsable último del sabotaje realizado el 30 de agosto en contubernio con agentes de la extrema derecha local, contra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), que pretendía inutilizarla de manera permanente y dejar sin electricidad vastas zonas del país, incluida Caracas, la capital.
Ubicado en el estado Bolívar, el embalse de Guri es la principal fuente eléctrica en Venezuela. Dicha infraestructura sufrió una combinación de ataques electromagnético y cibernético en 2019, en el marco de la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” del país (sin ningún conteo de actas, por cierto, y ningún gobierno “democrático” de Occidente protestó), dejando sin el servicio al 80 por ciento del país durante varios días.
Como parte de una guerra asimétrica sin reglas ni campo de batalla, el ataque criminal al Guri −el mayor registrado en la historia contra esa central hidroeléctrica− forma parte de las acciones encubiertas de Washington, concebidas como una estrategia más amplia que se despliega en múltiples frentes contra Venezuela.
Uno de esos frentes, denunció el 28 de agosto el embajador Samuel Moncada, representante venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue la acción encubierta de EU en el sistema electoral “como técnica del golpe de Estado en 2024”. Durante su intervención en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional local, Moncada dijo que junto con otras medidas coercitivas abiertas y públicas, la acción encubierta de Washington el día de los comicios buscaba no sólo frustrar y desestabilizar el proceso electoral, sino que “derrocar” al Consejo Nacional Electoral.
Propia de la guerra cibernética, la intervención de Washington en los comicios venezolanos incluyó dos aspectos claves de las operaciones secretas, que según la Directiva 10/2 del Consejo de Seguridad Nacional de EU (establecida en 1948), se caracterizan por su planificación y ejecución diseñadas para ocultar la identidad del patrocinador o permitir una negación plausible de su participación: la injerencia y la subversión.
La injerencia extranjera se define como la intromisión de un país en los asuntos de otro, generalmente sin autorización y con la intención de desestabilizarlo y/o dominarlo. En tanto que la subversión se refiere al intento de derrocar estructuras de autoridad de un gobierno o Estado −el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela en el caso de marras−, a través de la erosión de las bases institucionales y al margen de la Constitución del país, y la creación de conflictos sociales.
Cuando la acción subversiva se ejecuta contra un gobierno −como el de Nicolás Maduro ahora−, su intención es ayudar con asesoría, financiamiento y apoyo político y moral desde el exterior, a grupos, organizaciones y partidos políticos e individuos, y promover su derrocamiento con acciones urbanas violentas y destructivas, como las protagonizadas el 28 de julio y los dos días siguientes a los comicios con la excusa del “fraude”, por bandas paramilitares neofascistas al servicio de María Corina Machado y su testaferro, Edmundo González.
Moncada afirmó que la operación contra el CNE para favorecer a Machado y la ultraderecha vernácula fue financiada por la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID), siguiendo el patrón utilizado por Washington en las “revoluciones de colores” (golpe blando) en Serbia, Georgia y Kirguistán, y también en el Euromaidán de 2014 en Ucrania, así como en los pasados comicios mexicanos para favorecer a la alianza opositora de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), lo que motivó una carta de protesta diplomática del presidente Andrés Manuel López Obrador al Departamento de Estado de EU.
Según Moncada, en el golpe de Estado continuado contra los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro en Venezuela (2002-24), la estrategia estadunidense ha consistido en una “operación de influencia” que “explota el proceso electoral con sus agentes locales para destruir la fuente de legitimidad de las autoridades”.
Dicho plan ha empleado una combinación de tácticas que involucran operaciones sicológicas, espionaje, sabotajes económicos y sanciones coercitivas extraterritoriales ilegales (con “listas negras” de funcionarios), guerra mediática y en redes, intentos de magnicidio, guerra urbana paramilitar, robo de aviones, ataques cibernéticos e incluso la implementación de un sistema paralelo de tabulación de votos, como el esgrimido por Machado y González, diseñado con fines de desestabilización desde el exterior, al que han adherido los regímenes vasallos de Washington de Europa y América Latina. El fin último de estas acciones sería sustituir al CNE, con un sistema ad hoc paralelo al servicio de la oposición, comprometiendo así la integridad del proceso democrático del país.
En sus variables de guerra no convencional, híbrida o de cuarta generación, la propaganda negra, gris o blanca y el engaño y la mentira son instrumentos clave para generar determinada percepción de los hechos. Pero lo más novedoso es que la guerra de información ya no es un complemento de objetivos militares más amplios, sino que se ha convertido en un fin en sí misma. Desde ese punto de vista, adueñarse de una narrativa simplista que evita la argumentación y explota lo emotivo, el miedo al otro y los prejuicios, es fundamental para fabricar e imponer una determinada percepción de “victoria” (virtual) sobre la realidad “real”. Un ejemplo es la supuesta “victoria” del opositor Edmundo González en los comicios del 28J, multiplicada a través de una amplia alianza ideológica occidental e impuesta en EU, Europa y América Latina a través de los medios de difusión masiva hegemónicos. Así, la manufacturación de una “realidad” falsa o imaginada ha tenido prioridad sobre la configuración de la realidad sobre el terreno.
La doble moral de los gobiernos europeos y latinoamericanos alineados con EU en el escenario de desestabilización pos-28J en Venezuela −que busca un ‘cambio de régimen’ con la mira puesta en el petróleo y otros recursos geoestratégicos venezolanos bajo el camuflaje de la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos−, queda exhibida con las recientes elecciones francesas, donde los poderes fácticos no sólo se niegan a aceptar su derrota, sino que buscan, mediante recursos técnicos y narrativos, desacreditar a los triunfadores de La Francia Insumisa, de Jean Luc Mélenchon, que lideró el Nuevo Frente Popular que formó un “frente republicano” con el partido de Emmanuel Macron bajo la premisa de la “lucha contra el fascismo”. Macron usó a la izquierda para ganar tiempo y preservar el poder ante la inminente amenaza de una victoria de la neonazi Agrupación Nacional de Marine Le Pen, para luego socavar su legitimidad y retomar el poder por vías extrapolíticas en desmedro del voto. A 50 días de disolver la Asamblea Nacional, Macron se niega a nombrar un primer ministro izquierdista pese al veredicto de las urnas y el mandato constitucional. Ergo, cuando pierde, la derecha se niega a ceder el poder; o como en los casos de México y Venezuela, grita “¡fraude!”. Sólo, que, en ese último país, con o sin actas, lo que quiere EU es el petróleo.
(*) Carlos Fazio, escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones
(**) Prof. Adán Iglesias Toledo, Director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero.
