Por Rolando W. Sasso(*)
Al tiempo que redoblan los chisporroteos electorales, se discuten candidaturas, ministros, programas y primeras medidas, surgen noticias de los Derechos Humanos que con urgencia reclaman respuestas.
El pasado martes 24 de setiembre conocimos la identidad de los restos hallados el reciente 30 de julio, en el batallón nº14. Lo habían detenido en su casa del barrio La Blanqueada el 14 de junio de 1977 y desde entonces sus familiares lo estaban buscando, con ayuda del grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Son los restos de Luis Eduardo Arigón Castel informaron en conferencia de prensa la antropóloga Alicia Luciardo y el fiscal en crímenes de Lesa Humanidad, Dr. Ricardo Percibale.
Arigón fue un militante social y político torturado y asesinado por oponerse a la dictadura, en el centro de detención clandestino La Tablada y luego llevado al enterramiento en el batallón 14 de Toledo.
En esos años aún no se hablaba de desaparecidos, no existía el concepto aunque se aplicaba salvajemente en ambas márgenes del Plata. Entre 1975 y 1979 fueron encontrados 31 cuerpos en costas uruguayas, la mayoría siguen sin identificarse. Fueron enterrados como “NN” y allí quedaron.
Era usual que los familiares de los nuevos detenidos desconocieran su paradero hasta el tiempo que se tomara el juez militar (una semana, dos semanas, un mes, tres meses…) o cuánto tiempo más de interrogatorios requiriera la investigación en curso. No había garantías de ningún tipo.
Ya han pasado casi 50 años en esta búsqueda y aún sigue costando tanto dolor. Tal vez sea el momento para reflexionar un poco sobre el tema buscando una salida que no incluya la declaración de “Operación Zanahoria” (por falsa) de los tiempos del gobierno de Jorge Batlle.
No ha de saldarse el tema con la muerte de los actores, pues los hechos por su gravedad siguen presentes hasta que se conozca toda la verdad. Como en España que aún siguen apareciendo tumbas colectivas de fusilados en la guerra civil y durante la dictadura de Francisco Franco.
Es cierto que en Uruguay hay un centenar de oficiales procesados (muchos con pena domiciliaria) por casos de violaciones a los Derechos Humanos y que varios han muerto, pero aún quedan algunos de los que saben dónde están y se niegan a decirlo.
Son los altos oficiales los responsables, los que saben y deberían hablar; acaso algún soldado de los que hicieron el trabajo sucio en el S2 (servicio de inteligencia) y fue testigo de tortura, asesinato y enterramiento clandestino. Convengamos que los oficiales no hicieron los pozos que sirvieron de tumbas, allí trabajaron los brazos de algunos soldados rasos. Pero mayoritariamente son los altos oficiales los que ocultan los secretos de aquellos años.
Ya lo hemos dicho: acá no se va a torturar a nadie para arrancar alguna confesión como hicieron ellos, solamente se trata de dar una orden desde presidencia y desde el ministerio de Defensa para saber cómo, cuándo y dónde fue posible materializar tanto odio. Y si los generales no acatan la orden del Comandante en Jefe de turno (como hicieron durante la presidencia de Tabaré Vázquez), el Ejecutivo tiene instrumentos para hacerse valer: degradación y baja con todo lo que implica…
Respecto a la orden de revelar el paradero de los desaparecidos, el ministro Castaingdebat Colombo esgrime la interrogante de por qué se le hace el reclamo a este gobierno y no a los anteriores. El ministro desconoce el pedido de emitir la orden reclamada hace años por Familiares de Detenidos Desaparecidos, sin obtener respuesta. Por lo pronto algunos dirigentes del Frente Amplio ya han expresado su voluntad de que se efectivice la orden: “va a estar, no hay duda de que va a estar y va a tener el apoyo del Parlamento,” dijo Rafael Michelini.
(*) Rolando Sasso es fotógrafo, Periodista y escritor. Tiene en su haber varios libros de profunda investigación periodística sobre el accionar histórico del MLN-T
