Por Alfredo Rada (*)
En las más importantes ciudades argentinas, se realizaron grandes marchas de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de las Universidades Públicas.
Fueron convocadas por la Federación Universitaria Argentina, que es la organización estudiantil, y por el Consejo Interuniversitario Nacional, que es la entidad representativa de las autoridades rectorales. Lograron el apoyo de las confederaciones sindicales obreras, de partidos de izquierda y de organizaciones de derechos humanos, bajo la aglutinadora consigna de que “la defensa de la educación es la defensa del futuro del país”.
Las marchas demandaron que el Congreso Nacional rechace el veto del presidente Javier Milei a la “Ley de Financiamiento a las Universidades”, que fue aprobada hace una semana y que declara emergencia presupuestaria en el sistema universitario, para evitar más recortes de recursos económicos que ocasionen despidos de profesores o el cierre de admisión de nuevos estudiantes.
¿Qué es el veto presidencial? Es un mecanismo fijado por la Constitución argentina, pensado para establecer pesos y contrapesos en el sistema político, y en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Consiste en la atribución que tiene un gobernante para rechazar total o parcialmente el contenido de una ley aprobada por el Congreso. En tal caso, la ley retorna al Congreso que puede insistir en su aprobación -rechazando por tanto el veto- pero debe hacerlo por dos tercios (mayoría calificada) de los legisladores presentes en ambas cámaras (diputados y senadores).
Fue acudiendo al veto como Milei se deshizo, al menos por un año, de una “Ley de movilidad de las pensiones jubilatorias”, que preservaba el valor de las rentas que perciben los adultos mayores que se acogieron al retiro laboral. El neofascista, en el mes de septiembre, la vetó y devolvió al Congreso, donde necesitaba 85 votos de diputados (un tercio del pleno) que respalden su veto; consiguió 87 con los que propinó una derrota a la oposición política y a las movilizaciones de los pensionistas, a quienes además la policía reprimió violentamente, por órdenes de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.
Luego de la votación legislativa, a modo de agradecimiento, Milei ofreció una cena a los diputados que respaldaron su veto, filtrándose fotografías de la reunión en la Mansión Presidencial de Olivos, que generaron nuevas protestas porque en ellas se veía a la “casta política” dándose un banquete, mientras la pobreza y la indigencia se disparan en el país.
Ahora Milei se confronta con las Universidades, a las que el gobierno ya ha recortado sus ingresos fiscales, al punto de que no podrán pagar sus planillas de salarios completas a los docentes, o tendrán que eliminar programas de investigación y especialización, o despedir trabajadores de servicios. De eso se trata el programa de ajuste, de eliminar por vía forzosa los derechos sociales, en este caso el derecho de millones de personas a la educación pública y accesible económicamente.
El discurso oficialista, que cada vez tiene menos legitimidad en la sociedad, niega que cuando existe una necesidad social nace un derecho -que es la base filosófica del planteamiento de la Justicia Social. La ultraderecha en el gobierno sostiene que el costo de ese derecho social alguien lo va a pagar con sus impuestos, lo que, según su razonamiento ultraliberal e individualista, no es justo. Javier Milei en Argentina -como Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia y Bolsonaro en Brasil- logró ganar mucha adhesión atacando cualquier práctica de solidaridad y redistribución social: que los que poseen mucho contribuyan, con impuestos de tipo progresivo, para los que menos tienen. Pero ahora que viene aplicando su “motosierra” sin lograr resultados de verdadero control de la inflación y mejoramiento de la economía, gran parte de ese respaldo se le comienza a ir.
Las marchas universitarias, al reivindicar la defensa del derecho a la educación, son una nueva muestra del rechazo al ajuste económico antipopular del gobierno.
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
