Por Alfredo Rada (*)
El ex presidente boliviano Evo Morales sobrevivió a un intento de magnicidio, luego de que un grupo armado que no vestía uniformes abrió fuego contra dos vehículos, en uno de los cuales se transportaba Morales hacia una entrevista televisiva en Villa Tunari, una ciudad ubicada al centro de Bolivia, a medio camino entre Cochabamba y Santa Cruz. El atentado, ocurrido a las 6:20 de la mañana, dejó un saldo de dieciocho impactos de bala en ambos automóviles, un chofer herido en la nuca por una bala que le rozó ante de impactar en la carrocería, varios proyectiles que pasaron cerca de Morales y rompieron el parabrisas frontal.
La noticia inmediatamente causó revuelo internacional, ya que no es poca cosa un atentado contra uno de los ex presidentes latinoamericanos más conocidos. Desatado el escándalo, vinieron como catarata las condenas del hecho, exigiendo su esclarecimiento y el castigo a los culpables, por personalidades de izquierda de toda América Latina: la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, el ex presidente de Uruguay, José Mujica.
Hoy en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sumó al clamor internacional, afirmando: “Por supuesto que condenamos el hecho, nuestra solidaridad con Evo Morales y siempre un llamado a evitar la violencia, que sea la paz y la definición política; la política está para eso, para evitar la violencia”.
Ante tal condena internacional, sumada a la precaria situación interna en que se encuentra su gobierno por el contexto de protestas campesinas, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, tuvo que ordenar una rigurosa investigación.
Ayer domingo, cuando aún había bastante confusión, los indicios apuntaban a que se trató de un operativo realizado por la Policía, cuya cadena de mando la encabeza el ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Del Castillo es un poco sereno colaborador del presidente boliviano, que se ha convertido en una pieza fundamental del aparato de seguridad y represión estatal, pero precisamente por ello hoy está en el ojo de la tormenta, pues en Bolivia lo ven como el autor intelectual del fracasado operativo.
Hoy, pasadas 36 horas del hecho, el ministro por fin apareció en una conferencia de prensa, en la que se esforzó por tejer una narrativa oficial, asegurando que se trató de un retén policial que el vehículo en que iba Morales no respetó, y que fue por tal motivo que los policías hicieron uso de sus armas. Con esta declaración, el ministro hizo caer cualquier especulación sobre un “autoatentado”, que su propio viceministro de seguridad ciudadana, Roberto Ríos, había deslizado en una declaración a medios de información ayer.
En vez de explicar, Del Castillo complicó aún más la situación del gobierno, abriendo varias preguntas: ¿Por qué, si era un retén policial ordinario, los policías vestían de civil y tenían armas largas de grueso calibre, con los que pudieron ocasionar tanto daño a los vehículos?, ¿Por qué, si el gobierno ya tenía esta información, tardó un día y medio en pronunciarse, sabiendo que, en estas cosas, minuto que pase significa menor credibilidad?, ¿Por qué, si la intención no era detener a Evo Morales y sólo era un control de rutina, tenían preparados helicópteros para un rápido traslado?
Sin dar mayor importancia a esta frágil versión gubernamental de los hechos, la reacción social al atentado llevó a una mayor radicalización de los bloqueos campesinos contra el gobierno de Luis Arce. El número de cortes de ruta subió de ayer a hoy, mostrando un panorama de mayor malestar en las ciudades donde ya se siente el desabastecimiento de productos, algo que el gobierno se niega a resolver mediante la negociación con los manifestantes, ignorando el pedido de “diálogo sin condiciones”, que el día de hoy hicieron los dirigentes campesinos que forman el “Estado Mayor del Pueblo”, la entidad que convocó a la medida de presión.
Por otra parte, la carta de fuerza que pretende usar Luis Arce, decretando un Estado de Sitio y sacando a los militares a las ciudades y a las carreteras, se complica mucho más ya que las adversidades políticas aumentaron con el fallido magnicidio.
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
