EE.UU. ya tiene 76 bases militares en Latinoamérica y va por más. La intervención desmedida amenaza ecosistemas, soberanías y arrastra a la región a una imprudente confrontación con Rusia y China.
Por Alfonso Insuasty Rodríguez (*)
Entre abril y junio de 2024, sucedió una noticia cuyas implicaciones pasaron inadvertidas para muchos medios. Se reactivó la llamada Misión Naval Southern Seas 2024, liderada por Estados Unidos, en la que oficiales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, compartieron un viaje a bordo del USS George Washington, un portaaviones nuclear del Comando Sur. El pretexto: una acción en favor de la «protección ambiental» y “lucha contra la criminalidad transnacional”.
De fondo, su verdadera intención era otra: consolidar su control militar en la región.
Un eslabón significativo que expone cómo la carrera militarista de Estados Unidos puede arrastrar a Latinoamérica a una imprudente confrontación global contra China y Rusia, entre otros males. Un escenario que afecta sus economías, sus valiosos ecosistemas y sus comunidades.
Desgraciadamente, esta historia no comienza aquí con la Misión Naval Southern Seas. Y tampoco acaba.
Bases militares en Ecuador y la expansión del control militar
Allí donde uno mire en Latinoamérica, verá huellas militares de Estados Unidos. De las más de 800 bases militares que tienen en el mundo, 76 están en la región. Y, se estima, seguirán creciendo.
En Ecuador, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa presentó un proyecto para reinstaurar bases militares estadounidenses en el país, algo que generó críticas por los impactos ambientales en los ecosistemas marinos y en las comunidades pesqueras locales. Además, por supuesto, de la entrega de la soberanía. No era la primera vez.
Entre 1999 y 2009, Estados Unidos instaló una base para, se suponía, combatir el narcotráfico en la ciudad de Manta. La oposición señaló que esta base en su territorio era, en verdad, un enclave ilegal de militares estadounidenses que gozaban de inmunidad.
La presencia de militares en Manta generó, según versiones, el desalojo de familias campesinas, el hundimiento de barcos pesqueros y la desaparición de pescadores, detención de buques con migrantes, limitaciones a las faenas de pesca por supuestas razones de “seguridad” y un riesgo evidente para las poblaciones cercanas a los polígonos de tiro. Ecuador no fue el único testigo de bases de operaciones estadounidenses operando en su propio terreno.
Acuerdos militares con Chile, y una base naval en Patagonia, Argentina
En agosto, en el desierto de Atacama, 200 miembros del ejército estadounidense capacitaron a 400 militares de Chile y Argentina, en el marco de ejercicios llamados Southern Fénix 2024. Allí, además, estrenaron el sistema de cohetes M 142 HIMARS. La operación fue el prólogo de algo más contundente: la firma de un acuerdo de 106 puntos entre el Ejército de Estados Unidos y el de Chile, en el que pactaron, entre otras cosas, capacitación militar de parte de EE.UU. y ejercicios de entrenamiento bilaterales y multinacionales, como el que tuvo lugar en el desierto de Tarapacá, donde por primera vez se desplegaron los sistemas de artillería M142 HIMARS en América Latina.
Mientras tanto, en abril, el presidente de Argentina, Javier Milei, realizó un viaje inesperado de 3.000 kilómetros a la ciudad Ushuaia, en la Patagonia, que llamó la atención de medios y la oposición. Allí, en el fin del mundo, se reunió con la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Milei, con ropa de guerra, reafirmó su compromiso con la alianza estratégica con EE.UU. en defensa de, según dijo, «la vida, la libertad y la propiedad privada». Y anunció la construcción de una base naval conjunta en Ushuaia, un gasto que ya incluyó Milei para el presupuesto 2025.
“Estos acuerdos son vergonzosos”, subraya Pablo Ruiz, del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile, en una entrevista concedida al medio alternativo digital Pressenza. “Para nosotros es una vergüenza que Chile, que su ministra de Defensa y que el Gobierno se reúnan y firmen acuerdos militares de “cooperación” con el Comando Sur, con Estados Unidos, que es uno de los principales responsables del golpe de Estado en Chile. Es una vergüenza, además, porque Estados Unidos sigue siendo el mismo de antes, el que ayer conspiró contra Salvador Allende, que entrenó a los agentes de la DINA y la CNI, hoy sigue conspirando y atacando a naciones hermanas. Sigue la militarización del mundo, siguen las guerras y Estados Unidos es responsable”, enfatizó.
Isla Gorgona, una reserva natural en jaque por una base militar
Uno de los casos más alarmantes del paso de la militarización estadounidense en América Latina es la Isla Gorgona, en Colombia: 61.685 hectáreas de área protegida, hogar de 381 especies de peces, 155 de aves, 35 de reptiles, siete de anfibios y 430 tipos de plantas. Este santuario natural está bajo amenaza. El motivo: la construcción de una base militar estadounidense.
En el 2015, otorgaron una licencia ambiental para el proyecto, financiado por la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos, en tiempo récord. Un proceso que suele demorar meses y meses, aquí le dieron permiso en apenas 29 días.
La construcción de la base militar incluye un muelle de 170 metros y una torre de comunicación, con innumerables riesgos potenciales para la fauna local. Y todo ello sin, como exige la ley, consultar a las comunidades afectadas. Afortunadamente, no salió tan rápido como preveían.
Gracias a la lucha de pobladores y organizaciones ambientales, se logró que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara convocar, previa a la instalación de la base, a las comunidades étnicas para una consulta previa. La construcción está suspendida a raíz de esto desde 2023. Sin embargo, los compromisos de seguir adelante con la base continúan vigentes. El final aún está abierto.
¿Todo por el medio ambiente?
La amenaza militar sobre la Isla Gorgona se enmarca en un proyecto más ambicioso. El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical: 500.000 kilómetros cuadrados de océanos que incluyen una de las zonas de mayor diversidad biológica del planeta que Washington tiene en la mira. Para ello logró firmar un acuerdo multilateral con los gobiernos de Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador con el fin de, supuestamente, apoyar una estrategia para la conservación marina, que incluye financiamiento y seguridad.
Lo preocupante es que, como en otras ocasiones, el discurso ambientalista y de lucha contra las drogas esconde intereses militares y de control regional, especialmente en un contexto de creciente competencia global y la emergencia de un nuevo orden multipolar.
El mayor emisor de gases de efecto invernadero: el Ejército de EE.UU.
La militarización en América Latina no solo incrementa las tensiones geopolíticas, por si fuera poco también acelera la crisis climática. Las fuerzas armadas de Estados Unidos son uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero.
En 2022, el gasto militar mundial alcanzó los 2,24 billones de dólares (SIPRI), cifra que contrasta con la escasa inversión en la recuperación de ecosistemas.
En lugar de preservar espacios de vida y biodiversidad, tal como publicitan desde Washington, la militarización está transformando estos delicados territorios para preservar el equilibrio ecológico del planeta en campos de batalla.
Aprender de la Historia
Estados Unidos ha desempeñado un rol destructivo en las guerras internas de América Latina, especialmente en Colombia, donde entrenó a militares responsables de violaciones graves de derechos humanos, como demuestran los informes entregados a la Comisión de la Verdad.
Brasil, Argentina, Chile y Perú también han sufrido las consecuencias del intervencionismo estadounidense, con dictaduras que dejaron profundas cicatrices sociales.
América Latina no puede ser arrastrada, una vez más, a un juego geopolítico que amenaza a su soberanía y solo beneficia a potencias extranjeras.
La militarización de Estados Unidos en la región no traerá desarrollo ni prosperidad, ni preservación de sus recursos naturales tal como señalan desde Washington. Este es solo otro capítulo más de sufrimiento y destrucción.
Hasta que los gobiernos, al fin, aprendan las lecciones del pasado. Y no tropiecen dos veces con la misma piedra.
(*) Alfonso Insuasty Rodríguez, Docente investigador universitario, coordinador de la Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ), editor de la revista especializada de ciencias sociales El Agora USB, director del grupo de investigación GIDPAD – Universidad de San Buenaventura Medellín, docente de cátedra Maestría en ciencia, tecnología, sociedad e innovación del ITM, integrante del centro de pensamiento y editorial Kavilando.
