Por economiapolitica.uy (*)
Ec. Claudio Fernández Caetano (**)
Dibujo Prof. Adán Iglesias Toledo (***)
Desde la aprobación del Presupuesto Nacional y el Plan Quinquenal de Vivienda (PQV) en 2020 para este período de gobierno se visualizaron algunos grandes problemas que persistieron en el transcurso del quinquenio. Por una parte, el recorte de recursos para aplicar a los programas públicos, su correlato en la disminución de las soluciones habitacionales proyectadas y el papel central que ocupa en la nueva política de vivienda la generación de espacios que privilegian las oportunidades de negocios del sector privado. Estos problemas resultan en el debilitamiento de la visión de la política habitacional con vocación universalista, con programas de amplia cobertura y soluciones de calidad no segmentadas por nivel de ingreso, que se fue afirmando durante los gobiernos del Frente Amplio.
En relación al recorte de recursos públicos, en el Presupuesto se previó una caída en las inversiones a partir del 2021. Si bien el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo (FONAVI) ajusta los montos asignados presupuestalmente por la indexación al Índice Medio de Salarios, el aporte patronal del 1% de la masa salarial nominal de los funcionarios públicos y por el propio recupero de los préstamos otorgados en sus distintos programas, los recursos asignados a inversiones fueron disminuidos por el Decreto 90/2020 como parte de la política general de ajuste fiscal, suponiendo un recorte de aproximadamente 1587 millones de pesos que debieron aplicarse a la política de vivienda. Si bien en los años siguientes aumentaron las inversiones respecto al 2020, no llegan comprensar el recorte inicial. Esto significó que la ejecución en inversiones del FONAVI fueran en 2020 un 11,5% menos que en 2019, un 3,6% menos en 2021, un 9,4% menos en 2022 y un 8,2% menos en 2023. La política de vivienda que comenzó a aplicarse reprogramando obras en programas que estaban ejecutándose desde el período de gobierno anterior, está culminando el período de gobierno no con un incremento en términos reales de la inversión en vivienda, sino por el contrario, ejecutando menos que en 2019. Así fue el desarrollo de la política en el transcurso del actual gobiernno de coalición, con más anuncios que recursos.
La caída en términos reales de la asignación presupuestal para programas de vivienda muestra cómo partiendo de un objetivo compartible en el propio PQV (“Se promoverá el acceso y permanencia en la vivienda de los sectores de ingresos medios, medios-bajos y más vulnerables de la población a través de diferentes programas que contemplen la heterogeneidad de los hogares destinatarios, en el marco del desarrollo de ciudades accesibles, sostenibles y sustentables, mediante una gestión eficaz y eficiente”) se desarrolló como una política de menor alcance y con mayor expectativa en el sector privado como financiador. El propio PQV planteó que este quinquenio tendía terminadas 3805 nuevas soluciones habitacionales menos de las que se terminaron en el último período de gobierno del Frente Amplio (en cooperativas eso significará aproximadamente 1857 menos, en el programa de autoconstrucción asistida 1799 menos y en relocalizaciones a la población que vive en zonas contaminadas o inundables otras 2037 menos). La proyección de soluciones habitacionales a través de la política publica se torna preocupante en cuanto al retroceso, ya que, en los sucesivos proyectos de Rendición de Cuentas, en prácticamente todos los programas hubo una caída respecto a lo que estaba en ejecución en 2019. Esto va confirma la desaceleración que posiblemente rompe con la tendencia incremental en el desarrollo de los programas que se venían dando en los gobiernos del Frente Amplio.
La contraparte de ello, muestra además el cambio de paradigma en la política de vivienda generando escenarios para oportunidades de negocios del sector privado. Se creó presupuestalmente el proyecto 701 “Créditos para vivienda con garantía subsidiaria del Estado” de cara a la creación y participación del MVOT en fideicomisos, apalancando la inversión privada en viviendas promovidas a través de la ley No. 18795, que desde abril del 2020 ya no tienen tope de precio de venta ni porcentajes de comercialización a través del MVOT para su población objetivo. Todo esto fue justificado en la ampliación de los recursos, que en realidad es la sustitución de recursos públicos por la eventual participación de privados, tornándose centrales en el desarrollo de la política de vivienda.
La generación de esa estructura fiduciaria también se justificó en la provisión de viviendas hacia los hogares pertenecientes a los deciles de ingresos medios y medio-bajos. Precios bajos de viviendas y garantizar rentabilidades de privados al mismo tiempo no parece tener otra salida que soluciones de vivienda de baja calidad y/o en localizaciones sin servicios. El desarrollo de ese programa, también es incierto en tanto los datos que se han planteado por las autoridades han sido al menos poco claros.
Otro cambio relevante en la política de vivienda fue la modificación a la Ley Nacional de Vivienda del año 68 bajando el mínimo de superficie habitable por vivienda desde 35 metros cuadrados a 25, categorizándolos como monoambientes. La anterior modificación de la ley del 68 había sido en 2017 pero en sentido contrario, la superficie habitable mínima había aumentado de 32 metros cuadrados a 35. A partir de las modificaciones, no sólo se determinó un nuevo mínimo, sino que se faculta al Poder Ejecutivo a excluir de los parámetros del mínimo habitable y metrajes mínimos por dormitorios a los programas que “requieran una regulación específica”. Bajar la superficie habitable y habilitar que no se respeten las superficies establecidas en la ley de vivienda afecta indudablemente la calidad de las soluciones habitacionales.
Terminando el período de gobierno, lo cierto es que se recortaron recursos públicos para los programas de vivienda a través de las asignaciones presupuestales del FONAVI y sus ajustes legales en pos del abatimiento del déficit fiscal (algo que tampoco sucedió); se proyectaron menos soluciones habitacionales y se generaron espacios para oportunidades de negocio del sector privado con el fin de aumentar los recursos recortados. Se instaló el riesgo de que la política pública de vivienda y hábitat vuelva a recaer en soluciones de baja calidad o en localizaciones que refuercen los procesos de segregación territorial.
En contraposición a esto y en línea con las bases programáticas aprobadas por el Frente Amplio, se presentan de cara a estas elecciones nacionales varias acciones prioritarias en línea con lo visión universalista atendiendo a su vez los problemes emergentes.
Se propone un Plan de primera vivienda para familias con ingresos medios que facilite el acceso al crédito hipotecario, subsidiando la cuota a las familias. Así se combina una mayor cobertura con el componente redistributivo que implican los subisidos a aplicar.
Se plantea el estímulo a proyectos vivienda colectiva en adultos mayores, acompañando así su vida autónoma. Se realizarán en cinco proyectos piloto.
Se implementarán soluciones de vivienda para situaciones de especial vulnerabilidad, como lo son las personas en situación de calle, situaciones de violencia doméstica, personas que egresan del Inau o que recuperen la libertad. Las soluciones habitcionales podrán ser alquileres subsididados, viviendas públicas asistidas de propiedad publica entre otras alternativasa. Esto en coordinación con organismos que acompañen esos procesos, entendiendo que la vivienda es parte del conjunto de acciones que permiten contruibuir a la salida de los problemas.
Se promoverá también la creación de un stock de viviendas destinadas a alquileres accesibles, ya que la cobertura de viviendas de calidad por esta vía choca con el porcentaje del ingreso que los hogares tienen que destinar al pago del alquiler.
Se promoverán las soluciones habitacionales a través del sistema cooperativo, como ya se realizó en los gobiernos del Frente Amplio. Se acelerarán y optimizarán los procedimientos para el desarrollo del programa en el entendido que el cooperativismo es una solución que promueve una alternativa de vivienda digna, viable para un enorme conjunto de población y que a su vez también contiene como elemento clave a la solidaridad, aspecto central para la constucción de políticas desde la izquierda.
Las anteriores son algunas de las medidas prioritarias. Más allá de ellas, el Frente Amplio ha demostrado en sus 15 años de gobierno, que se puede construir una política de vivienda con vocación universalista, donde no se descuiden los componentes de soluciones de calidad, dignas y por otro lado una ampliar la cobertura. Elementos que entraron en contradicción con lo desarrollado en estos últimos 5 años de gobierno.
(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Politica, dirigido por el Mag. Hector Tajam.
(**) Claudio Fernández Caetano, economista, ex vicepresidente de la ANV, actualmente trabaja en el Programa EconomiaPolitica.uy y en la UDELAR, miembro de la REDH.
(***) Prof. Adán Iglesias Toledo, director del Medio humorístico DEDETÉ del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero.
