Por Alfredo Rada (*)
Hace tres días el presidente Luis Arce ordenó enormes operativos conjuntos entre policías y tropas del ejército, dirigidos contra varios puntos de bloqueos de carreteras que efectúan, en protesta contra su gobierno, comunidades campesinas con apoyo en algunos lugares de trabajadores mineros, en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, La Paz y Potosí.
Encargó las operaciones represivas a su ministro de defensa, Edmundo Novillo, y de gobierno, Eduardo del Castillo, con inminente riesgo de que esas acciones terminen con saldos de muertos y heridos entre los manifestantes.
Arce ignoró las iniciativas de paz y diálogo, que por escrito le hicieron conocer la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y el Defensor del Pueblo, optando por el principio de autoridad estatal.
El llamado “principio de autoridad estatal” es uno de los basamentos sobre los que forjó Nicolás Maquiavelo su clásica teoría de la República (para él, República y Estado son lo mismo) que, aun alejándose de las monarquías europeas absolutistas todavía predominantes en su época (escribió sus mejores obras en 1515), planteaba que el ejercicio del poder suponía para los gobernantes no perder nunca la autoridad, si es que querían seguir siendo tales.
Siglos después, en 1789, cuando la burguesía que ya tenía el poder económico, tomó el poder político en Francia, asumió las enseñanzas del florentino, adaptándolas a sus propias necesidades de conservar el poder en los modernos Estados. Por ello es que la teoría socialista, en la segunda mitad del siglo diecinueve, no adoptó como suyo este principio de autoridad del Estado burgués y, desde la “Comuna de París” (una insurrección obrera en 1871 que logró instaurar un nuevo poder que al poco tiempo fue derrotado) comenzó a gestar la construcción de otro poder social obrero. En América Latina, dichas teorías se adaptaron con el planteamiento del “Poder Popular” en el Chile de Allende, el “Mandar Obedeciendo” del zapatismo en México, el “Poder Comunal” de la Venezuela de Chávez y el “Poder Comunitario” del proceso de transformaciones en Bolivia.
La adopción del “principio de autoridad” por el presidente Luis Arce, y su puesta en práctica con la brutal represión de las protestas campesinas, es otra prueba más del desplazamiento ideológico hacia la derecha del actual gobierno boliviano. La consecuencia será que, aún en el caso de que salga airoso Arce de esta pulseta con las organizaciones campesinas que se alinean con el ex presidente Evo Morales, habrá perdido la base social con cuyo voto llegó al gobierno. Es como sobrevivir comiéndose las propias entrañas. Lo peor es que un desenlace como el que se está dando en Bolivia, sólo contribuye a que en el pensamiento cotidiano de la población -lo que se llama el sentido común- se fortalezca la idea de que el problema no es Arce o Morales, el problema es el masismo (así se llama en Bolivia a la corriente política del Movimiento al Socialismo, MAS). La ultraderecha boliviana, que se mira en el espejo del mileismo argentino, está cabalgando ya sobre esta idea, que cunde en las ciudades.
Hoy han continuado las operaciones policiales y militares contra los bloqueos campesinos. El primer operativo hace tres días en Parotani (Cochabamba) dejó un saldo de 40 heridos, 66 detenidos y las denuncias por familias de lugar de que hay varios desaparecidos. Como una forma atrabiliaria de ejercicio del “principio de autoridad”, los detenidos fueron trasladados 350 kilómetros, desde Parotani hacia la ciudad de La Paz, siendo incomunicados en un cuartel policial por casi 48 horas, sin que puedan verificar si no sufrieron torturas, ni el personal de la Defensoría del Pueblo, ni abogados defensores de los derechos humanos ni sus propios familiares. Cuando por fin fueron presentados ante un juez, el Ministerio de Gobierno les acusó de terrorismo y sedición, lo que a su vez fue rechazado por los detenidos, argumentando que ejercían su derecho constitucional a la protesta.
El ex presidente Evo Morales inició, también hace tres días, una huelga de hambre demandando diálogo sin condiciones al presidente Luis Arce. En un breve contacto con medios de comunicación, aprovechó para desmentir la denuncia de que adherentes suyos tomaron cuarteles militares en el Chapare, que es su bastión territorial y el lugar donde vive. Morales aseguró que sólo son vigilias realizadas por mujeres campesinas y que nunca se adueñaron del armamento de los soldados. El mencionado ministro de gobierno, Del Castillo, ha estado difundiendo la narrativa de que hay “grupos irregulares” contra los que actúan la policía y el ejército.
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
