Por Carlos Fazio (*)
Dibujo Adán Iglesias Toledo (**)
Alimentada por funcionarios guerreristas de la futura administración de Donald Trump, dirigentes de la nueva ultraderecha internacional y de la socialdemocracia europea subordinada a la OTAN, la hipótesis que busca acelerar una política de cambio de régimen “tipo Siria” para Venezuela parece no tener base sólida. Sin embargo, y más allá de que equiparar las dinámicas políticas de Siria con las de Venezuela es más que un error de análisis, cabe recordar que, conformado por altos mandos del Pentágono y de la llamada “comunidad de inteligencia” así como por representantes de las principales corporaciones del complejo militar-industrial-digital-mediático, el Estado profundo (deep state) no descansa en sus afanes por preservar la decadente hegemonía estadunidense.
Como ponen en evidencia el acelerado rediseño geopolítico por la vía terrorista de todo Medio Oriente (con la colaboración de sus peones regionales Israel y Turquía, y en menor medida Qatar, como proveedor de armas y financiación al cártel yihadista HTS que hoy controla Damasco por delegación) y el asesinato en Moscú del teniente general ruso Ígor Kirílov −atribuido por Reuters al Servicio de Seguridad de Ucrania−, el Estado imperial tiene capacidad para impulsar acciones subversivas por varias vías simultáneas, así como para desenterrar y reactivar antiguos procesos de desestabilización encubiertos fracasados.
En ese sentido, de cara a la asunción de Nicolás Maduro para un nuevo mandato como presidente de la República el próximo 10 de enero (2025-2031) y como parte de su guerra híbrida multidimensional contra el proceso bolivariano venezolano, el Estado profundo podría revitalizar su arsenal sancionatorio ilegal extraterritorial contra Venezuela y terceros países que mantengan relaciones comerciales con el gobierno de Maduro, entre ellas las iniciativas legislativas aún sin promulgar en el Capitolio, tituladas “Ley VERDAD” (Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo de Venezuela), “Ley VALOR” (Ley para el Avance de la Libertad, las Oportunidades y los Derechos en Venezuela) y la “Ley BOLÍVAR” (Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano), cuyo denominador común es proteger las Órdenes Ejecutivas vinculadas a las sanciones coercitivas contra Venezuela, instrumentos que pretenden evitar que tales normativas puedan ser revocadas de manera unilateral por el presidente de turno, limitando las opciones para cualquier cambio significativo en la relación bilateral.
Tales iniciativas no solo buscan consolidar la línea dura en la política exterior de EU hacia Venezuela, sino también presionar para que Trump adopte una agenda alineada con los intereses más agresivos en materia de cerco económico y financiero, alejándose de su naturaleza negociadora propia de su experiencia como empresario. Dado que el Pentágono y el Departamento de Estado consideran a Venezuela un “adversario extranjero”, junto a países como China, Rusia e Irán, dicho blindaje legislativo representa una sofisticación del uso de las medidas de asfixia económica como herramienta de política exterior, consolidando un enfoque que combina presión económica y aislamiento diplomático.
Siria y Venezuela: paralelismos y diferencias
Junto a lo anterior, y como parte de la guerra híbrida asimétrica multifactorial de EU contra Venezuela, conviene analizar algunos elementos de orden militar que se desprenden de la experiencia siria en la coyuntura. Aunque Venezuela y Siria comparten intervenciones externas y tensiones internas, los contextos históricos, la cultura política, las estructuras sociales y las divisiones étnicas y religiosas son distintas, como también lo es el impacto que esos sucesos tienen sobre el proceso de reordenamiento multipolar internacional en curso.
Desde el punto de vista del control político administrativo, el gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas Bolivarianas controlan todo el territorio venezolano, y no hay bases de Estados Unidos (o Turquía) como en Siria ni enclaves de terroristas y mercenarios donde la derecha local pueda controlar un territorio liberado, concentrar tropas y utilizarlo como cabeza de playa para lanzar desde allí una ofensiva militar de fuerzas extranjeras, como hicieron contra el gobierno de Bashar al-Assad. (En 2020, la Operación Gedeón, protagonizada por militares retirados venezolanos y mercenarios extranjeros pagados por la oposición, terminó en un fracaso). Además, las “fronteras calientes” con Colombia y Brasil se han enfriado con los gobiernos de Gustavo Petro y Luis Inácio Lula da Silva.
En lo que sí puede encontrarse cierto parecido, es en la dimensión geopolítica: el interés de EU por debilitar al Estado venezolano y fragmentarlo, y en las sanciones económico-financieras coercitivas. Ese interés se debe, en parte, a los cuantiosos bienes naturales que existen en el territorio venezolano, en particular los hidrocarburos, que le otorgan un potencial para convertirse en un polo regional independiente, lo que llevó a Barack Obama, en 2015, a percibir a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e inusual” para la seguridad nacional y la política exterior estadunidenses.
Donald Trump, quien en su primer mandato aplicó una política de máxima presión contra Venezuela, amenazó con intervenirla militarmente y fraguó al presidente fake Juan Guaidó, llegará a la Casa Blanca el 20 de enero gracias al apoyo del lobby petrolero, por lo que debido a los intereses mercantiles del sector, podría alejarse de la ideologización y no recurrir a la “carta militar”, si bien no renunciará a alinear al país sudamericano a su área de influencia por la vía de las medidas coercitivas unilaterales. Aunque la designación de Marco Rubio como secretario de Estado no es buena noticia para el gobierno de Maduro.
El lado militar de la ecuación
Desde la óptica militar, conviene tomar en cuenta el papel que desde 2016 jugó la base ilegal del Pentágono de Al-Tanf, situada en la zona de la triple frontera entre Siria, Irak y Jordania, que bajo la pantalla de la lucha contra el grupo terrorista ISIS, resultó crucial para perseguir objetivos geoestratégicos más amplios, entre ellos, el despliegue de aproximadamente 2.000 soldados en violación del derecho internacional. Desde entonces, Al Tanf no sólo ha servido como campo de entrenamiento para los terroristas del Maghawir al-Thawra, apoyado por la CIA; contrarrestar las actividades iraníes y del eje de la resistencia y mantener la influencia en las negociaciones sobre el futuro de Siria, sino que sirvió como punto neurálgico del Centro de Operaciones Militares, un esfuerzo conjunto con varios Estados destinado a coordinar las actividades castrenses en el sur de Siria, socavando en última instancia la soberanía de la nación y sus aliados. Además, la base facilitó las operaciones israelíes en el espacio aéreo sirio, proporcionando una ventaja logística para las misiones de la fuerza aérea que eludieron las defensas aéreas locales.
En realidad, la base Al-Tanf y sus actividades guarda un grado de similitud con el funcionamiento de los Centros Operativos de Avanzada (FOL, en inglés) instalados por EU en Manta (Ecuador), Comalapa (El Salvador) y Aruba/Curaçao desde 1999 −tras el cierre de la base Howard en Panamá, desde donde operaba el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadunidenses−, así como en otros lugares del mundo, como Afganistán y la región del Golfo Pérsico en su momento.
Estados Unidos ejerce el control de las fuentes de materias primas y rutas comerciales mediante sanciones económicas, bloqueos y una red de más de 800 bases militares en 70 países, que sirven como centros de comando y control, plataformas logísticas y puntos de apoyo para las operaciones militares en diversas regiones del mundo, y también para el entrenamiento a tropas de los países satélites u ocupados en los que son instaladas.
En los países de América Latina y el Caribe mencionados, el Departamento de Defensa de EU tenía que hallar un método alternativo que garantizara la capacidad operativa en la zona, y hay pruebas de que los FOL, además de su papel oficial en las actividades antidrogas, desempeñaron otras actividades, entre ellas, la recopilación de datos de inteligencia y sobre el tráfico de armas y el monitoreo de los barcos de inmigrantes hacia EU. Pero también como apoyo a la participación militar de EU en el conflicto interno colombiano −a favor de la lucha contrainsurgente de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe contra las guerrillas de las FARC y el ELN en el marco del Plan Colombia− y, eventualmente, como bases para fuerzas de despliegue rápido ante un eventual conflicto regional con epicentro en la Venezuela del presidente Hugo Chávez.
En ese contexto, no parece casual la reactivación de sendos acuerdos del Comando Sur de EU con los gobiernos de Daniel Noboa en Ecuador, Irfaan Ali en Guyana y el ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, de Trinidad y Tobago. En el caso de Noboa, quien el año pasado había presentado un proyecto de reforma parcial a la Constitución para permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano (tras el cierre de la base FOL en la ciudad costera de Manta, en 2009, por el gobierno de Rafael Correa), su gobierno acaba de anunciar el 10 de diciembre que dispuso que las islas Galápagos se conviertan en base de EU, con lo que entrarán en vigor los tratados de cooperación militar de Washington y Quito firmados el 15 de febrero de este año. De esa manera, buques de guerra, submarinos, aviones, personal militar, armamento y equipamiento estadunidenses podrán instalarse en ese archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, por la Unesco, en 1978. Además, se otorgaría al personal militar y civil del Pentágono y sus contratistas, privilegios, exenciones e inmunidad equivalentes a lo recibido por el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena.
Según la revista Newsday, ese mismo 10 de diciembre, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, firmó cinco acuerdos con EU, dos de los cuales pueden permitir al Pentágono desplegar fuerzas en esas islas del Caribe del Sur en caso de un “conflicto” en Venezuela. Según la Embajada de EU, las negociaciones incluyeron el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA); el Equipo de Campo de Asistencia Técnica de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI-TAFT), y el Acuerdo de Adquisición y Servicios Recíprocos (ACSA).
La misión diplomática dijo que el SOFA “facilitará la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de ambos países”. El acuerdo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, permitirá que los soldados y empleados civiles del Departamento de Defensa califiquen para inmunidades, aunque no cubre a los contratistas privados. También permite que la policía militar de la base porte armas de fuego mientras estén desplegados en Trinidad y Tobago y tengan permisos de conducir.
Establece, asimismo, que EU puede desplegar tropas en ese país, el más austral del Caribe y ubicado a pocos kilómetros de Venezuela, para responder mediante la aplicación del SOFA a los conflictos internos venezolanos. Newsday dijo entender que ambos acuerdos reducen los trámites burocráticos que podrían retrasar un despliegue estadunidense. Agregó que no se espera que la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, afecte los acuerdos.
A su vez, en los últimos años Guyana ha escalado en su condición de país satélite de Estados Unidos mediante la “cooperación militar”, al punto de constituirse en un enclave castrense del Pentágono. De acuerdo con Newsday, Guyana también ha firmado un SOFA con Estados Unidos, y aunque aclara que no ha visto el acuerdo actual, el suscrito en 2006 tiene los mismos lineamientos para el personal militar y civil del Pentágono, que los que regirán en Ecuador y Trinidad y Tobago.
Durante el último año, las tensiones entre Guyana y Venezuela han sido altas después de que el gobierno de Nicolás Maduro propusiera y aprobara un referéndum para ocupar la disputada región del Esequibo, donde la empresa ExxonMobil ha desplegado actividades de extracción de crudo y gas en aguas que son disputadas entre ambos países. Como señala el sitio web Misión Verdad, en la medida que Guyana ha avanzado en la aprobación de proyectos energéticos con dicha empresa y sus socios, también ha aumentado la cantidad e intensidad de ejercicios militares, recuperación de instalaciones militares en la Guayana Esequiba y visitas de la élite militar estadunidense.
El año pasado el Comando Sur dirigió los ejercicios militares Tradewinds 2023 en aire, tierra y mar durante dos semanas en Guyana, con participación de México, Canadá, Gran Bretaña, Francia y las 15 naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom). El 5 de diciembre último, Irfaan Ali visitó el Comando Sur de EU y se reunió con su nuevo comandante, el almirante de la Armada Alvin Holsey, para discutir la asociación de defensa bilateral. Cabe destacar que el mandatario de Guyana egresó con honores del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa, en Williamsburg, Virginia.
A manera de conclusión, el 27 de noviembre pasado, durante una conferencia en la Casa Blanca, altos funcionarios de la administración Biden reconocieron al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Uno de ellos señaló que en los meses transcurridos desde el día de la elección (28 de julio), le dieron a Nicolás Maduro y su gabinete “todas las oportunidades para hacer lo correcto y hemos incentivado la posibilidad de dar pasos democráticos”. En cambio, “Maduro y sus representantes decidieron utilizar la represión violenta y tomar el poder a toda costa (…) por eso, Estados Unidos ha tomado medidas para aumentar la presión contra Maduro y sus representantes”.
El 16 de diciembre, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ratificó que Edmundo González será detenido por varios delitos que pesan en su contra si regresa al país tras su autoexilio en España, y ratificó que el presidente Nicolás Maduro será juramentado el próximo 10 de enero ante la Asamblea Nacional para el mandato 2025-2030. Diez días después, Trump volverá a la oficina oval de la Casa Blanca, y aunque no hay elementos que permitan suponer un desenlace “tipo Siria” en Venezuela, siempre conviene tomar en cuenta que el Estado profundo nunca descansa.
(*) Carlos Fazio, escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones.
(**) Adán Iglesias Toledo, Profesor, Dibujante Gráfico Cubano, director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero
