Por Joaquín Andrade Irisity(*)
El sistema educativo en Uruguay atraviesa un momento de tensiones y contradicciones en 2025, marcado por la transición política y el impacto de las reformas educativas implementadas entre 2020 y 2025. Las medidas impulsadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou no solo reestructuraron el sistema, sino que también dejaron un legado de centralización, deterioro de la participación docente y fragmentación social. La Ley de Urgente Consideración (LUC) y otras políticas orientadas hacia la privatización y la gestión empresarial de la educación provocaron un intenso debate sobre el futuro de la enseñanza pública.
Con el retorno del Frente Amplio al poder, encabezado por Yamandú Orsi, surgen expectativas de cambio. Sin embargo, persisten dudas sobre la viabilidad de una transformación profunda que revierta las desigualdades estructurales y recupere la autonomía educativa.
La Centralización y el Silencio Docente: El Legado de la LUC
La aprobación de la LUC durante el gobierno de Lacalle Pou representó un quiebre en la autonomía del sistema educativo. La transferencia de poder al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) redujo la incidencia de los docentes en la toma de decisiones, generando un fuerte rechazo por parte de sindicatos como la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES).
Uno de los principales objetivos de esta reforma fue neutralizar la influencia sindical, favoreciendo un modelo de gestión en el que primaba la eficiencia económica sobre la equidad e inclusión. Esta tendencia abrió la puerta a una mayor participación del sector privado en la educación pública, generando un desajuste entre la política educativa y la realidad de las aulas. Como resultado, las condiciones laborales de los docentes se deterioraron, y las brechas de aprendizaje se profundizaron, especialmente en los sectores más vulnerables.
Desigualdades Ampliadas y una Reforma sin Consenso
Además de la LUC, el gobierno de Lacalle Pou impulsó una reforma del Plan de Educación Básica Integrada (EBI), que unificó primaria y media. Si bien se presentó como una modernización del sistema, la falta de debate previo y el carácter impositivo de la medida generaron un fuerte rechazo en la comunidad educativa.
El impacto de estas políticas se vio agravado por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. La respuesta gubernamental fue tardía e insuficiente, lo que amplió las desigualdades en el acceso a la educación. La combinación de reformas sin consenso y la precarización del sistema dejó un saldo negativo: una educación pública debilitada y una mayor fragmentación social.
El Nuevo Gobierno y el Desafío de la Reconstrucción
El regreso del Frente Amplio al gobierno ha reavivado las expectativas de transformación en el ámbito educativo. Con José Carlos Mahía al frente del MEC, se han anunciado medidas para fortalecer la participación docente, mejorar la equidad y reconstruir la educación pública.
Una de las iniciativas centrales es la creación de una Universidad de la Educación, un proyecto que busca profesionalizar la formación docente. Sin embargo, esta propuesta ha generado debate: mientras algunos la consideran una oportunidad para elevar la calidad educativa, otros advierten sobre el riesgo de una excesiva centralización que limite la pluralidad pedagógica.
Más allá de los anuncios, el principal desafío del nuevo gobierno será restaurar la confianza en el sistema. Para ello, deberá demostrar que la participación docente no será solo un eslogan de campaña, sino una política efectiva que revalorice el rol de los educadores en la toma de decisiones.
Conclusión: Entre la Esperanza y la Incertidumbre
El próximo gobierno tiene el desafío de demostrar si podrá romper con la inercia de reformas impuestas desde el poder y abrir un verdadero proceso de diálogo para construir una educación pública más equitativa, inclusiva y de calidad. Más allá de las promesas de campaña, el éxito de cualquier transformación dependerá de su capacidad para generar consensos sostenibles, evitando que la educación siga siendo un campo de disputa política sin continuidad a largo plazo.
Orsi asumirá en un contexto donde las demandas del sistema educativo no pueden postergarse y donde las decisiones que tome marcarán el rumbo del país en las próximas décadas. La clave estará en cómo logre equilibrar los reclamos de los distintos actores educativos con la viabilidad política y económica de sus propuestas. No será una tarea sencilla, pero el tiempo dirá si su administración logra avanzar hacia una reforma estructural que deje atrás la lógica pendular y garantice mejoras concretas en la enseñanza y el aprendizaje.
(*) Joaquín Andrade Irisity es estudiante avanzado del Profesorado de Historia en el IPA y de Comunicación Social en UTU, escritor y periodista en formación.
