Por Ricardo Pose (*)
El 25 de marzo se reunió el Consejo de Ministros del Gobierno de Yamandú Orsi; si se graficara en términos futbolísticos, la sensación fue de un equipo que se instala en la cancha con las alineaciones de formación definidas.
Desde la asunción el primero de marzo a esa fecha, la política de comunicación de los integrantes del Ejecutivo incluido el propio Orsi se mantuvo y mantiene expresando estrictamente lo justo.
Los legisladores del oficialismo con un poco más de “libertad” para expresarse, tambien trillan por el camino de la cautela; seguramente oficia en esa actitud una decisión oficial pero, pasada la tibia euforia de la campaña electoral, hay otros temas que parecen convocar a la cautela.
La situación económica en que Orsi encuentra el país (que va desde el Ferrari de Da Silva, el Ferrari fundido de Jorge Díaz y el “masomenismo” de Oddone) parece en síntesis poco alentadora y sin dudas se reflejará en el próximo mensaje presupuestal.
El Ministro del Interior dio un informe a la bancada de legisladores del Frente Amplio que al decir del diputado Mariano Tucci, el panorama es bastante peor de lo que se habia debatido durante la campaña electoral.
En el tema Seguridad en particular, se habla de la elaboración de un Plan para el 2026 (seguramente dependiendo de los recursos que se consiga en el mensaje presupuestal) pero el 2025 resulta un largo trecho a sortear.
Entre los anuncios dados por Orsi luego del encuentro se informó de la creación de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. “Lo que anunciamos en campaña de diálogo social”, y la responsabilidad de la comisión recaerá en la OPP y la integrarán también el Ministerio de Trabajo, de Economía (MEF) y el Banco de Previsión Social, previa votación del Parlamento.
Otro punto tratado en el Consejo de Ministros fue un proyecto de ley —que también será remitido al Parlamento en la tarde de este martes— que le permite al Ejecutivo “un marco legal para seguir resolviendo el tema del Casmu, que necesita sí o sí de algunas disposiciones legales que permita hacer frente a algunos criterios fijados de antemano”, manifestó Orsi.
Chapoteando en el charco
Entre los temas que generaban más expectativas, se refirió al proyecto Neptuno y afirmó que se estableció la creación de un “grupo de trabajo” en la órbita de Presidencia, que estará integrado por el MEF, el Ministerio de Ambiente, OSE y la Corporación Nacional para el Desarrollo. “El objetivo es sentarnos con los privados que quieren llevar adelante este contrato para ver de qué forma podemos resolver algunos temas centrales” sobre la negociación, tales como lo ambiental, económico y la provisión de agua potable, enfatizó.
“Nuestra idea es que en 90 días tengamos un acuerdo y por eso sentamos en la mesa a los actores”, comentó Orsi, aludiendo a las instituciones involucradas como OSE (Organismo Nacional de Agua y Saneamiento), el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Comisión Nacional del Agua (CND).
Quizás sea este el primer punto de inflexión del Gobierno con las Organizaciones Sociales, sindicales, territoriales y del mundo académico que se han movilizado en contra del Proyecto y que habían generado bajas expectativas con la posibilidad de que el gobierno lo rechazara.
El contrato fue firmado por Lacalle Pou a finales de febrero, a unos pocos días de dejar el mandato, y dejando tanto al gobierno entrante como al Estado comprometidos con el contrato.
Los ejes planteados por el Presidente Orsi resultan claros: “Por un lado, y lo fundamental, es el agua potable para nuestra gente. El segundo elemento central es que el Uruguay tiene que cumplir con sus obligaciones”.
El Ministro de Ambiente Edgardo Ortuño venia en la linea de advertir que el proyecto es “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales, deja a OSE en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento en todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá”.
Expresó que la “prioridad” de la administración entrante será la construcción de la reserva de Casupá, que podrá embalsar 118 millones de metros cúbicos de agua para complementar los 77 de Paso Severino.
Orsi luego del Consejo de Ministros confirmo lo expresado en los meses que Ortuño planteaba estratégica la obra en Casupá; con respecto a Neptuno el nuevo gobierno no pondría “freno de mano” a la obra.
El Dr. Juan Ceretta, abogado y responsable de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República (UDELAR), anunció que se está preparando una nueva acción judicial contra el Proyecto Neptuno, en colaboración con organizaciones sociales que se oponen a la iniciativa. La acción se sumará a las anteriores, que fueron desistidas tras la firma del contrato y la autorización ambiental.
Ceretta explicó que, dado que las acciones previas ya no tienen propósito, se están evaluando nuevas estrategias legales para cuestionar la validez del contrato firmado entre el Gobierno uruguayo y el Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST.
«Para nosotros este contrato, este proyecto en sí vulnera la constitución y por tanto el contrato también vulnera la constitución por distintas razones. Una, porque instituye una especie de privatización del suministro de agua potable, por lo menos en alguna de las etapas de ese proceso, y por otro lado porque también vulnera el artículo 47 en el sentido de la protección del ambiente, de los daños ambientales que este proyecto trae consigo», explicó Ceretta. El abogado anticipó que se buscará la nulidad del contrato y la suspensión de las obras mediante una medida cautelar. Ceretta también destacó los posibles efectos perjudiciales para la población y el medio ambiente que podría generar el proyecto, sobre todo en relación con el acuífero Raigón.
Por su parte, María Selva Ortiz, representante de la agrupación Redes Amigos de la Tierra, reiteró la postura de su organización, que considera que el Proyecto Neptuno no garantiza el acceso adecuado al agua potable debido a la alta salinidad que presenta el Río de la Plata durante el verano.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó a principios de marzo que el Gobierno uruguayo ya está trabajando en la renegociación del contrato. Sánchez subrayó que la obra aún no ha comenzado, lo que ofrece la oportunidad de introducir modificaciones en el acuerdo. El consorcio encargado de la obra será convocado a participar en una mesa de negociación destinada a revisar los términos del contrato.
Hidrógeno verde
Siguiendo con temas ambientales que vienen generando la movilización de algunos sectores de la sociedad se encuentran los proyectos de Hidrogeno Verde; Uruguay cuenta con cuatro proyectos de hidrógeno, entre los que HIF Global ha sido el de mayor resonancia debido a la inversión millonaria que representa y que su posible producción sería mayor que la propia demanda del país. Según Diego Oroño (el presidente de Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder)), “hoy el proyecto se encuentra en una etapa de reescalación. “Ya no estamos hablando de esos portes que se esperaban originalmente y que rondaban los 4 GB de renovables, sería de una menor escala”.
La ministra designada de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, se mostró “crítica” del proyecto de Hidrógeno Verde y como en el caso del Proyecto Neptuno le “preocupa que un gobierno saliente, asuma obligaciones que deberá enfrentar el gobierno entrante”.
Cardona agregó que cuando el próximo gobierno ingrese, deberá enfrentar esas situaciones «sin información y sin haber opinado de las condiciones que se realizan los contratos».
Para el gobierno es claro que de avanzar el proyecto UTE y Ancap deben formar parte del mismo, un rumbo que el anterior Directorio de Ancap habia descartado.
Como dos de los proyectos se instalaran en Paysandú (Tambores y HIF Global) en octubre se realizó la primera Jornada Académica en Hidrógeno Verde en Uruguay, con la participación de investigadores e investigadoras de diversas áreas y representantes del sector público, el sector productivo y organizaciones sociales. La jornada académica «Hidrógeno verde en Uruguay. Encuentro de capacidades técnico científicas para el desarrollo sostenible» en Paysandú, coorganizada por la Universidad Tecnológica (Utec) y la Universidad de la República (Udelar).
Para el rector del Universidad Rodrigo Arim: «las universidades lidiamos con la incertidumbre» y esta es una de sus características distintivas, «tenemos la obligación de plantearnos trabajar en la frontera de lo incierto» y en la generación de nuevo conocimiento. Ante esta realidad «no podemos partir de certezas y prejuicios», afirmó; además, para la Udelar es un deber disponibilizar ese conocimiento en pos del bienestar colectivo, así lo establece su Ley Orgánica. Un ejemplo cercano de estas responsabilidades -que no todas las instituciones de educación superior tienen-, se planteó ante la pandemia por COVID-19: «la política recurrió casi con desesperación a la academia para intentar buscar, si no respuestas, ciertos espacios de certeza sobre cómo avanzar en la oscuridad», observó. En esa línea, Arim reflexionó sobre la importancia de la autonomía en las universidades frente a los poderes fácticos, económicos y políticos.
(*) Ricardo Pose es Periodista en Caras y Caretas, Presidente sector Prensa Escrita (APU). Columnista en Mate Amargo, CX 40 Radio Fénix, Radio Gráfica, Tierra de periodistas Rocha FM, Notero en Telesur y tvg China
