Feminismo, imperialismo y lucha antipatriarcal: perspectivas desde Perú.

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Por Daniela Ortiz (*)

En este escrito pretendo compartir, desde el contexto peruano, una serie de análisis y perspectivas en relación al rol del feminismo occidental y hegemónico en la consolidación del orden imperialista. Por otro lado busco pensar la diferencia entre el feminismo occidental hegemónico y la lucha antipatriarcal, tan necesaria en estos momentos de recrudecimiento de crisis económica, de violencia sistémica, de reforzamiento del imperialismo y de resurgimiento del fascismo.

Perú: crisis global, continuidad colonial.

El 7 de diciembre de 2022, mediante un golpe de Estado contra el presidente electo Pedro Castillo, se impuso como presidenta a Dina Boluarte, presentada por los grandes medios como la “primera mujer” en ocupar la presidencia del Perú. Así es como se inicia el actual ciclo de intensificación de la violencia por parte del sistema capitalista en el país, dentro de la actual tensión global caracterizada por una profunda crisis del capitalismo y el resurgimiento del fascismo como modo de gobierno para garantizar la continuidad de un sistema económico en colapso.

La elección popular de Pedro Castillo en el año 2021 se dio en un contexto posterior a la pandemia de COVID-19 que, además de colapsar económicamente el país y arrastrar a millones de personas a la extrema pobreza, demostró la crudeza del orden capitalista. Los gobernantes prefirieron proteger el modelo económico neoliberal antes que aplicar el marco legal establecido para emergencias sanitarias, que implicaba, por ejemplo, que las instalaciones de clínicas privadas pudieran ser gestionadas por el sistema público de salud, o que no se especulara con los precios de medicamentos como el paracetamol o el oxígeno. Estos últimos llegaron a alcanzar cifras impensables, y la imposibilidad de acceso a ellos terminó por costarle la vida a miles de peruanos que no pudieron comprar algo tan básico como un balón de oxígeno.

Las más de 200,000 personas muertas por COVID-19, como resultado de las políticas neoliberales y de un sistema de salud público absolutamente colapsado, junto con la consiguiente crisis económica, llevaron a gran parte del pueblo peruano —en su mayoría de zonas rurales, campesinos, clases trabajadoras explotadas y trabajadores de la economía popular denominados como “informales”— a tomar conciencia de que las élites estaban dispuestas a sacrificar sus vidas para resguardar sus intereses económicos. Esta conciencia colectiva llevó a una mayoría del pueblo peruano a votar y participar activamente en la campaña electoral por el único candidato que proponía cambios estructurales y que señalaba a las élites, el capitalismo y el empresariado como responsables del empobrecimiento de la población: el candidato Pedro Castillo, quien, junto con el partido Perú Libre, logró ganar las elecciones a pesar de la guerra mediática, judicial y política de la derecha y el fujimorismo que contaban con todos los recursos económicos, medios de comunicación y apoyo internacional.

Las élites y la extrema derecha peruana no podían aceptar que un campesino, sindicalista y maestro rural como Pedro Castillo fuera presidente, no solo por lo que esto representaba en lo simbólico, sino sobre todo por el riesgo que suponía para sus intereses el programa de gobierno con el que se presentó y por el que fue votado Castillo. Además, a Castillo lo acompañaban diversas figuras políticas que representaban un peligro para el statu quo; desde Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, médico formado en Cuba, hasta el ex-guerrillero del ELN peruano Héctor Béjar o la militante feminista Anahí Durand. El lawfare ejercido por el Ministerio Público, el Poder Judicial, los medios de comunicación y las élites, apoyado también por la embajada de EE. UU., contra el gobierno de Castillo culminó con su destitución e inmediata detención el 7 de diciembre, cuando fue apuntado con las armas de su propia seguridad mientras Dina Boluarte era rápidamente proclamada e insistentemente reivindicada por los medios y la clase política como «la primera presidenta mujer» del Perú.

Ante el golpe contra Castillo el pueblo tomó las calles en rechazo al golpe y en defensa del presidente que había elegido con su voto. La respuesta fue la represión con balas por parte del ejército y la policía, con un saldo de 62 personas asesinadas y cientos de detenidos.

Desde entonces, el gobierno de Dina Boluarte, denominado popularmente como una dictadura, con una aprobación de apenas el 3% según encuestas, ha trabajado arduamente para cumplir el rol que se le asignó: proteger un modelo económico que ha mantenido un 40% de anemia infantil entre los niños de 0 a 3 años, el colapso de la infraestructura del país con más de siete puentes caídos en solo un mes, y una situación de crisis y caos absoluto alimentada por la impunidad del crimen organizado, que ha tomado el control de ciudades como Lima o Trujillo, entre otras manifestaciones de la crisis generalizada que azota al país y que demuestra una vez más que la continuidad colonial y el saqueo capitalista se imponen por la fuerza.

Mujeres en el poder: Identidad y representación femenina en el orden patriarcal.

Desde un inicio, los expertos y analistas de los grandes medios de comunicación, la clase política, así como ciertas figuras y organizaciones del feminismo occidental presente en Lima, repitieron y reivindicaron una y otra vez a Dina Boluarte como la “primera presidenta mujer del país”, utilizando su identidad como mujer como estrategia para legitimarla ante un pueblo que la rechazaba, e incluso apelando a un supuesto carácter feminista de su gobierno por presentar un primer gabinete paritario. Esto llevó a que la propia Dina Boluarte afirmara públicamente en repetidas ocasiones que el rechazo a su gobierno se debía al “machismo” en su contra y no a su responsabilidad en el golpe de estado y la masacre contra quienes se opusieron.

Es importante tener en cuenta que en los meses previos organizaciones y figuras públicas que representan al feminismo hegemónico en Perú llegaron a rechazar la candidatura de Castillo y fueron insistentes durante su corto gobierno en imponerle la etiqueta de “machista” por el mero hecho de ser un hombre campesino, tal y como lo hizo la candidata Keiko Fujimori durante la campaña electoral así como los medios de comunicación de las élites, que adoptaban una impostura supuestamente feminista para atacar al candidato campesino electo como presidente.

Bajo la lógica racista del feminismo occidental, su mera identidad como hombre de provincia,  lo hacía potencialmente más machista que un varón blanco de clase media o alta urbana. Esta narrativa que acusaba de “machista” a Castillo para deslegitimarlo como presidente, vino de voces y entornos autodenominados feministas, que ni siquiera se molestaron en leer las propuestas del programa de gobierno en relación a temas como el derecho al aborto. Al respecto, el programa de gobierno de Perú Libre se posicionaba a favor, pero explicado desde la perspectiva cubana del derecho al aborto y no desde las consignas feministas que vemos en España, Chile o Argentina. Por otro lado, siendo candidato, Castillo explicó en repetidas ocasiones que, si bien él personalmente, por sus creencias religiosas, no estaba a favor del aborto, su gobierno impulsaría un proceso constituyente popular en donde la ley de aborto también fuese debatida. Es decir, la propuesta de su gobierno era la de construir un terreno político y social donde los derechos de las mujeres y diversidades pudieran disputarse.

Esta es una diferencia imprescindible a tener en cuenta en la construcción de la disputa antipatriarcal. El feminismo hegemónico occidental neoliberal dice resolver la violencia patriarcal únicamente mediante la presencia de mujeres en puestos de poder de la estructura colonial/capitalista, proponiendo así la representación y la cuota femenina y de diversidades como única respuesta, sin trastocar las estructuras de poder. Merkel, Von der Leyen, Machado, Boluarte, Áñez y hasta Meloni han utilizado su identidad como mujeres para, por un lado, victimizarse ante las críticas y el rechazo, y por otro, generar una falsa ilusión de cambio en el sistema colonial, patriarcal y capitalista que finalmente defienden con sus políticas.

Por otro lado, tenemos procesos de cambio como el que se dio en Bolivia en las últimas décadas o el que se pretendía intentar a través del gobierno de Castillo en Perú, o procesos revolucionarios como los que vemos en Cuba o Venezuela, en donde la disputa antiimperialista en contra de las élites capitalistas y por la defensa de la soberanía genera las condiciones imprescindibles para permitir la participación política de los pueblos en la construcción de cambios estructurales, incluidos los cambios y disputas necesarias para desmontar el orden patriarcal. Es decir, si no existe un contexto de soberanía de los pueblos, no hay posibilidad para la abolición del patriarcado.

Esto lo podemos entender con ejemplos concretos como el nuevo Código de las Familias en Cuba, construido mediante un proceso de participación popular en el que se realizó una pedagogía política profunda con la ciudadanía para construir una noción antipatriarcal y diversa de la familia, un proceso que solo pudo ser posible gracias al terreno generado por la Revolución Cubana. Otro ejemplo es la amplia participación de las mujeres en el Estado Comunal en Venezuela. También destaca el hecho, aunque acotado, de que durante el corto gobierno de Pedro Castillo, dos de las personas designadas como ministras de la Mujer fueran militantes feministas algo jamás visto en la historia del país o que en Bolivia se haya logrado construir un Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. En ese sentido, es imprescindible entender que defender los gobiernos antiimperialistas o con la intención de serlo es también una responsabilidad antipatriarcal.

En relación con esta responsabilidad antipatriarcal y la necesidad de la defensa de gobiernos y procesos antiimperialistas, es imprescindible analizar cómo opera lo que podemos denominar como la “política del gesto” desde el feminismo hegemónico. Mientras en Bolivia gracias al proceso de cambio impulsado por Evo Morales y el MAS se ampliaba la participación política de las mujeres aymaras y quechuas, históricamente vetadas de la participación política por las élites criollas, desde las voces y plataformas del feminismo hegemónico se hipervisibilizaban y criticaban los comentarios de tono posiblemente machista de Evo Morales. No solo se daba mayor importancia a los gestos del presidente que a las acciones de cambios profundos de su gobierno, sino que además se alimentaba el discurso mediático imperialista que designa automáticamente como “machistas” a cualquier líder masculino popular del sur global que se oponga al orden colonial, para así allanar el camino de los golpes de estado.

La hipervisibilización de los gestos machistas y la falta de visibilización de las políticas transformadoras que posibilitan un camino antipatriarcal es parte de la estrategia del feminismo imperialista. Esta manipulación de la realidad ha generado confusión en contextos feministas o de impronta antipatriarcal en Latinoamérica. En momentos clave como golpes de Estado, lawfares y asedios coloniales mediante sanciones y bloqueos contra gobiernos antiimperialistas o que disputaban el poder a las élites criollas, sectores autodenominados como feministas se sumaron a los ataques junto con la derecha y los medios en contra de dichos gobiernos, contribuyendo en muchos casos a su debilitación o incluso apoyando el lawfare y la normalizando de golpes de Estado, como se dio en los casos de Perú o Bolivia.

Violencia patriarcal contra el cuerpo comunitario: Perspectiva de género e impunidad.

Durante las protestas y la movilización contra el golpe perpetuado por Dina Boluarte, la participación colectiva fue impresionante. En el contexto donde vivo, Urubamba, en la región del Cusco, mujeres, niños, ancianas, profesores, campesinas y varones participaron de forma conjunta para sostener las contundentes medidas acordadas, tales como la toma de carreteras durante semanas. Estas acciones no solo requieren un amplio consenso entre la población, sino también una participación activa de toda la comunidad para hacerle frente al a policía y ejercito y a la vez garantizar la vida en un contexto de paro generalizado. En este sentido, es fundamental reconocer el carácter antipatriarcal de la participación política de comunidades enteras durante las protestas contra el golpe de Boluarte, así como entender que la represión no actuó contra cuerpos individuales, sino contra la comunidad en su conjunto.

En la masacre perpetuada por el ejército y la policía durante las protestas, la mayoría de las víctimas fueron varones cis heterosexuales de la zona sur del país. De los 62 asesinados, 2 eran mujeres y los 60 restantes, varones.

Bajo la lógica del feminismo hegemónico que perpetúa el imperialismo, estas cifras no requerirían un análisis desde la perspectiva de género. Según esta visión, habría que asumir que el patriarcado dejó de operar y se «suspendió» durante los días sangrientos del golpe de Estado de Dina Boluarte, salvo en los casos del asesinato de las dos víctimas mujeres.

Esta reducción de lo que entendemos como patriarcado, a únicamente la violencia ejercida contra el cuerpo de la mujer, limita la comprensión de su campo de acción, control y violencia, lo que termina otorgándole impunidad. Si definimos la violencia patriarcal únicamente como aquella ejercida contra mujeres y diversidades, sin considerar su función como maquinaria de violencia contra comunidades enteras para sostener el sometimiento colonial y desarticularlas en momentos de resistencia, tales como las protestas contra Boluarte, no comprenderemos la verdadera magnitud y dimensión del orden patriarcal.

En este sentido, es imprescindible reconocer que el asesinato de esos 60 varones no solo fue una violencia ejercida contra ellos como individuos, sino también contra sus familias, comunidades y organizaciones. Arrancaron padres, hijos, hermanos y compañeros que formaban parte del tejido social y de la comunidad que se levantaba en su conjunto contra el golpe de Estado. Si adoptamos una perspectiva antipatriarcal que conciba los cuerpos no como entes individuales, sino como parte de una colectividad, podremos entender que el ataque contra estos varones fue, en realidad, un ataque contra la comunidad entera con el objetivo de quebrarla y es ahí donde radica la violencia patriarcal.

Por otro lado, al seguir cuestionando las limitaciones de la perspectiva de género del feminismo hegemónico, es relevante destacar que en la masacre ordenada por la primera presidenta mujer del Perú no solo fueron asesinados mayoritariamente varones cis heterosexuales, sino también se trataba de varones racializados, de clase trabajadora y, en muchos casos, campesinos y varones provenientes de zonas rurales. Aquí el género no desaparece, sino que en un contexto colonial opera de otra manera: el varón cis heterosexual racializado del sur global representa una masculinidad históricamente perseguida, violentada y asesinada en su condición de varón por el orden patriarcal.

Es crucial insistir en las limitaciones del feminismo hegemónico respecto a su comprensión de cómo opera el patriarcado en contextos coloniales, no por una mera cuestión intelectual o formal, sino porque esta perspectiva otorga impunidad a la violencia patriarcal en el orden colonial. Invisibiliza violencias sistemáticas como los abusos sexuales contra indígenas cis heterosexuales documentados en la «Nueva Crónica y Buen Gobierno» de Guaman Poma de Ayala; la falta de comprensión de cómo opera el género en la masacre impuesta por el racismo institucional en las fronteras europeas, donde la gran mayoría de los migrantes proletarios asesinados y desaparecidos son varones; y los abusos sexuales sistemáticos contra prisioneros palestinos como forma de tortura en las cárceles del Estado colonial de Israel. Estos son algunos pocos ejemplo de una larga lista de violencias patriarcales impunes contra varones cis heterosexuales del sur global.

Ayuda humanitaria y políticas blandas: feminismo e imposición de marcos ideológicos.

¿Cómo es que se expanden e instauran en contextos como Perú y Latinoamérica estas perspectivas propias del feminismo hegemónico producido en Europa y Norteamérica, que limitan nuestro entendimiento de lo que realmente es el patriarcado en el orden colonial, y además nos pretenden imponer la aceptación de la dictadura de Dina Boluarte únicamente por ser mujer, mientras nos instan a rechazar procesos de cambio y gobiernos antiimperialistas por meros gestos machistas de sus líderes?

La reciente decisión de Donald Trump de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), no por una consigna antiimperialista ni mucho menos, sino porque es muy posible que no la considere necesaria en esta etapa de recrudecimiento de la violencia imperialista de manera frontal, en la que las políticas blandas ejercidas por USAID ya no sean requeridas o hayan cumplido su función, nos confrontó en Perú y en otros países de Latinoamérica con el reclamo público de distintos medios de comunicación, ONGs y hasta personas que se presentaban como activistas por la eliminación del financiamiento que los sostenía. Estas organizaciones, plataformas y personas, que siempre se presentaron como “independientes” y “alternativas”, salieron masivamente a denunciar que gran parte de su financiación había sido recortado por el desmantelamiento de USAID. Es imprescindible tener en cuenta que muchas de estas plataformas, ONGs y personas mantenían una estética activista y, en su trabajo periodístico, de formación o de denuncia, el feminismo era siempre una consigna prioritaria.

Desde muchas de estas plataformas, ONGs, medios y entornos activistas, durante los últimos años se formularon acusaciones de “machismo” contra gobiernos populares que confrontaban a las élites. Al mismo tiempo, gracias a los recursos económicos con los que contaban, podían moldear no solo lo que entendíamos como patriarcado, sino también lo que entendíamos como democracia o libertad.

Desde muchas de estas plataformas se celebró la imposición de Dina Boluarte como presidenta, no solo por el mero hecho de ser mujer, sino también por reemplazar al señalado como “machista” Pedro Castillo. Y fue desde estas plataformas “independientes”, que, en medio de reclamos por el derecho al aborto, campañas contra los feminicidios o denuncias de acoso callejero, se promovieron, de manera generalizada en momentos cruciales como las elecciones en Venezuela, publicaciones y declaraciones contra gobiernos antiimperialistas, acusándolos de antidemocráticos y de ser supuestas “dictaduras” al unísono con las derechas y extremas derechas globales. Quizás este sea uno de los logros de la inversión económica de USAID.

Así, en las últimas décadas, la política blanda imperialista financiada por USAID ha utilizado el discurso feminista hegemónico como generador de confianza política, presentándose como “progresista” y “contra el sistema”, mientras, a la vez, se alineaba en momentos cruciales con las derechas y extremas derechas para atacar a gobiernos que representaban una afrenta al orden colonial/imperialista.

Además de haber buscado restar apoyo político a gobiernos de cambio en momentos críticos y de haber sido parte de las fuerzas que los asediaban, estas plataformas, ONgs y activistas también determinaban las prioridades de la agenda feminista. Por ejemplo, dejaban absolutamente de lado la denuncia de las sanciones y el bloqueo contra Venezuela y Cuba, como políticas diseñadas expresamente para desabastecer alimentos, medicinas y necesidades básicas para el cuidado de la vida, tarea que además recae principalmente en las mujeres y que mediante la asfixia económica de las sanciones y el bloqueo se impedía su desarrollo. De este modo, evitaban que entendiéramos que las sanciones y el bloqueo en estos contextos son una política profundamente patriarcal en contra del sostenimiento y el cuidado de la vida, políticas que el feminismo hegemónico no solo no iba a denunciar, sino que, más bien, iba a apoyar.

Resistencia antiimperialista en la lucha contra el patriarcado

Mi intención con este escrito no es minimizar ni relativizar la existencia y el rol del patriarcado, sino más bien alertar sobre su magnitud y sobre el papel del feminismo hegemónico occidental en la consolidación de condiciones de sometimiento colonial que facilitan la perpetuación del orden patriarcal.

Este 8 de marzo que sea un espacio para reivindicar a nuestras antecesoras políticas más recientes en las luchas anticapitalistas y de liberación del Sur Global durante el siglo XX. Mujeres y diversidades que fueron la verdadera vanguardia antipatriarcal, desafiando no solo el orden colonial al formar parte de organizaciones, movimientos y gobiernos perseguidos y brutalmente atacados mediante golpes de Estado y la peor persecución política, sino que también confrontaron el orden patriarcal al ocupar lugares de liderazgo en estructuras y organizaciones políticas que, por su carácter revolucionario, representaban la posibilidad de una participación social y política radicalmente distinta a la realidad de las mujeres en el contexto capitalista de la época.

Este 8 de marzo que sea un espacio para mirar hacia nuestras hermanas de los otros sures, aquellas a quienes el feminismo occidental hegemónico, desde su peor paternalismo y racismo, pretende arrebatarles con prepotencia la dignidad y el velo. Mujeres que, codo a codo con sus compañeros, familias y comunidades, luchan por la liberación de su territorio, asumiendo la inmensa tarea de tener que optar por la resistencia armada, como vemos en el contexto de la gran resistencia Palestina, en donde aquellas mujeres que el feminismo hegemónica soberbiamente dice querer “empoderar” empuñan las armas contra el colonialismo israelí.

Que este 8 de marzo nos sirva para asumir que para construir la disputa antipatriarcal es imprescindible la defensa de la resistencia antiimperilaista.

(Tomado de Libertadoras Antifascistas, Dossier 8/3/2025)

(*) Daniela Ortiz. Pintora, artista visual y activista peruana. Genera narraciones visuales donde losconceptos de nacionalidad, racialización, clase social y género son entendidos de manera crítica para analizar el poder colonial, capitalista y patriarcal.

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