Por William (Willy) Martinez (*)
Hoy me quiero referir a los sistemas alimentarios en Uruguay.
Uruguay es un país que pensó sus instituciones de alimentación y suministro de manera fragmentada y con un enfoque de país agro-exportador con capacidad para producir alimentos para más de 10 millones de personas, aunque dentro de sus fronteras no llegue a todos.
Como país se habla mucho del hambre, de la desnutrición, pero poco se habla de la Alimentación y los sistemas alimentarios.
Y me surgieron algunas preguntas como:
¿Quién produce la alimentación para más de 3 millones y medio de personas todos los días?
¿Qué cantidades se requieren para cubrir las necesidades?
¿Todos acceden al alimento de igual manera dentro del país?
¿Los alimentos que consumimos se producen en Uruguay?
¿Cómo y quién hace la logística y distribución?
¿Existe un precio justo de los alimentos y quién lo controla?
¿Son los alimentos objeto de especulación en el mercado?
¿Cuánto tendrá que ver la alimentación del hogar con la inflación?
Muchas son las preguntas y tendría más porque entiendo que es un área estratégica para cualquier país que sueñe con ser desarrollado.
Nuestro querido y poco valorado INDA (Instituto Nacional de Alimentación) ha surcado el tiempo como la institución en la materia, pero siempre con el cometido de atender a los sectores más vulnerables y con una actividad muy operativa asistencialista dentro del concepto (Seguridad Alimentaria), de tapar los baches que van quedando en un sistema alimentario regulado por el libre mercado, donde quién tiene dinero accede y quien no, espera por alguna prestación o canasta para poder comer o acceder a un comedor público o solidario.
Principalmente en los sectores de menores ingresos, la alimentación se lleva la mayor parte de los esfuerzos en pesos que ingresan al hogar, esto es un gran problema, porque además no siempre se accede a lo nutricionalmente recomendable, no se cubren las exigencias básicas de una dieta equilibrada que cubra todos los requerimientos, en especial en niños, niñas, ancianos y mujeres embarazadas.
Un país ganadero con casi 12 millones de cabezas, donde un trozo de carne es un privilegio de pocos, un país con una mar territorial 3 veces más grande que el Uruguay terrestre dónde abundan los recursos pesqueros, pero muchos de nuestros niños nunca comieron pescado.
Es quizás el momento de pensar un Instituto Nacional de Alimentación que tenga otro protagonismo, y sea un organismo rector de las políticas de alimentación, con la capacidad de planificar el abastecimiento nacional, interactuando y generando planes de producción primaria, planes de negocios con agroindustrias de alimentos, que centralice las necesidades de abastecimiento que tiene el estado en sus diferentes ministerios y empresas públicas. Que regule las importaciones de alimentos, tanto frescos como procesados. Que regule la adquisición de alimentos bajo el formato de compras públicas. Que se encargue de la comunicación, educación, campañas de información y promoción sobre los alimentos.
La alimentación bajo la consigna de la “Soberanía alimentaria” debe ser un pilar fundamental en el proceso de desarrollo del país
Ordenar las políticas dispersas puede llevar a lograr un gasto más eficiente, direccionar las compras con un sentido de promoción a la producción familiar y las PYMES, bajar los costos de los alimentos, aumentar el empleo en las cadenas, reducir la especulación, generar espacios más estables de comercialización, con planes de negocios y compras por convenios a la producción familiar, cooperativas y PYMES, alentar a la promoción de alimentos más nutritivos y con características que aporten a mejorar la salud pública, reducir las pérdidas y reincorporarlas a otras cadenas de valor, favorecer las transiciones hacia sistemas productivos más sostenibles. Fortalecer la industria nacional alimentaria.
Es estratégico generar un dialogo profundo sobre los sistemas alimentarios, un diálogo nacional que involucre a todos los actores, que genere líneas de trabajo a mediano y largo plazo.
Este diálogo es planteado en un contexto de país donde, las grandes cadenas de comercialización están concentradas y controladas por pocos actores. La concentración de las principales cadenas y complejos agroalimentarios es descomunal. Con un envejecimiento de nuestros productores y con dificultades de recambio generacional. Donde se van perdiendo oficios, el saber hacer. Con un sector industrial lechero concentrado, y con un sector primario con problemas de tenencia de tierra y sujetos a arriendos. Con una industria frigorífica concentrada, extranjerizada y en crisis con unos 2000 trabajadores en seguro de paro o con despidos. Con un sector fruti-hortícola con problemas de comercialización, donde los márgenes son muy justos y los intermediadores concentran gran parte de las ganancias. Un sector granjero en vías de desaparición que solo se sostiene si hay herramientas de protección.
Es un contexto crítico que requiere medidas urgentes.
(*) William Martínez es asesor técnico de productores y procesos asociativos rurales, forma parte del Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe. Actualmente se desempeña como Representante Nacional por el Departamento de Canelones (MPP-FA)
