Por Darío Rodríguez (*)
De un presupuesto de 280 millones de dólares, a uno de 430 millones, pero el quinquenio terminará con un déficit de 50. Así gobierna el PN Paysandú.
Al tiempo que en Paysandú la situación sociolaboral es alarmante, desde las propias entrañas de la Intendencia de Paysandú (IDP), el ex secretario general, el colorado Andrés Klein hizo un conjunto de denuncias públicas sobre la gestión del hoy senador, ayer intendente, Nicolás Javier Olivera.
En el Departamento de Paysandú la pobreza alcanza a 6.761 personas, golpeando fuertemente en su interior, a los más jóvenes y a las mujeres. En este último caso la pobreza trepó del 8.9% (2019) a 11% (2023) El economista Gastón Núñez, expresó en un informe que “la pobreza en menores pasó de 15.9% en 2019 a 16.7% en 2023”.
El desempleo, siempre siguiendo el informe del economista “aumentó fuertemente en personas menores de 34 años y entre los que tienen entre 55 y 64 años”. En mujeres aumentó un 22% y en hombres un 100%; se duplicó. Hoy el Departamento tiene 8.438 desempleados. Ningún indicador es muy alentador, por eso se ve en las calles gente pidiendo, revisando volquetas y en situación de calle.
Recientemente, trabajadores del Frigorífica Casa Blanca, en concurso, perdieron su fuente laboral generando un enorme impacto en dicha localidad, cercana a la capital; donde todo el pueblo gira en torno al mismo. Ahora, trabajadores de la empresa Paycueros, con acciones del Grupo Galperín (Mercado Libre) tiene instalada una carpa en Av Salto y realiza paros por turno rechazando el despido de 50 trabajadores. Paycueros no es muy afecta a la organización sindical y, además, no debería estar emplazada en plena ciudad. Según los dirigentes sindicales hay “una táctica del miedo” seguida de un conjunto de arbitrariedades. Con la carpa, en una sociedad un tanto aletargada, los trabajadores organizados pretenden “visibilizar los despidos de 50 trabajadores y que la ciudadanía se entere de lo que ocurre en Paycueros. Estamos a disposición de quienes se acerquen y desde este martes haremos una olla popular”. Todo esto a escasos 60 días del inicio del nuevo gobierno y a menos del próximo 1° de mayo.
(Trabajadores de Galperín, Paycueros, en conflicto)
Bochorno, uno más
Luego de dos meses ocupando el cargo de secretario general de la IDP, el colorado Andrés Klein -cesado tras uso de vehículo oficial en un acto partidario- denunció graves irregularidades en la Comuna. Robos en el comedor, déficits, irregularidades, falta de insumos básicos, persecución a funcionarios; –“no había un peso”-, marcan la gestión nacionalista que busca la reelección.
El ex jerarca reveló, más allá de sus intenciones y propósitos, que la foto que motivó su destitución fue tomada por un integrante de su propio partido, el otrora diputado Juan Carlos “Carlucho” Moreno. “Todo el mundo lo sabe. Lo hizo y salió a festejarlo”.
Lo que Klein explicitó no es cosa novedosa: la validez radica en quien lo dice y desde que lugar. Muchos medios y programas han hablado de estos asuntos. En Contacto FM, el destituido manifestó, “no séo si paga la honestidad”.
Desde las sombras
Antes que el ex jerarca cesado, el economista Gastón Núñez, asesor de Guillermo Caraballo (FA), informó de los déficits de la semana de la Cerveza que, en tres ediciones, consumió 1.6 millones de dólares. Además, polemizó con defensores de la gestión de Nicolás Olivera sobre la situación financiera. El economista subrayó que la gestión del ex intendente Olivera cerrará con un déficit de 50 millones de dólares.
Días pasados con presencia de la bancada de ediles, la presidenta del FA, Gabriela Fallini y los candidatos a la Intendencia, Guillermo Caraballo, Natalia Martínez y Mario Díaz, la organización política dio su punto de vista.
La presidenta de la Mesa Departamental comentó que las declaraciones de Klein, inicialmente realizadas en Radio Felicidad el martes 22 de abril “son sumamente graves y preocupantes. Las denuncias van de deudas millonarias a proveedores, falta de transparencia, persecución a funcionarios, desconocimiento total de la situación financiera. Muchos las veníamos denunciando desde hace años. La presidenta cerró su exposición expresando que queremos, además, respuestas “a más de 200 pedidos de informe”.
(FA en conferencia: ¿Buena administración?)
Al hacer uso de la palabra, el exintendente Guillermo Caraballo, estribó en que el ex secretario general dijo, “no hay plata”. El jerarca depuesto, en dos meses no pudo determinar “donde se estaba parado financieramente”. Le caían deudas millonarias en dólares a proveedores y no se podían pagar. La llave que inhabilitaba el acceso a esta sensible información, -a la que deberían acceder los principales jerarcas-, la tiene el director de Administración, Diego Martín Thomasset Prieto; contador público y del riñón del ex intendente; a quien se reporta. Es, desde el 2016, contador delegado del Tribunal de Cuentas en la IDP. Pese a que sostiene que es “ordenado y metódico, lo que le permite organizar las diferentes situaciones, con la necesaria flexibilidad para adaptarse a las urgencias que se presentan”, el “poncho”, ergo la información, no aparece. Dándose para adelante dice ser “negociador y mediador por naturaleza”, pero atención, “cuando amerita es firme con las decisiones tomadas”. Pero hay más, sobre este operador silente, tiene “compromiso con el trabajo”, más bien con el ex intendente, es “detallista, ejecutivo y perfeccionista”. Por si fuera poco, agrega que tiene “facilidad en la comunicación, trasmisión y conocimiento. Emprendedor y con actitud proactiva”. Aunque es demasiado celoso con entregar la información financiera. Con perfil bajo, escueto en sus declaraciones, tiene un enorme poder, hoy más que la propia intendenta.
(Martín Thomasset, custodia del poder real en la IDP)
Guarida
Al establecer un comparativo, Caraballo explicó que durante la gestión que encabezó (2015-2020), la Intendencia dispuso de 280 millones de dólares; en cambio la actual alcanzó una cifra de 430 millones de dólares. En dicha cifra está el fideicomiso de unos 30 millones de la moneda norteamericana. En el caso de Paysandú, 40% de sus recursos los aporta el gobierno nacional.
A los candidatos les llamó la atención el capítulo multas de tránsito. Mientras el FA recaudó 750 mil dólares, Olivera fue más “eficaz” y hasta el 2023 había obtenido 5.700.000 dólares. “Varias veces más” dijo Caraballo. Agregando que es el Departamento con el mayor índice de recaudación por este concepto, incluidos Montevideo, Canelones y Maldonado.
Financieramente “queda una Intendencia agujereada. ¿Cómo pueden hablar de buena administración?”. A juicio de este candidato ameritaría una denuncia ante Fiscalía “porque (los hechos) pueden tener apariencia delictiva”.
Klein consultado por el diario local días después de su primera aparición mediática, comentó que “muchos de los funcionarios con los que hablé no se creen la versión oficial sobre el episodio informático que terminó con la pérdida de información. Hay un informe que está dando vueltas, que todavía no ha llegado a mis manos, que indica alguna intencionalidad, no de un hackeo de los que se habla hoy, sino que sería otra estructura del daño que se hizo y que no sería de afuera”. Fue por más y relató que “había algunos expedientes muy complicados, dicho por algunos ediles de ellos, blancos, y a los siete días que sucede el episodio con Valentina dos Santos allá arriba en Artigas, pasa eso acá. Los expedientes se nos borran todos”.
En Soriano todo comenzó con el incendio intencional del Teatro 28 de febrero provocado por dirigentes sindicales para ocultar irregularidades; la investigación judicial arrastró al ex intendente, Guillermo Besozzi Arocena. A este caudillo, actual candidato -igual que Olivera-, se le imputó, entre otros delitos, por el conocimiento de hechos con apariencia delictiva y no denunciarlos. “La ecuación es sencilla o son las autoridades que denuncian estos hechos o si no lo haremos nosotros”. El problema en Paysandú es que la Fiscalía no se mueve demasiado. No obstante, el periodista Eduardo Preve, posteó que Fiscalía “citó a declarar al ex secretario general de la ID (Andrés Klein) por el presunto informe de la comuna que pone en duda la versión original del ex intendente Nicolás Olivera sobre el origen del hackeo a la Intendencia”. Klein ya compareció. El hackeo produjo pérdidas millonarias para la comuna, así como valiosa información.
(Expedientes que queman)
Consultado el abogado y dirigente Álvarez Petraglia, señaló que “son hechos con relevancia penal”. El profesional especificó que el hackeo tiene relevancia, de mínima “habría un delito de daño”. Klein debió ir a la Policía o la Justicia por mottu proprio. Hay una clara omisión”. Por otra parte, si se pasa lista en los bastiones de la lista 51 del Intendente para verificar presencia de funcionarios municipales puede haber “violencia privada”.
Natalia Martínez expresó que como ediles veían “estas cosas raras que se venían armando”, pero dada la mayoría automática se hacía imposible. Recuérdese que la edila interpeló a la actual intendenta, sin mayores consecuencias institucionales. “Muchos funcionarios se acercaron a nosotros para denunciar persecuciones” para que no votaran a otro candidato que no fuera Olivera.
“Entramos en bola”, había dicho Klein, relatando que al asumir encontraron más de la mitad del personal del Palacio con licencia o con certificaciones médicas. Se hablaba de 400 y se decía que, en algunos casos, se usaba un derecho para militar por Olivera so pena de ser dejados sin trabajo. “Quedamos cinco para toda la intendencia. Nadie quería trabajar con nosotros. Había pánico. El miedo no era casual ni espontáneo. La raíz parece estar en la gestión anterior, cuya sombra continúa proyectándose en la dinámica interna” se puede leer en el semanario 20once. “Hasta hoy los funcionarios le tienen miedo. Se pasa lista en la 51. Te controlan quién va y quién no, porque después vienen los cargos”.
Martínez fue enfática y describió a la Intendencia “como una guarida”. Recordó que con el escandaloso ingreso de la correligionaria Fundación a Ganar precarizaron el trabajo.
¿Qué dice Olivera?
Mario Díaz, también candidato a la Intendencia como sus antecesores, complementó panorama y posicionamiento del FA. “Queremos trasmitir una fuerte alarma en torno a las denuncias” señaló. Es un asunto de gravedad, “estamos ante una crisis institucional, de credibilidad de la principal institución del Departamento”. Sobre lo mencionado por el ex secretario en torno al hackeo informático, recordó que el ex funcionario había dicho que pudo ser producto de “querer ocultar expedientes complejos”; “Hay un enorme problema de credibilidad, exigimos al ex intendente Olivera responsable de estas situaciones la aclaración de toda esta situación. No puede quedar así”. Para Díaz que “se esté planteado que se haya provocado un hackeo intencional para eliminar expedientes y que la denuncia pública la haga quien fue secretario general es alarmante”. Los casos de corrupción van alimentando mucha desconfianza. Según Díaz la población merece explicaciones claras.
(No veo nada)
Los principales espadachines de Olivera han salido tímidamente, sosteniendo -básicamente- que hay que ir a la Justicia. Sobre el final de la semana pasada, el mismo Olivera tuvo que salir al ruedo. Le ha querido bajar el precio a las irregularidades y a la opacidad de la gestión. En visita a medios “amigos” (a los que condiciona con la pauta) relató todas las obras que se hicieron, “que no quiere esta campaña” y que el está probado al igual que los candidatos del FA, que se subieron a la denuncia, y la gente tendrá que decidir. Sobre lo más grueso, una pasadita por encima con escasas repreguntas.
A todo esto, el movimiento sindical Departamental emitió un comunicado sobre la precarización laboral en la IDP. La presidenta del Secretariado, Cecilia Sánchez, habló el miércoles 23 de abril en el informativo de canal 4 local sobre “la opacidad y oscurantismo que tiene la administración Departamental”.
El tema es la naturalización de estos fenómenos, cierta tolerancia social y sostener el mito de la transparencia en las Intendencias gestionadas como estancias y la falta de investigación por parte de la Justicia. En la calle circulan infinidad de comentarios sobre la gestión y sus procedimientos que no hacen otra cosa que generar descreimiento en la política.
Un simple ejemplo reciente. Días pasados el edil blanco Andrés Giménez (lista 51), que integró la Comisión organizadora de la reciente semana de la cerveza, al tiempo que intentaba que una conocida suya se hiciera de la venta general de la rifa de un auto cero km, le pedía trabajo para su mujer.
Klein y Núñez debieron presentarse ante Fiscalía. “No entro en el barro” dijo Núñez para salir del paso. Para Petragilia que Olivera haya realizado su campaña a senador con vehículos oficiales es perseguible judicialmente. ¿Tendrá este bochorno impacto electoral?
(*) Darío Rodríguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat.
