Qué hace Julian Assange aún en prisión

La batalla legal por la libertad del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, de 49 años, no hizo más que comenzar el pasado 4 de enero en el tribunal londinense de Old Bailey. El rechazo de la petición de extradición cursada por Estados Unidos —justificada en sus problemas de salud y riesgo de suicidio— asomó al exhacker a las puertas de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de la capital británica. Pero la juez Vanessa Baraitser le negó la libertad bajo fianza con el propósito de garantizar que el Gobierno estadounidense —entonces de Donald Trump— pudiera presentar una apelación para poder llevarse algún día al reo a su territorio, donde está acusado de 17 delitos de espionaje y uno de intrusión informática. Más de un mes después, los abogados norteamericanos agotan los plazos para argumentar su recurso ante la justicia británica, mientras se multiplican las voces que piden al flamante inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, que dé marcha atrás. La Administración demócrata ha manifestado que seguirá tratando de que el Reino Unido extradite al detenido.

Entre estas voces que hacen campaña por la liberación de Assange están las de más de una veintena de organizaciones que este lunes escribieron una carta al Departamento de Justicia de EE UU pidiendo la retirada de los cargos. “La acusación contra Assange”, decía la misiva, “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta que los periodistas realizan habitualmente”. Entre los firmantes estaban Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras… Pero el destinatario era un cargo en funciones, el fiscal general Monty Wilkinson. El Senado de EE UU tiene aún que confirmar al elegido por Biden para el puesto, el juez Merrick B. Garland.

Y el tiempo corre. Como en toda petición de extradición presentada en el Reino Unido, el Crown Prosecution Service (CPS, Servicio de Fiscalía de la Corona) actúa como una suerte de abogado en nombre del Estado demandante, en este caso EE UU —de igual modo lo hizo con la petición de extradición de Suecia por el caso de supuestos abusos sexuales cometidos por Assange, a la postre archivado—. En contacto con EL PAÍS, el CPS ha confirmado que se presentó la petición de apelación en el Tribunal Superior británico el pasado 15 de enero.

Ese es el primer paso: notifican que apelan la no extradición. A partir de ahí, los abogados de la acusación han tenido un mes para fundamentar el recurso. Se prevé que a finales de esta semana, EE UU presente los argumentos. Si el juez del tribunal los admite, el recurso de apelación pasaría a ser juzgado por un panel de varios jueces en una sesión sin fecha a la vista. Se dilataría la estancia de Assange entre rejas, donde lleva más de 22 meses, desde que Scotland Yard le detuviera en la Embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019, tras siete años refugiado.

Si finalmente el tribunal diera su visto bueno a la extradición, Assange podría recurrir ante el Supremo británico o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Como esa veintena de organizaciones civiles y de derechos humanos que escribieron este lunes al fiscal norteamericano Wilkinson, abogados, escritores, ensayistas y periodistas han instado de igual modo a que Biden retire los cargos contra el australiano. EE UU apeló unos días antes de que Trump cediera el testigo, aunque no físicamente, al líder demócrata. Fue durante la Administración del magnate neoyorquino, con Jeff Sessions en la Fiscalía, cuando se formalizó, en 2018, la acusación contra el editor australiano. Y eso que las grandes filtraciones que publicó Wikileaks —entre ellas, la difusión de decenas de miles de cables diplomáticos, en la que participó EL PAÍS— llegaron a la Red durante el mandato de Barack Obama. Pero con el demócrata en el poder, pese a que había una investigación abierta contra Assange, nunca se llegaron a presentar cargos. Cundió el temor a sentar un mal precedente que afectara al libre ejercicio del periodismo.

Y es de este hilo del que tiran los defensores de Assange, con su pareja, la abogada de origen sudafricano Stella Moris, a la cabeza. Biden, vicepresidente con Obama y que en 2010 llamó a Assange “terrorista de alta tecnología”, no se ha pronunciado al respecto —la apelación se puede retirar en cualquier momento del proceso—. Pero sí lo hizo este martes un portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi, que aseguró que Washington seguiría “buscando su extradición”.

El equipo de abogados del antiguo hacker, liderado por la australiana Jennifer Robinson, del despacho londinense Doughty Street Chambers, prefiere mantener la prudencia y no hacer comentarios sobre el estado del proceso contra Assange o las condiciones en las que él se encuentra —Moris ha denunciado en la Red que el australiano pasa frío porque el penal no le ha entregado la ropa de invierno que le enviaron—. Desde que la juez Baraitser rechazase la extradición de Assange, la defensa ha estado a expensas de que la acusación moviese ficha para así preparar los argumentos contra una posible apelación.

Paradójicamente, el proceso contra Assange, vinculado a la transparencia y el derecho a la información, ha sido tremendamente opaco. Así lo reconoce en conversación telefónica Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las personas que con más empeño ha tratado de monitorear la causa. Si la apelación y la extradición prosperan hay dos cosas en juego, señala Vincent: la salud de Assange y el “futuro” del periodismo. “Ningún periodista podría estar seguro de que no le van a procesar por publicar informaciones como las que publicó Wikileaks”, afirma la portavoz de RSF.

Para lo que pueda venir, Stella Moris, con la que el editor australiano tiene dos hijos, ha abierto una petición de fondos en la Red que atiendan su defensa. Lleva más de 62.000 euros recaudados.